Otras miradas

El impuesto al diésel como estandarte

Nuria Blázquez Sánchez

Coordinadora de transporte de Ecologistas en Acción

Maquina expendedora de carburante en una gasolinera de Madrid. E.P./Ricardo Rubio
Maquina expendedora de carburante en una gasolinera de Madrid. E.P./Ricardo Rubio

El proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado será una importante prueba de las verdaderas intenciones de caminar en la senda de la transición ecológica, tanto de los partidos que forman el Gobierno como de los que apoyen o no estos presupuestos.

Por el momento, el proyecto de Ley incluye varios impuestos ambientales, entre ellos el archiconocido impuesto del diésel, o, más bien, la reducción de la subvención de la que goza este combustible.

Dos partidos que podrían apoyar los PGE, el PNV y Ciudadanos, afirman condicionar su apoyo a la continuidad de la bonificación del diésel (que en términos de ingresos es, en realidad, un detalle menor), pero han hecho de él un estandarte. Una posición muy difícil de justificar en términos de interés general, dados los enormes beneficios en salud pública, calidad de vida e integración en Europa que tiene la medida.

La contaminación atmosférica provoca 30.000 muertes anuales en el Estado español. El tráfico rodado es el causante de hasta el 80 % de las emisiones contaminantes (óxidos de nitrógeno) de las ciudades. Los vehículos diésel son responsables del 80% de esas emisiones.

Pero a pesar de esto, este combustible está subvencionado con una rebaja del 23 % del impuesto de hidrocarburos. Una bonificación fiscal que permitió el desarrollo de una tecnología de grandes prestaciones y atractivos en coches de motores diésel, que los catapultó hasta superar a la gasolina en ventas en Europa. En el Estado español el efecto fue aún más pronunciado y llegó a suponer el 70 % del total de los vehículos vendidos en 2007.

El escándalo del Dieselgate, en 2015, acabó con la fama de vehículos ecológicos de la que habían gozado estos coches hasta entonces. A partir de ahí se empezaron a desarrollar políticas anticontaminación que apuntaban claramente a los diésel, y las ventas fueron cayendo hasta quedar por debajo de la gasolina desde 2018.

Esta tendencia del mercado indica que la medida ya está socialmente asumida. La gente ha entendido que los diésel son vehículos muy contaminantes, y por tanto no merecen bonificaciones. Era esperable que, como ya ocurriera en el proyecto de ley de presupuestos generales del estado de 2019, que en los de 2021 apareciera una subida de impuestos aplicada al diésel.

En realidad, el proyecto de PGE solo propone acercar la tributación del diésel a la de la gasolina, reduciendo la bonificación histórica del diésel. En concreto el tipo estatal general del gasóleo pasará a ser de 34,5 céntimos por litro, frente a los 30,7 actuales. Lejos aún del tipo de la gasolina, que es de 40, 07 %.

Según los cálculos del Gobierno, se ingresarán 450 millones de euros extra por este impuesto, su gran ventaja se cuantificará en términos de salud pública. Para hacernos una idea de la dimensión del bien en salud de esta medida, podemos tomar como referencia un informe de la Alianza Europea por la Salud Pública (EPHA). Según este estudio, la contaminación cuesta cada año al sistema sanitario español cerca de 4.000 millones de euros, de los cuales más de 3.000 millones se deben a la contaminación causada por los vehículos diésel.

Por otro lado, la medida, lejos de lo que se afirma a menudo, la medida favores a las clases populares. Para empezar, porque en los hogares con menor renta conducen menos o simplemente no pueden hacer frente a los gastos que supone un coche. Pero además, porque la recaudación extra debe servir para ofrecer mejores servicios público y protección social precisamente a la gente que más lo necesita.

Dar marcha atrás a este inicio de reforma fiscal supone una renuncia a la transición ecológica en pro de los beneficios empresariales de las compañías que más han contribuido al cambio climático. Es una reforma pequeña, pero de gran carga simbólica, porque retrata las prioridades del Gobierno, los partidos políticos y la sociedad. Renunciar a esta reforma tan pequeña pero necesaria nos restaría muchas esperanzas de que seamos capaces de hacer frente la Emergencia Climática. La ciencia nos dice que tenemos que mover una gran maquinaria, y esta es solo una pequeña tuerca que hay que apretar para poder ponerla en marcha.