Otras miradas

Propuestas de aplicación inmediata en política migratoria (y II)

Francisco Solans Puyuelo

Vicepresidente-Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas

El nuevo ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en su escaño en el pleno del Congreso. EFE/Zipi
El nuevo ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en su escaño en el pleno del Congreso. EFE/Zipi

Los abogados extranjeristas, esa rara aviss de nuestro mundo jurídico surgida a partir de los 90 ante la necesidad imperiosa de defensa de los inmigrantes, queremos hacer nuestra aportación con una serie de medidas marcadas por la urgencia y la sencillez. Hoy por hoy son urgentes los siguientes pasos:

4.- En el capítulo de las políticas represivas, conscientes de que este capítulo está más dirigido al Ministerio del Interior y no tanto a la Secretaría de Estado de Inmigración, tomamos la palabra de Grande Marlasca en su promesa de hacer política de inmigración, y no como hizo el PP a una mera aplicación plana de la Ley. Sin dejar de reivindicar reformas de más calado, vamos a recordar en esta ocasión, por su urgencia y trascendencia, y por la legalidad que nos asiste en ellas, tan sólo una de las  reivindicaciones de entre las referidas en su día: es urgente e ineludible la  prohibición de las identificaciones por perfil étnico.

De nuevo y para ello tan sólo bastan órdenes claras giradas a las comisarías en las cuales se prohíba taxativamente, bajo sanción en caso de incumplimiento, y anulación del expediente en su caso, todas estas conductas policiales que, escandalosamente, son usos cotidianos:

.- De identificaciones basadas en perfil étnico. Es decir, la típica petición de papeles a la puerta de la boca del metro a una persona sólo por tener la piel oscura o tener rasgos indianos, debe ser abolida de la convivencia de una sociedad democrática.

.- De incoaciones generadas a base de engaños. El Tribunal de Derechos Humanos ha prohibido costumbres como la citación de un extranjero a comisaría "por asunto de su interés" cuando se le cita para abrirle un proceso de expulsión.

.- Alguien que se presenta en comisaría como víctima de delito y se encuentra en situación irregular, es decir, alguien que pide protección al estado, puede salir siendo víctima de una agresión por parte del mismo estado, iniciándole un expediente de orden de expulsión. Hasta ahora se ha hecho caso omiso de las reiteradas recomendaciones del Defensor del Pueblo en el sentido de que en esos casos no se inicien expulsiones.

.- A pesar de unas instrucciones giradas en su día, sigue siendo lamentablemente frecuente que los policías pidan la documentación a cualquier persona para identificarlo, y que si es extranjero y aunque se identifique, se le detenga para llevarlo a Comisaría para incoar un expediente sancionador de expulsión. En estos casos se podría estar incurriendo por los agentes actuantes incluso en delitos de detención ilegal, por lo que cesar en esta práctica redundará en la seguridad de todos.

El cumplimiento de estos puntos supondrá, por un lado, una disminución importante en el número de expedientes de expulsión que se tramitan, pero por otro y más importante, una racionalización de los mismos, pues se tenderá a utilizar las posibilidades de la Ley sólo sobre aquellos que presenten un verdadero perfil de conflictividad social, no gastando los recursos públicos en una persecución abierta e indiscriminada de todo un sector social.

5.- En el capítulo de protección internacional el espectáculo de las colas para conseguir una cita previa que se concede para dentro de meses no sólo resulta vergonzoso, sino una auténtica vejación a quienes pretenden ejercer su derecho a pedir esa protección a nuestro estado. El cuello de botella está en la disposición de funcionarios de policía encargados de hacer la entrevista/solicitud de asilo.

De nuevo una simple instrucción, en coherencia con la anterior: que se deriven medios que ahora se dedican a la persecución de extranjeros que presentan tan sólo una irregularidad de su estancia a la atención de estas solicitudes, recibiendo y tramitando cuantas se presenten de la forma más rápida posible. Más policías recibiendo solicitudes de asilo y menos incoando expedientes innecesarios de expulsión.

6.- Sobre menores, si queremos cumplir la Convención de Derechos del Niño, de la que recientemente se cumplieron 30 años, debe instruirse a las Oficinas de extranjería ordenándoles:

.- Aplicar con mucha más generosidad la posibilidad de minoración de los requisitos económicos para la reagrupación familiar de menores, y sobre todo para la regularización de niños que ya se encuentran en España y a los que se les niega su documentación – escandaliza sólo mencionarlo – por ser pobres.

.- La coordinación con las Consejerías autonómicas, responsables tutelares de los menores no acompañados, para que, de oficio, y en caso necesario con carácter retroactivo cuando no se haya instado con anterioridad a la mayoría de edad, se conceda documentación con autorización a todos los menores no acompañados.

.- La concesión a estos muchachos de autorizaciones de residencia sin autorización para trabajar, es hoy por hoy la causa de convertirles en carne de irregularidad en breve plazo. Ello debe ser modificado en aras a una política real de integración social.

.- La prórroga automática de estos permisos cuando transcurrido el año inicial no se haya conseguido cumplir las condiciones de cotización, considerando el mantenimiento sustancial de las circunstancias iniciales que motivaron la concesión, y en cualquier caso, considerando como suficiente acreditación de su residencia la recepción de becas, apoyo por parte de ONGS o cualquier otro beneficio social.

.- El Ministerio de Educación debe girar órdenes inmediatas a la Dirección de Melilla para terminar con la vergonzante exclusión de escolarización del grupo detectado de unos 100 niños, que viven en Melilla, pero a los que se les deniega plaza escolar por no contar con un empadronamiento imposible, conceder plaza y permitir la escolarización inmediata de todos ellos.

Como puede apreciarse, ninguno de estos puntos requiere ni tan siquiera una modificación del Reglamento de la Ley, por lo que pueden ser puestas en funcionamiento con carácter inmediato. Dependerá de la voluntad política de las instituciones el querer hacer una verdadera política de inmigración que supere el resquemor y el cortoplacismo, que supere el relato de peligrosidad asociado a los inmigrantes para facilitar activamente su reintegración social, para poner en marcha estas medidas y demostrar que el nuevo gobierno no solo  afronta los retos de los fenómenos migratorios con espíritu progresista, sino con inteligencia.