Otras miradas

Largo Caballero e Indalecio Prieto: Almeida paga sus favores a la extrema derecha

Marta Gómez

Concejala de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid

Manuela Bergerot

Coportavoz de Más Madrid en la Comunidad de Madrid

El pasado martes, en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, vimos escenificado el precio que conlleva para Almeida gobernar gracias a la extrema derecha y la complicidad de Ciudadanos, necesarios ambos para sostenerlo. En una situación de emergencia sanitaria, social y económica como la que está viviendo Madrid, no hemos visto una sola propuesta de Vox que pueda paliar los efectos de esta pandemia en los madrileños y madrileñas. Al contrario, en un momento de incertidumbre y miedo, se han encargado de profundizar las desigualdades y predicar desde las instituciones valores antidemocráticos que imposibilitan nuestra convivencia.

La extrema derecha defendió una proposición para retirar del callejero de la ciudad los nombres de Largo Caballero e Indalecio Prieto, así como la estatua y la placa que homenajean y conmemoran al primero de ellos. Una proposición que dejaba en evidencia su falta de conocimiento, tanto de las ordenanzas municipales como de las normas europeas. Registraron su iniciativa sustentada en la Resolución del Parlamento Europeo del 19 de septiembre de 2019 de condena a los regímenes totalitarios y a sus representantes, una resolución que no es vinculante, sino una declaración política y que, además, no pide la retirada de ninguna estatua y menos cita a Largo Caballero quien, por cierto, ocupa el lugar que le corresponde en la Casa de la Historia Europea como sabe todo el que ha visitado el Parlamento Europeo.

La tramitación de esa proposición para ser debatida en el Pleno del Ayuntamiento es comparable a lo que debió ser el proceso de los franquistas para transitar de la dictadura a la democracia. Cuando el PP de Martínez-Almeida vió que su apoyo en el Gobierno municipal no conocía bien el marco regulador necesario para el cambio de denominación del callejero, le hizo los deberes presentando una enmienda para sustentar la proposición en una norma vinculante.

La proposición fue aprobada con los votos a favor del PP y Ciudadanos y con la equidistancia de estos, condición necesaria para que la ultraderecha siga en nuestras instituciones. El precio de Martínez-Almeida para ser alcalde gracias a Vox es tan alto, que han tenido que ser desleales a su propia genealogía: fue Alianza Popular quien apoyó en la Transición las iniciativas para homenajear a Largo Caballero y a Indalecio Prieto.

No solo están totalmente desmarcados de las directrices del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en lo que a Memoria Democrática se refiere, sino que Ciudadanos es el paradigma de la equidistancia: mientras en la Comunidad de Madrid concede una subvención a la Fundación Largo Caballero para que mejore sus fondos archivísticos, en el Ayuntamiento apoya a Vox para retirar la estatua a este. Es lo que tiene la equidistancia neoliberal, que tus principios pueden venderse sin pudor a la ultraderecha.

Ciudadanos debería hacer memoria para saber que esos símbolos se aprobaron por un gran consenso durante los años ochenta, siendo considerados como un ejemplo del espíritu de conciliación de la transición al que tanto apelan.

Recomendamos desde estas líneas a la ultraderecha que si quiere ser leal a los principios más europeístas como son la igualdad y democracia, cumpla con la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, con la Estrategia de Género, con la Directiva de Igualdad de Trato para Personas LGTBi…, y que lean toda la Resolución del 19 de septiembre de 2019, exactamente el artículo que dice:

"Condena el hecho de que las fuerzas políticas en Europa recurran cada vez más a la distorsión de los hechos históricos y utilicen símbolos y retóricmas que evocan aspectos de la propaganda totalitaria, como el racismo, el antisemitismo y el odio hacia las minorías sexuales y de otro tipo".

La interpretación errónea por parte del PP de la Ley de Memoria Histórica parece una reacción a la tramitación de la nueva Ley de Memoria que el Gobierno prepara, amparada en poder garantizar los cuatro principios sobre los que se sustenta el derecho cívico a la Memoria: Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no repetición. Es una declaración de intenciones que nos debe afianzar más aún en defender ese camino para poder construir una cultura de paz por la convivencia frente al odio.