Paloma López Bermejo
Eurodiputada de IU

Ramón Boixadera
Asistente Parlamentario

Uno de los aspectos más traumáticos de la integración de España en la economía global ha sido la erosión de su tejido industrial, reducido a menos de un 15% del PIB en la actualidad. Esta caída está asociada a la pérdida de la soberanía económica, ya que cualquier política de expansión de la demanda se ve limitada por una base industrial débil y altamente dependiente de las importaciones en campos como la inversión y la energía. Además se han deteriorado las condiciones laborales como consecuencia de las reformas laborales y el menor papel que se pretende asignar a los sindicatos en cuanto a la negociación colectiva.

Es por ello que cualquier alternativa de izquierdas debe definirse sobre la base de un modelo productivo distinto en la que el empleo y producción industrial no pueden ocupar un lugar secundario.

La caída de la demanda interna, producto de la austeridad salarial y fiscal, ha ahondado en esta situación de extrema debilidad. Y a este duro momento se suman otros riesgos como el que representa el TTIP, que consolidaría la especialización de nuestra economía en los sectores de bajo valor añadido, precariedad laboral, especulación financiera y elevada depredación ambiental al que las estrategias de las multinacionales nos han condenado.

Cómplice de este deterioro ha sido la pasividad de sucesivos Gobiernos españoles, desde las famosas palabras del socialista Solchaga, para quien la mejor política industrial era aquella que no existía, hasta las actuaciones del actual Gobierno del PP, quien no ha dudado en aplicar recortes salvajes al I+D o castigar duramente a industrias emergentes como la de las renovables.

En este contexto, ¿qué cabe esperar de la nueva Comisión Europea? Hasta el momento, los nuevos comisarios no han formulado un plan coherente y fiable sobre los 300.000 millones de inversiones europeas prometidos por Juncker, mientras que mantienen su rigor implacable contra el gasto público. Incluso los propios presupuestos europeos se recortan en partidas tan esenciales como la investigación y la innovación.
Los anuncios de una nueva estrategia industrial deben tomarse con cautela. El objetivo de 20% de PIB industrial planteado por la anterior Comisión está más lejos que nunca. Y al fracaso cuantitativo se suma la irresponsable política de competencia europea, que continúa castigando las iniciativas que buscan mantener el empleo y el conocimiento generados en el pasado, exigiendo a la intervención pública criterios de rentabilidad que no tienen en cuenta la función social y cohesiva de la defensa de los sectores estratégicos e industrias punteras de cada región. Por desgracia, demasiadas veces la UE prefiere orientar sus intervenciones públicas a reforzar las enormes diferencias que existen entre la especialización productiva y nivel tecnológico de los Estados Miembros: reforzando en vez de corregir las divisiones económicas de las que sufre Europa.

En este contexto, ¿qué alternativas? En colaboración con diferentes agentes, entre ellos los sindicatos, Izquierda Unida se compromete a llevar a Europa las luchas que se viven por el mantenimiento del empleo y la base industrial de España. Esto implica que nuestro programa de transformación productiva comprende la necesidad de anclar en los recursos locales y sus potencialidades la transición a un modelo social y ambientalmente sostenible: cualquier sector de futuro debe desarrollarse complementando la industria existente, si quiere ser viable. Los programas de gasto e inversión pública deben servir de palanca para la mejora del nivel tecnológico y la eficiencia energética de las industrias tradicionales, a la vez que se impulsa la diversificación económica mediante programas de apoyo a los sectores más dinámicos. En esta estrategia, es vital el papel de las universidades y empresas públicas, frente a la privatización del conocimiento y la actividad económica que el Gobierno y la UE promocionan.

Las instituciones europeas y el Banco Europeo de Inversiones deben apostar decididamente por la financiación del I+D+i, mediante créditos blandos y subsidios específicos para pymes y cooperativas, grandes creadoras de empleo con grandes dificultades para acceder a la financiación exterior de sus proyectos innovadores. Esta apuesta inversora debe tener objetivos claros de convergencia social y productiva, situando como receptores prioritarios a los países más golpeados por la crisis.

También desde Europa debe lucharse contra la competencia desleal, impulsando acuerdos globales sobre mínimos ambientales, sociales y laborales para los productos importados; de lo contrario, el comercio global seguirá siendo la punta de lanza de la degradación de las condiciones de vida de la mayoría.

Finalmente, hacemos una apuesta central por una transformación del marco en el que la industria debe competir. Nos oponemos a que la gobernanza Europea haga recaer el ajuste sobre los salarios, principal fuente de la demanda interna. La competitividad debe buscarse luchando contra las ganancias de los grandes sectores oligopólicos: la industria sólo puede florecer si se ajustan los excesos del sector energético, financiero y constructor. Para ello, es necesario que Europa apoye una revisión de la regulación del mercado eléctrico, una banca pública fuerte y un modelo de infraestructuras que apueste por la actividad portuaria y el ferrocarril.