Otras miradas

La crisis del coronavirus (II): cualquier salida sostenible requerirá afrontar la inequidad fiscal

Juan Magín San Segundo Manuel

Técnico Superior de la Administración y profesor de Derecho constitucional en la UCM

Varias personas se dirigen hacia una oficina de empleo en Madrid. EFE/J.L. Pino
Varias personas se dirigen hacia una oficina de empleo en Madrid. EFE/J.L. Pino

La premisa aquí es que si la situación económica y social en España y en otros países ya presentaba una fractura social antes de la presente crisis, esta la ha profundizado. Lógicamente, afrontar la crisis requiere los créditos de un buen Estado fiscal. Sin embargo, un problema creciente lo está impidiendo: las fortunas individuales y las grandes empresas van incrementando sus privilegios fiscales. Esto suele intentar justificarse alegando que los millonarios son pocos y en consecuencia no suman mucho dinero, sin embargo tal argumento es una falacia reiterada que los indicadores desmienten rotundamente. Como apunta Oxfam, el 1% más rico del mundo tiene muchísima más riqueza total que el resto de la humanidad, y en cuanto a España, el 1% más rico de los españoles concentra tanta riqueza como el 80% más pobre (37,3 millones de personas). ¡No se pueden seguir agravando estos datos tan negativos!

Ante esta crisis, un sector de los especialistas considera que se deben tomar las medidas adecuadas dentro de un New Deal −que se vería ahora fortalecido por la ayuda de la UE−. Una política keynesiana anticíclica mediante la cual se inyectara dinero público para reactivar economía que al mismo tiempo habría que encauzar con el objeto de que llegue más a los desfavorecidos, que son los que más van a gastarlo (en vez de acumularlo o moverlo menos). En tal sentido, algún economista como Krugman nos ha recordado que si no hay transferencia de la riqueza de arriba a abajo no hay dinamización de la economía. Hay que tener presente que ese tipo de actuación pública ha permitido reavivar la economía estadounidense bajo la presidencia de Obama, en contraste con la dureza de algunas políticas de austeridad llevadas a cabo en la eurozona. Recuérdese cómo frente a la Gran Depresión del 29 con el New Deal de Roosevelt se llegó en el impuesto sobre la renta a un tipo máximo del ¡94%! Su política posibilitó que su país saliera de la crisis. Muchos Estados de Europa occidental como Alemania, el RU o los países nórdicos lograron con una actuación pública keynesiana similar salir de la Gran Depresión, elevando su gasto, primero en armamento destinado a la 2ª GM y, después, en una gran reconstrucción del país y el establecimiento del Estado de bienestar con altos impuestos. Suele citarse el caso de Suecia, que ¡fue elevando sus impuestos hasta sobrepasar el 70% del PIB!

En España se está sufriendo actualmente una fuerte crisis. Se han resentido notablemente la producción y el consumo, lo que ha llevado a que el desempleo haya crecido casi en 1.100.000 personas. En consecuencia, va a recaudarse menos, por lo cual habrá que permitir cierto endeudamiento, aunque tampoco podemos hipotecar el futuro cuando nuestra deuda ya ha superado la escalofriante cifra del 110% del PIB; en tal situación lo recomendable sería aumentar relativamente los impuestos que no distorsionen el funcionamiento económico, rectificando sobre todo la tendencia a disminuir los impuestos directos que se ha ido produciendo vinculada al desmantelamiento del Estado del bienestar. Recordemos que los impuestos directos son una parte fundamental del sistema tributario, y son más equitativos que los indirectos al contribuir en función de la capacidad económica, de renta o riqueza, por lo cual, si se ponen los medios adecuados, serían los que permitirían más posibilidades sin trabar la economía.

En este contexto, la reacción de un buen Estado requiere mejorar de manera efectiva los ingresos cuantitativa y equitativamente, y optimizar los gastos. Con respecto a los ingresos, una medida de partida imprescindible es acabar con los paraísos fiscales. Estos existen en países con leyes fiscales favorables para atraer los capitales extranjeros, que van a quedar libres o con muy reducidos impuestos, y que mantienen el secreto bancario, cuya opacidad posibilita a las empresas y las personas físicas saltarse las leyes de los países donde residen, poder evadir impuestos e incluso la comisión de delitos de otro tipo; todo ello sin dejar rastro alguno.

En nuestro país, la cantidad de dinero que los españoles mantienen sin declarar en paraísos fiscales se ha disparado, alcanzando una cifra del 11% de su riqueza. A nivel mundial, los expertos estiman cantidades variadas, que podrían cifrarse en torno a 12 billones, el 30% del PIB mundial, y con un crecimiento altísimo. Esto tiene consecuencias trascendentales y terribles. Por un lado, ayudan a la ocultación del dinero proveniente de la corrupción, estafas financieras o la delincuencia organizada (narcotráfico, terrorismo internacional, tráfico de migrantes, trata de mujeres…). Por otro lado, al tratarse de sumas de dinero tan elevadas hace que quede afectada una parte importante de la economía, recortando los recursos del Estado social. No olvidemos que este tipo de Estado social, gracias a sus típicas políticas públicas, da lugar a sociedades mucho mejores al permitir no solo un mayor nivel socioeconómico de sus poblaciones (que se refleja en las distintas macro magnitudes, como salud, esperanza de vida o educación), sino también en aspectos más generales como el nivel cívico, cultural y, por ende, democrático. Asimismo, esta fuga de capital del fisco viene a cercenar la materialización efectiva de los grandes valores y principios que han caracterizado a nuestra civilización contemporánea. Al limitarse la política social se precariza a determinados estratos de población y se va aumentando la exclusión de los más desfavorecidos que conlleva un aumento de los delitos, violencia, población reclusa, adicciones a drogas, alcohol o el juego de apuestas, el aumento de los suicidios y enfermedades, especialmente las mentales, como las depresiones. Añadamos que la notable y creciente cuantía del dinero fugado es de una gravedad definitiva al impedir la actuación fiscal soberana de los Estados hoy en día relativizada, pues dificulta en la práctica poder disminuir los privilegios impositivos legales que tienen los grandes capitales y las corporaciones transnacionales, las cuales disfrutan de un gran crecimiento (que en algunos casos es exponencial), mientras que la mayoría ha tendido a perder económicamente. Todo ello supone que las empresas o personas físicas que contribuyen legalmente sin tales privilegios, además de ser más débiles, no puedan competir con esas desventajas. Al mismo tiempo, la actividad fraudulenta, e incluso delictiva, está incidiendo en aspectos esenciales de la política fiscal mundial, llegando a impedir aspectos decisivos de las políticas estatales. Frente a esta subasta impositiva a la baja efectuada desde los paraísos fiscales la solución definitiva se tiene que efectuar en el ámbito internacional; y la realidad es que aunque se efectúan muchas críticas a los mismos, no se han adoptado suficientes medidas para acabar con ellos de una manera efectiva.

El alejamiento de las posibilidades fiscales idóneas (suficientes y equitativas) que ha incidido en la jibarización del Estado social, se muestra con la reducción de los Impuestos directos como los de Patrimonio y Sucesiones. Con resultados similares el impuesto de Sociedades va derivando hacia la regresividad, pues bajo una apariencia de igualdad, se favorece claramente a las más poderosas. ¿Cómo? La legislación específica reconoce un tipo fijo general para estas del 25% (el tipo nominal), sin embargo se permite a las grandes empresas pagar mucho menos al hacer que el tipo efectivo (lo que terminan realmente pagando) sea considerablemente menor, mediante una serie de instrumentos como las deducciones o los "créditos fiscales". El resultado es claro, según los propios datos de la Agencia Tributaria en 2017 las mayores empresas del país pagaron como promedio solamente un 7,7%, mientras que las empresas medianas tributaron al 14,1% y las pequeñas al 18,4%.

Asimismo se ha creado algún mecanismo financiero que también desanda la progresividad fiscal, como las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV), que posibilitan invertir en activos financieros a través de la creación de una sociedad anónima. Para su formación sólo se exige un capital mínimo de 2,4 millones de euros y 100 socios (aunque en la mayoría de las ocasiones se buscan 99 meros firmantes comparsas que aportan su nombre y ¡un euro!). Mediante una SICAV los accionistas de una sociedad tributan solamente el 1 % por los rendimientos. La consecuencia es que este mecanismo de inversión se identifica con las personas que poseen grandes fortunas. Según las palabras del portavoz de la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), "No es de recibo que en un Estado de Derecho los beneficios tributarios se consigan contratando mariachis, es decir, inversores ficticios".

Otra cuestión relevante aquí para paliar la situación expuesta se refiere al establecimiento de la "tasa Google" y la "tasa Tobin". La "tasa Google" es un gravamen sobre ciertos servicios digitales, como los prestados por multinacionales de la economía digital, como Google, Facebook, Amazon o Apple. Se aspira a que estas empresas tecnológicas paguen los impuestos allá donde generen la actividad y no donde tengan una tributación más baja, pues así pagan cantidades ridículas y benefician torticeramente a otros totalmente ajenos. No es de extrañar que recientemente se esté planteando avanzar con estas tasas desde diversas instituciones. Dentro de la UE, la Comisión Europea propuso en 2018 que se aplicara esta tasa en la Unión. Sin embargo no se logró la necesaria unanimidad para aprobarlo. En el G7 se ha acordado apoyarla al tratarse esta tasa en la OCDE. Mientras, diversos países de la UE como Francia, RU y España están por la vía de su aplicación particular. En cuanto a la "Tasa Tobin", sobre la que también hay polémica relativa a su posible aplicación, es un gravamen a las transacciones financieras destinado a obtener recursos públicos y poner freno al enorme mercado financiero virtual especulativo, generador de inestabilidades (cada vez más parecido a un casino), en vez de invertir de manera productiva.

En esta destrucción de la progresividad fiscal incide la globalización (aun con sus actuales retrocesos), pero también la ideología e intereses de quienes dominan en la sociedad y pueden imponer su concepción político-económica. Esto lógicamente se refleja en el mundo de la empresa: 1º) Las empresas más grandes suelen tener más eficacia objetivamente, pero además cuentan con más facilidades para obtener ventajas, por lo que potencia las fusiones de empresas, comiéndose a las de menor tamaño, yendo hacia un oligopolismo y predominio del poder económico; 2º) Las diferencias salariales dentro de la gran empresa se han hecho enormes: la media de la diferencia de renta entre los directivos de las empresas del IBEX y su personal de base ya son superiores a 100 veces. 3º)     Se está uberizando la economía, tendiendo a hacer desaparecer los derechos laborales, pues estas plataformas aspiran a no reconocer a sus trabajadores, considerándolos autónomos, cuando en realidad contratan y despiden al personal en unas condiciones de mercado despiadado, así, por ejemplo, el despido puede llegar por no poder prestar servicios ¡ni siquiera pueden ponerse enfermos! 4º) Las empresas tecnológicas van fortaleciendo su poder con respecto no sólo a los trabajadores, sino también a la sociedad e incluso a los Estados, con su poder económico casi monopolístico, el conocimiento total del "hombre transparente" y su creciente capacidad de presionar sobre la esfera política (como por ejemplo, ha quedado probada la manipulación en elecciones por la empresa Cambridge Analytica con el apoyo de los inconmensurables medios de Facebook; o en el que EE UU ya sea casi imposible legislar frente a los intereses de las grandes empresas); 5º) Las PYMES generan la mayor parte del empleo, utilizan más elementos locales y son más ecológicas, conforman el verdadero tejido productivo imbricado en la sociedad, aumentando la sociabilidad y, en lo que se refiere al pequeño comercio vertebrando una ciudad, es su alma, le da la vida, por lo que habría que protegerlo en vez de discriminarlo, si queremos evitar un proceso que ya ocurre en algunos países avanzados, con ciudades casi "muertas", sociedades atomizadas, ancianos aislados...

Ante toda la situación expuesta, es fundamental conseguir idoneidad, incluida la eficiencia, tanto en el gasto público (evitando gastos superfluos), como en los ingresos, mejorando frente al fraude fiscal y restableciendo una mayor presión fiscal sobre los que tienen más beneficios. Ambas metas, especialmente en un sistema democrático, requieren unas Instituciones que funcionen adecuadamente y que tengan legitimidad. Para ello se necesita actuar con honestidad, transparencia, objetividad, neutralidad política y control efectivo. En estos aspectos, España debe mejorar considerablemente, pues los mecanismos institucionales de contrapeso no están funcionando adecuadamente.

Existen créditos presupuestarios que en realidad siguen aumentando la brecha social: la enseñanza y la sanidad privadas concertadas; las subvenciones a los coches eléctricos, en vez de bajar el precio del trasporte público; la inversión de la gran mayoría del presupuesto ferroviario en un tren excepcionalmente caro como el AVE, muchas veces infrautilizado por unos miles de viajeros, en detrimento de los que utilizan millones de usuarios (los cercanías) o de aquéllos que son incompatibles con el desplazamiento del AVE (los imprescindibles para comunicar la España despoblada o los de mercancías, más seguros, ecológicos, con un consumo muy bajo y que posibilitan la sustitución de los combustibles fósiles); el rescate a los bancos, que puede explicarse para evitar pánicos financieros, pero no justifica que no se ayude a los clientes y sobre todo que ¡no tengan que devolver el dinero!; en los delitos de cuello blanco y de la corrupción tampoco se da prioridad a la recuperación del dinero por el Estado con verdadero interés como lo hacen las empresas (pongamos el despiadado ejemplo de los denominados fondos buitre, que se dedican a comprar activos con riesgo o en quiebra); y, por último, las discriminaciones en los tributoshaciéndolos cada vez más ilegítimos e inadmisibles. Según la normativa superior de la UE, los Tratados establecen la libre circulación de capitales (que ampara poder elegir dónde tenerlos) pero también reconocen derechos que quedan imposibilitados al no haber igualdad efectiva de las condiciones de libre competencia y libre circulación de bienes, de servicios y de personas, incluyendo el derecho a establecerse y funcionar como empresa o autónomo, como tampoco se cumplen la prohibición de discriminaciones de los Tratados, además de vulnerarse la progresividad fiscal reconocida en la Constitución y otros enunciados normativos. ¿Acaso no puede considerarse que tales privilegios contradicen las normas esenciales de nuestro contrato social conformando un Estado de bienestar sólo para ricos?