Otras miradas

Golpe de mano en la Cámara de Cuentas de Andalucía

Ángela Aguilera

Portavoz adjunta del GP Adelante Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (i) durante la toma de posesión del presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Antonio López (d), en el Salón de Protocolo del Parlamento Andaluz, en octubre de 2019. E.P./María José López
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (i) durante la toma de posesión del presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Antonio López (d), en el Salón de Protocolo del Parlamento Andaluz, en octubre de 2019. E.P./María José López

La afección social de la pandemia de coronavirus la ha convertido en la experiencia traumática colectiva de mayor impacto en las últimas décadas. Su eco mediático, sólo comparable a trances de gran sufrimiento como los atentados del 11-M o al impacto de la crisis de 2008 sobre los hogares vulnerables de nuestra comunidad autónoma, ha superado cualquier previsión y ocupa toda la atención de la opinión pública, a la que ha conseguido polarizar hasta olvidar cualquier otro asunto de otra índole social o política.

Esta circunstancia no ha pasado desapercibida por el Gobierno de la Junta de Andalucía, que ha encontrado en el coronavirus la cortina de humo perfecta para impulsar medidas de gran calado político por vías poco reconocibles en una Democracia de primer orden.  Se ha desmontado ilegalmente el Parlamento durante la cuarentena para silenciar la voz de los partidos de la oposición y aprobar un decreto que ha tenido que ser paralizado por el TC. Antes de eso el binomio PP-Cs y la muleta ultra de VOX ya habían puesto su punto de mira en la Cámara de Cuentas de Andalucía, órgano responsable de vigilar el uso y destino del dinero publico de todos los andaluces. Por desgracia, el funcionamiento de la Cámara de Cuentas de Andalucía  asiste a un debilitamiento de las condiciones democráticas y de respeto al marco de juego plural que le corresponde por la relevancia de su labor. La imposición y toma de posesión de un nuevo Secretario General sin las condiciones para ejercer plenamente sus funciones se ha visto aplazada por la interrupción de una pandemia, que, desplaza el foco de todo lo que no tenga que ver con ella, pero que parece que va a cobrar forma en los próximos días.

La llegada del gobierno de las derechas se ha trasladado a los órganos de dirección del pleno de la Cámara, algo que resulta lógico en la nueva coyuntura política parlamentaria. Hasta ahí, ningún problema, en tanto que es resultado de un ejercicio democrático. Ahora bien, el problema comienza cuando estas mayorías se ejercen sin el respeto del marco de juego necesario para que este órgano de control, y el fruto de su labor, sean reconocidos por todos. El objetivo de esta nueva dinámica no es otra que controlar los informes de fiscalización de las cuentas de la Junta, ayuntamientos, diputaciones y  universidades andaluces e implantar filtros que impidan visibilizar, si lo hubiera, cualquier caso de corrupción o mal uso de fondos públicos en administraciones públicas dirigidas por los partidos en el gobierno.

Para conseguir este objetivo, y si nada lo impide, de aquí a la segunda semana de junio, PP-Cs y VOX han pactado el nombramiento de Manuel Aguilar como Secretario General en la Cámara de Cuentas, un perfil que incumple de forma flagrante los requerimientos legales para ostentar dicho cargo, pero que, a cambio, es un rostro conocido del PP de Málaga, investigado por prevaricación, y amigo personal del Consejero de la Presidencia del Gobierno andaluz, Elías Bendodo. El secuestro de la Cámara de Cuentas a través de la ruptura de sus mecanismos de funcionamiento –relegando el tradicional uso del consenso- y el nombramiento de un perfil que resulta juez y parte, alumbra consecuencias que denigran el funcionamiento democrático del que se ha dotado Andalucía a través de su Estatuto de Autonomía.

PP, Cs y Vox amenazan con esta decisión totalitaria la condición de neutralidad de la Cámara de Cuentas, su independencia y pluralidad, es decir, las características que la configuran como un órgano creíble y ampliamente reconocido. Su función, la de arrojar luz sobre la gestión pública y las posibilidades de mejora de la misma, que tampoco podrá ser certificada válidamente por el secretario general, queda también perjudicada. Por razones de forma, los informes de fiscalización podrán ser recurridos en los procesos de alegación de sus resultados, independientemente de la veracidad y rigor de su contenido.

Siendo esto un problema de forma, que afecta al fondo, también se ve seriamente comprometido otro punto, si a partir de ahora el gobierno de la Cámara rompe con su funcionamiento colegiado y la imposición de la mayoría se convierte en rutina. En esas circunstancias, la pluralidad de informes, sus contenidos críticos y objetivos, podrían ser censurados sin más razón que una mayoría de consejeros votase en contra de los mismos. En otras palabras, la luz plural y repleta de detalles relevantes sobre la gestión de la administración pública andaluza, desde sus ayuntamientos, diputaciones, organismos y empresas públicas, hasta la Junta de Andalucía, podría pasar a ser un ejercicio que daría sombra a los aspectos problemáticos de la gestión pública. O, lo que es peor, un uso partidista y justificador de lo que haga el gobierno conservador correspondiente a cada nivel, así como un riesgo para ver exagerados los problemas de gestión del adversario político cuando se decida perseguirlo.

En definitiva, nos encontramos con un asalto a las condiciones básicas de independencia política, respeto a la pluralidad y ruptura del funcionamiento colegiado de este órgano de extracción parlamentaria que tiene la responsabilidad de trabajar con rigor y para toda la ciudadanía, como instrumento serio y ampliamente reconocible por todas las sensibilidades políticas aportando informes de calidad para el debate público.  También comporta un abuso de la lógica de las mayorías para servir a lo contrario de lo que es el fin de este órgano de fiscalización independiente, haciéndolo un instrumento de parte, que pueda servir más para justificar a los propios y para denostar a los ajenos, que para ofrecer una evaluación cabal de la gestión pública. Si no se remedia, la figura de la secretaría general nacerá con competencias mutiladas, porque no puede ejercer buena parte de sus tareas, al no ser funcionario público, como señaló el informe negativo del gabinete jurídico y que fue ignorado deliberadamente por los consejeros de derechas, y el funcionamiento de la Cámara estará cargado de anomalías formales y cuestionamientos de fondo que dejará muy mal parada su labor.

Pese a las mejoras que pueden abordarse, entre los que cabe señalar algún rasgo de clientelismo heredado que hay que corregir, en el seno de este organismo autónomo, el actual funcionamiento de la Cámara de Cuentas respeta mucho más la pluralidad y ha garantizado la calidad de los trabajos, algo que saludamos. Ahora bien, no podemos solventar los defectos del clientelismocon un modelo de gobierno de la Cámara ideado por PP Cs y VOX con el único objetivo de favorecer a determinados colores políticos. Eso sería transmutar un defecto en una perversión.

Andalucía y la ciudadanía andaluza no pueden permitirse una Cámara de Cuentas que no funcione como debe. Nuestra tierra ha padecido demasiados casos de corrupción, el despilfarro económico y una gestión negligente como para que nos quedemos calladas. Es urgente que tengamos una Cámara de Cuentas que no sólo disponga de los recursos suficientes (algo que, ahora mismo, no ocurre). También es urgente que sea dirigida de forma independiente, colegiada y de manera plural. Que funcione con la credibilidad de un trabajo reconocible por todos. Porque, entonces, la respuesta a la pregunta: ¿cómo sabemos que no va a ocurrir otro caso como el de los ERE que nos costó el despilfarro de 700 millones de euros? Se queda en un tenebroso "no lo sabemos".