La presente pandemia de Covid-19 no ha provocado sólo una crisis de salud pública, sino también una profunda crisis económica que afecta más a los sectores sociales más desfavorecidos. Y viceversa, desatender las necesidades más básicas de estos sectores no es sólo un problema social, sino que también puede desembocar en una crisis sanitaria, como se ha demostrado recientemente con el caso de los temporeros de la agricultura. En este contexto, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias ha decidido retirar virtualmente el 100% de las Subvenciones Generales (unos 800000 euros), que son la principal vía de financiación pública de las pequeñas pero numerosas entidades sociales que trabajamos por la inclusión social a pie de calle. Esta drástica reducción supondrá el cierre de muchas de estas entidades, y en cualquier caso pondrá en serio peligro nuestra labor para preservar la salud, seguridad e integración social de un sinfín de colectivos en situaciones de exclusión social.

En Asturias, como en el resto de España, las entidades sociales pequeñas estamos a pie de calle, cubriendo unas necesidades que, por diferentes motivos, no son cubiertas por la administración o por entidades sociales más grandes. Somos una herramienta vital de inclusión social –y con frecuencia la única- para un gran número de familias, personas mayores, jóvenes, niños y niñas, personas migrantes, personas sin hogar, mujeres víctimas de abuso sexual... Calculamos que las aproximadamente 100 pequeñas entidades sociales existentes en el Principado contribuyen a cubrir las muy diversas necesidades de unas 15000 personas, con presupuestos bajísimos pero imprescindibles. Estos colectivos encuentran en nuestras entidades no solo una ayuda puntual, sino escucha y apoyo constantes, y la cercanía de alguien que les conoce y les reconoce la dignidad que merecen.

En la terrible situación vivida este año, hemos tenido la respuesta más rápida, anticipándonos incluso a las necesidades que iban a surgir (si bien estas superaron cualquier expectativa), gracias a que conocemos de primera mano a las personas en exclusión social. Recordemos que muchas de estas personas son invisibles, no están empadronadas o carecen de documentación en regla, por lo tanto, escapan a cualquier estadística o conteo "oficial" que exista. Nuestro conocimiento del terreno nos ha permitido adaptarnos de manera inmediata y estar a su disposición los 7 días de la semana, sin horarios, con jornadas maratonianas y escasos recursos. Es más, muchas de nosotras hemos visto triplicado el número de personas acompañadas durante el estado de alarma, a quienes hemos proporcionado orientación, calma y un gran volumen de ayuda económica para alimentación, higiene, medicación... llegando a movilizar a diversas entidades privadas que contribuyeron generosamente, aunque de forma puntual, a paliar la ausencia de otro tipo de ayudas públicas. También ofrecimos apoyo para solicitar las ayudas que más tarde puso en marcha la administración, algo para lo que la gran mayoría de personas en situación de exclusión social carecía de herramientas. En caso de cierre, las personas a las que acompañamos cada día se quedarían solas, porque no existen alternativas públicas para cubrir las necesidades existentes.

Y es ahora, cuando las necesidades siguen multiplicándose, cuando la situación no solo no ha mejorado, sino que se prevén más dificultades, cuando la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar decide eliminar las Subvenciones Generales a las entidades que trabajamos por la inclusión social. Los otros mecanismos de financiación pública (convenios y acuerdos Marco, IRPF, ...) favorecen y/o están virtualmente restringidas a las mayores entidades sociales, dificultando el acceso a pequeñas asociaciones o a nuevas entidades y proyectos sociales. Las Subvenciones Generales son por ello el mecanismo de financiación más abierto, competitivo y distributivo. Sin este apoyo de la administración, muchas entidades sociales pequeñas, que llegamos donde no llegan las medianas y grandes, nos veremos irremediablemente destinadas a cerrar en un breve espacio de tiempo. Y entonces, ¿Quién va a acompañar a las familias que tienen graves dificultades para la crianza de los menores? ¿Quién va a ayudar a las personas migrantes a recibir protección jurídica, alfabetización o alimentos? ¿Quién va a acompañar a los jóvenes en exclusión social hacia un futuro más esperanzador? ¿Quién va a asesorar a personas afectadas por problemas de salud mental? ¿Quién va a acompañar a las personas mayores aisladas en zonas rurales?

Por estos motivos, exigimos a la Consejería que nos compete que reconsidere su decisión de suprimir estas subvenciones y mantenga su compromiso presupuestario en el año 2020 y posteriores. No nos podemos permitir una sociedad en el Principado de Asturias que carezca de una red de asociaciones de profesionales y voluntarios organizados en favor de los grupos que pasan por graves dificultades.

Asturias, paraíso natural para todas y todos.