Otras miradas

¿Quo Vadis, Ciudadanos?

Emilio Delgado

Diputado de Mas Madrid en la Asamblea de Madrid

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado (Cs), usa una mascarilla durante su visita a la estación de Metro de Feria de Madrid. EFE/Ballesteros
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado (Cs), usa una mascarilla durante su visita a la estación de Metro de Feria de Madrid. EFE/Ballesteros

Que los Servicios Sociales madrileños estaban seriamente dañados antes de la pandemia, es algo fácilmente comprobable. Basta seguir el rastro de la hilera de pronunciamientos recientes de las más variadas autoridades al respecto, además de las incontables protestas de los profesionales, los usuarios o los familiares de los mismos.

Uno de estos últimos pronunciamientos lo protagonizó el profesor Philip Alson, actual Relator Especial sobre la pobreza extrema y derechos humanos de las Naciones Unidas. En su informe sobre España Alson se detiene en la Comunidad de Madrid varias veces. Por ejemplo, cuando habla del precario sistema de protección social que supone la Renta Mínima de Inserción: "Hay dos opciones. O bien el sistema está estructurado adrede para excluir a los más pobres, o está extremadamente mal diseñado". El relator subrayaba también las políticas fiscales que benefician a las rentas más altas, o las políticas de vivienda y de empleo, como factores de exclusión que debilitan la capacidad de la administración para cohesionar a la sociedad y mantener mecanismos suficientes para garantizar la igualdad o la justicia social.

Anteriormente, el Defensor del Pueblo también había llamado la atención al Gobierno de la Comunidad de Madrid en reiteradas ocasiones por cuestiones similares y la Asociación Española de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales afirmaba en Julio del año pasado que Madrid es la Comunidad con los peores Servicios Sociales de Toda España.

La Comunidad que coquetea con el dumping fiscal a través de exenciones y bajadas vertiginosas de impuestos como los de sucesiones, donaciones y patrimonio ( que privan a las arcas públicas de unos 3.500 millones de euros cada año), es incapaz posteriormente de financiar y sostener adecuadamente dispositivos de atención social tan necesarios y sensibles como los que se ocupan de la atención a la dependencia, a la infancia o a las mujeres víctimas de violencia de género.

El, de momento, Consejero de Políticas Sociales del Gobierno de Madrid Alberto Reyero, se ha mostrado perfectamente consciente de la situación y no ha negado la gravedad del estado de esta cuestión en Madrid, manifestando desde el inicio de su mandato una clara voluntad de hacer reformas de calado en el mismo a través de la puesta en marcha de cuatro grandes nuevas leyes: La Ley de residencias, la de infancia, la de Renta Mínima y finalmente una última Ley de Servicios Sociales.

Desde Más Madrid hemos coincidido con el Consejero en la necesidad de realizar estas reformas, si bien entendíamos que era absolutamente imposible hacerlo desde el actual gobierno regional. Un gobierno liderado por el mismo Partido Popular que es el responsable directo del estado calamitoso de los actuales servicios sociales y por si fuera poco fuertemente condicionado por la extrema derecha ya que sin sus votos es imposible aprobar absolutamente nada.

Por eso insistimos en la necesidad de sacar al Partido Popular del Gobierno de Madrid tras varias décadas de escándalos de corrupción y de políticas neoliberales que han debilitado enormemente la capacidad de protección social de nuestra región. Por eso ofrecimos a Ciudadanos la posibilidad de un gobierno de regeneración en Junio del año pasado incluso si para ello era necesario que nuestra formación quedara fuera del mismo y lo apoyara desde fuera a condición de no dar el gobierno a PP ni a Vox. Posibilidad rechazada de plano como todos sabemos por Ciudadanos que prefirió formar gobierno con el PP a través del apoyo de Vox.

La crisis del Covid 19 está suponiendo una enorme prueba de tensión y fatiga tanto del sistema de protección social de la Comunidad Autónoma de Madrid como del propio gobierno, arrojando dos conclusiones evidentes: La primera es que algunos de los dispositivos de atención social, erosionados ya antes de la crisis sanitaria, son absolutamente incapaces ahora de responder de forma eficaz. La segunda, la confirmación de que la reforma imprescindible de todo ese sistema no puede venir del actual gobierno que ni si quiera tiene un criterio compartido sobre cómo proceder.

De la primera afirmación supone una buena muestra lo sucedido en la red de recursos residenciales para mayores, formada por 475 residencias de las que únicamente 25 son de gestión pública. Esta red ejemplifica la enorme debilidad de los dispositivos de atención social en la Comunidad de Madrid: Fortísima privatización, Problemas de acceso por los precios prohibitivos, problemas del mantenimiento de estos centros por falta de personal de forma recurrente, problemas de opacidad de las empresas con los familiares y con la administración que ha tenido que imponer de forma reiterada sanciones que sin embargo no son un obstáculo para que las residencias sancionadas sigan funcionando….

En cuanto a la segunda, si tres párrafos más arriba subrayábamos el carácter temporal del cargo del Consejero de Políticas Sociales, es porque parece evidente que la crisis de las residencias de Mayores ya ha abierto una brecha insalvable dentro del Gobierno de Madrid.

Si la decisión de la Consejería de Políticas Sociales de hacer públicos los datos de fallecidos en las residencias el pasado 26 de Marzo fue respondida apenas unas horas más tarde por Isabel Díaz Ayuso retirando al Consejero de la primera línea de la gestión de la Crisis de las residencias, las críticas de éste a su propio gobierno en la tarde del 14 de Abril por no haber medicalizado las residencias como prometieron hace más de un mes, suponen la confirmación de una profunda división dentro del gobierno regional en el momento más delicado de la Historia moderna de la Comunidad de Madrid.

Desde Más Madrid hemos reconocido en público y en privado la buena voluntad del Consejero de Políticas Sociales así como un estilo de trabajo bien diferente a lo que nos tiene acostumbrados el gobierno de la Comunidad, pero también desde el inicio hemos planteado que era materialmente imposible, y ciertamente ingenuo, tratar de impulsar políticas favorables a la transparencia o que apuesten por la justicia social desde dentro del actual gobierno.

Prorrogar la presencia de la derecha en el gobierno de Madrid lejos de servir para corregir la situación sólo conduce a enquistarla haciéndonos perder un tiempo precioso en condiciones de normalidad, y poniendo en riesgo la recuperación y la inclusión de la población más vulnerable tras la pandemia en esta situación excepcional.

Ciudadanos ya nos hizo perder una legislatura con Cifuentes y ahora otra con Ayuso, dando por el camino alas y protagonismo a la extrema derecha. Ese será el Legado de ese partido en Madrid: Una década perdida, avance de la extrema derecha y parálisis legislativa, social y política en la Comunidad de Madrid.

Es evidente el papel residual y subordinado de Ciudadanos en un gobierno ineficaz, dirigido por el fanatismo de Miguel Ángel Rodríguez y la torpeza de Díaz Ayuso. Si hoy Madrid no dispone de un gobierno capaz de garantizar una protección adecuada de la población en términos sanitarios y sociales, ni una salida que incluya a la mayoría trabajadora en la crisis económica, de un gobierno sin el peso muerto de 25 años de corrupción y sectarismo es por una decisión que Ciudadanos tomó de forma consciente. Decisión que a ellos les ha salido cara y a los madrileños más, y que merecería una buena revisión.

Tal vez, la tragedia de la gestión de las residencias sirva al menos para que hasta Ciudadanos sea consciente de la necesidad urgente de un cambio de rumbo en la Comunidad de Madrid que incluya una apuesta decidida por la reconstrucción de los servicios públicos esenciales, la regeneración democrática y la justicia social.