A finales de agosto de 2020, más de 800.000 trabajadores y trabajadoras de la economía del conjunto del Estado continúan bajo un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). De ellas, según el diario de información económica Cinco Días, aproximadamente 424 mil pertenecen al sector del turismo y la hostelería. El principal reclamo de empresas y sindicatos del sector para la situación que están viviendo descansa sobre tres ejes: la prorrogación de los ERTE hasta el mes de marzo de 2021; el mantenimiento del porcentaje actual de cobro sobre base reguladora (70%) y la puesta en marcha, por parte del Estado, de alguna forma de rescate al sector -en forma de bonos o descuentos familiares- tal y como se ha implementado en países como Italia o Francia.

Independientemente de lo recogido en la prensa económica, lo cierto y verdad es que las medidas restrictivas puestas en marcha por los diferentes Gobiernos de todo el mundo en su lucha contra la expansión del COVID19 y sus efectos han supuesto un duro golpe para países como España, cuyo entramado productivo cuenta con una vinculación enorme a la industria turística. Sirva como ejemplo que, al acabar el pasado año 2019, un total de 2.673.520 personas trabajaban, según la Encuesta de Población Activa (EPA), en algún tipo de empresa vinculada al turismo, algo queo suponía un 13,52% del total. Además, el turismo supuso, para el conjunto del Estado y con datos cerrados de 2018, un 12,3% del Producto Interior Bruto (PIB). España es, de esta manera, un país con una fuerte dependencia del turismo y la hostelería. Esta relación puede multiplicar hasta por cuatro la de aquellos países que cuentan con sistemas productivos innovadores, inclusivos e inteligentes y donde el porcentaje del PIB vinculado al turismo rara vez supera el 3% (Dinamarca, 2,6%; Alemania, 1,5%, Suecia, 2,7% de sus Productos Nacionales Brutos).

Los grandes lobbies y corporaciones empresariales no pierden la oportunidad de reclamar una vuelta a la situación anterior bajo los ropajes de una nueva normalidad. Pero esto no nos puede hacer olvidar que el turismo es, por encima de todo, un sector de salarios bajos y de puestos poco cualificados, por lo que puede ser que el viejo turismo tampoco fuera ninguna panacea, factores que han influido en el sufrimiento de miles de trabajadores y trabajadoras, pequeñas empresas y cooperativas, vivido durante los meses más duros de la pandemia. Tal y como nos recuerda el profesor Rausell Köster, el sector turístico mantiene una escasa capacidad como mecanismo de redistribución de rentas. Poco más del 18% del valor añadido de la industria turística se dedica a los salarios, cuando esta cuantía supera el 50% en el resto de la economía, mientras que más del 80% del valor añadido acaba en manos de las retribuciones del capital. De esta forma, cualquier alternativa Post-COVID19 ha de pasar por una búsqueda de un mayor equilibrio entre los diferentes sectores productivos y, sobre todo, por una mejora de los salarios de los trabajadores y trabajadoras, algo que tiene que manifestarse, sobre todo, en aquellos territorios con mayor dependencia del turismo.

Sin embargo, mientras esto llega, hay medidas que pueden ser tomadas en consideración para su aplicación de forma más o menos inmediata: una mejor y mayor formación de los trabajadores y trabajadoras, una adecuación empresa a empresa del nivel de cualificación de éstos al puesto de trabajo que desempeñan, un mayor grado de organización sindical, una limitación de las externalizaciones o un plan de inversiones que promueva la diversificación económica de los territorios más afectados. Solo así conseguiremos una economía más sana y eso que denominan turismo de calidad.