Otras miradas

¿Salvar personas o controlarlas?

Pere Brunet

Investigador del Centre Delàs d'Estudis per la Pau

Pixabay.
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En Israel, los servicios secretos del Shin Bet están rastreando los móviles de personas infectadas por el coronavirus para controlar y supervisar sus movimientos. Además, ha recibido autorización para rastrear a personas sospechosas de estar infectadas por el virus, antes incluso de que se les haya diagnosticado la enfermedad. En Corea del Sur, la policía elabora perfiles de las personas infectadas y de sus contactos a partir de datos que recopilan de los teléfonos móviles junto con la información de las cámaras de vigilancia (como recordaba Byung Chul Han hace pocos días, en Corea hay cámaras en todos los edificios, oficinas y tiendas, de manera que es casi imposible moverse en espacios públicos sin ser filmado por una cámara de vídeo). El comisario de Mercado Interior europeo, Thierry Breton, ha pedido los datos de localización de los usuarios de móviles a las operadoras. En España, la Orden SND/297/2020, de 27 de marzo implementará medidas similares. Y en la Comunidad Valenciana están empezando a probarlas.

La utilización Orwelliana de nuestros datos personales sin autorización es contraria a los derechos de las personas y sociedades,  y una muestra de la inversión de los principios democráticos: en vez de que los ciudadanos controlen la actuación de sus gobernantes, son los Soberanos quienes pretenden controlar la vida de la gente mediante un panóptico digital que a todas luces es inadmisible.

El artículo 8 de la Convención Europea indica que toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, así como al de su vivienda y al de su correspondencia. Y según la normativa internacional, la recopilación de datos biométricos debe limitarse a personas implicadas en actos ilícitos, no a la población en general. Las Constituciones de los distintos estados, entre ellos el nuestro, incluyen artículos similares. Cierto es que se establecen algunas excepciones entre las que se encuentran la protección de la salud y la seguridad nacional. Pero no está nada claro que, en una situación de crisis epidémica, el control indiscriminado de la población sea útil ni que sea necesario, como veremos a continuación. Más bien podría ser una situación de ensayo y entreno para situaciones de control global de la población.

El hecho de que el Shin Bet haya recibido autorización para rastrear a personas sospechosas de estar infectadas por el virus antes incluso de que se les haya diagnosticado la enfermedad, es ilustrativo y alarmante. Además de atentar contra su intimidad, es erróneo, ineficaz y perjudicial. Por tanto, inútil e innecesario. Porque los sistemas de inteligencia artificial en que se basan estos mecanismos de seguimiento de sospechosos son inevitablemente sesgados y menos fiables de lo que se nos explica. Lo que explica Virginia Eubanks en su libro Automating Inequality es revelador: muchos de los sistemas de control, invasivos y punitivos, son racistas y castigan a los más pobres. A partir de un trabajo de campo que conllevó a la autora hacer un total de 96 entrevistas, el libro analiza tres casos: el del sistema de salud del estado de Indiana, el de la asignación de vivienda social en Los Ángeles, y el del algoritmo Allengheny de vigilancia parental a Pittsburgh. En ellos, la autora va visibilizando uno a uno los casos de gente castigada porque su delito es ser pobre. Y es que no debemos confundir la estadística, con el control. Si las autoridades sanitarias quieren conocer el avance de la epidemia, la solución es hacer sondeos estadísticos aleatorios, con pruebas médicas de infección a una muestra aleatoria significativa. No es nada nuevo, es simplemente lo que hay que hacer, porque los análisis estadísticos de propagación implican realizar pruebas médicas a muestras aleatorias de población, en vez de implementar medidas de control solo a aquellas personas que tienen el móvil encendido y ubicado.

Debemos denunciar estas medidas de control que seguramente malgastan recursos públicos mientras sirven de ensayo para posibles futuros nada deseables. Se trata de una reducción inadmisible de derechos que debemos evitar que se normalice. Es preocupante que la Orden SND/297/2020 indique que las aplicaciones podrán "incluir dentro de sus contenidos enlaces con portales gestionados por terceros" y es preocupante que se proponga el uso de "chatbots" de asistencia en momentos en que lo que la gente necesita es soporte humano. Debemos denunciar también la reducción y privatización de aquellos servicios públicos de salud que teníamos hace quince años y que ahora desearíamos tener.

Porque, tras décadas de hablar de seguridad nacional y de preparación militar por parte de casi todos los estados del mundo, la gran crisis global del siglo XXI ha sido una crisis de seguridad humana. Una crisis sanitaria que no entiende de estas fronteras que los sistemas de seguridad militarizados de los estados dicen saber proteger. Y es que las crisis de seguridad humana sólo pueden afrontarse con sistemas públicos de atención y de cuidado de las personas y con una gestión basada en constataciones científicas objetivas y con estructuras que sean a la vez de coordinación global y de actuación local. La gente ya se está confinando y mostrando sus capacidades de solidaridad y cuidado de las personas más débiles. Las personas no necesitan ser controladas. Las personas necesitan cuidados médicos y servicios sociales.

En todo caso, hay informaciones que nos abren caminos de esperanza. En Estados Unidos, las congresistas Anna G. Eshoo y Zoe Lofgren y la senadora Kirsten Gillibrand han propuesto una nueva ley de protección de datos personales que define los derechos de las personas (saber qué entidades están usando nuestra información, poder verla, corregirla o eliminarla, dar consentimiento, limitar su período de uso, etc.), concreta las obligaciones de las corporaciones y empresas (garantizar un uso que no viole los derechos humanos, no venderlas sin consentimiento, no usar datos anonimizados para re-identificar personas), y propone la creación de una nueva Agencia Federal independiente que vele por su cumplimiento. Esperemos que la iniciativa se extienda a todos los países.

Los teléfonos móviles se conectan con el exterior mediante tres mecanismos que permiten rastrearlos: la señal telefónica, que puede localizarlos por triangulación a partir de la posición de las antenas con las que se comunican; el GPS, más preciso y que funciona con una antena independiente, y las redes wifi. Un buen consejo es mantener el teléfono móvil en modo avión el máximo de horas posibles al día, dejarlo siempre que podamos en un lugar fijo, desactivar la opción de ubicación, y reducir la utilización de las redes wifi. Además, y periódicamente, es muy aconsejable borrar, en los navegadores, todas las llamadas "cookies" que nos habrán ido instalando y que no son más que ventanas por las que pueden ir captando pedazos de nuestra información personal. Necesitamos solidaridad y cuidados, no control.