Una sociedad polarizada entre "buenos" y "malos"

Esta polarización no se instalaría tan fácilmente en la sociedad si no viviésemos el apogeo del maniqueísmo discursivo a nivel global: "buenos" contra "malos". Siendo así, la verdad pierde valor en sí misma, y solo funciona aquella narrativa que gana el estatus de superioridad moral. En este sentido, el discurso de la lucha contra la corrupción ha sido objeto de pugna, aunque el bando progresista cuenta con más recursos para explotarlo favorablemente. Ha impuesto su "verdad", a pesar de sujetarse en contradicciones.

Por ejemplo, pese a su defensa "principista" de los derechos fundamentales, no reclamaron por la falta de presunción de inocencia de políticos confinados a prisiones preventivas de hasta tres años, porque éstos pertenecían al campo ideológico rival. Este tipo de polarización ideológica entre las élites resiente el valor de la verdad de los hechos y relativiza la corrupción. Por eso ambos bandos toleran las sospechas de corrupción entre los cercanos programáticamente, mientras sancionan máximamente a los de la orilla contraria.

Al imponer su narrativa, la tribu progresista ganó la calle. La indignación dormida despertó en un sector importante de la ciudadanía ante la asunción del poder del gobierno interino de Manuel Merino, hasta entonces presidente del Congreso 2020-2021, elegido por el partido Acción Popular.

Existía en la sociedad peruana un malestar acumulado de tanta inestabilidad política que no toleró una crisis más. Sin dudas, este es el motor de la protesta. Seguramente se suman también el descontento producido por la pésima gestión sanitaria y económica durante la pandemia, como sostenían los voceros del efímero gobierno interino, pero estas causas las considero menores, quizás complementarias.

Al respecto, el sector progresista ha elaborado una narrativa para desprestigiar al gobierno interino, señalando que se trata de una "coalición vacadora" (sic) que busca postergar las elecciones, pues en realidad son "mafias" las que han tomado el poder.

Al punto de dañar el equilibrio de poderes de la democracia peruana, señala el discurso progresista, y producto de acuerdos "dictatoriales" que llevarían a la liberación del sentenciado por rebelión Antauro Humala, líder de una de las bancadas que facilitó la salida de Vizcarra.

La gestión de la pandemia

En esta historia, se ha eximido de máxima responsabilidad a la administración de Vizcarra de la gestión de la pandemia de covid-19, aduciendo la histórica debilidad del Estado peruano. Este mismo guión consideraba precisamente la pandemia una de las razones para no proceder con un cambio de gobierno que altere las políticas públicas respectivas.

El breve gobierno interino reaccionó a las imputaciones. En primer lugar, mediante su primer Decreto Supremo confirmó el calendario electoral, y el premier Ántero Flores-Aráoz y la ministra de Justicia Delia Muñoz rechazaron la amnistía a Humala.

El nuevo ministro de Salud, Abel Salinas, anunció correctivos en la detección de contagios de covid-19 (el empleo de pruebas moleculares y no "rápidas" para este fin). Sin embargo, no gozaron de credibilidad ante la opinión pública.

Los emisarios no convencieron con sus mensajes, aunque algunos de estos buscaron espantar fantasmas. De hecho, no consiguieron mantenerse en el poder más allá del sexto día pues la protesta social obligó al Congreso a retirarle su apoyo.

Y esto último, porque la composición del gabinete Flores-Aráoz no terminó siendo la consagración de una "repartija" (un acuerdo de la supuesta "coalición vacadora" o destituyente), sino el resultado de una combinación azarosa de congresistas con intereses particulares (algunos, sin duda, con negocios turbios) y de representantes amateurs, dominados por la ingenuidad (absolutos debutantes políticos que se estrenan en el Congreso Nacional).

De hecho, varios congresistas "vacadores" (sic) se sintieron "traicionados" por la conformación conservadora del gabinete y manifestaron su repentina oposición a la gestión interina; incluso, han salido a las calles a protestar.

La precariedad política es tal que quienes ostentaron brevemente el poder ejecutivo no provinieron de la componenda parlamentaria que vacó a Vizcarra hace unos días. Solo Merino y un círculo de Acción Popular que lo acompañó han transitado del Palacio Legislativo al Palacio de Gobierno.

La mayor beneficiada fue la tribu conservadora que, con gran sentido de oportunidad, aprovechó la carambola política y el vacío de poder para socorrer al presidente interino en las horas inciertas de montar un gobierno de transición. Y tenían los recursos políticos para hacerlo: cuadros políticos experimentados a disposición, redes con poderes fácticos (económicos, empresariales, militares), pero, sobre todo, incentivos ideológicos: confrontar a sus rivales progresistas.

Entre el triunfo político y el moral

Mientras la tribu conservadora ha tenido los recursos para un triunfo político temporal, la progresista tuvo los recursos para un triunfo moral. En tiempos de necesidades morales insatisfechas, la calle es el combustible requerido para tentar también la victoria política. Sin embargo, la conexión entre la tribu progresista y la indignación ciudadana movilizada es absolutamente narrativa. La calle no tiene dueño político porque se basa en sentimientos antiestablishment, sin un norte político más allá de la renuncia de Merino.

El eje de la cultura política peruana del "no sé que quiero, pero sé lo que no quiero" ha llegado a su máxima expresión. Pero precisamente para llegar a una salida, se requiere de un pacto político entre las dos élites enfrentadas. Y en este paso, la ausencia de partidos políticos pasa factura.

Ante un escenario similar, las coaliciones partidarias chilenas lograron acordar un referéndum constituyente para amortiguar, en algo, el estallido social. En parte, el paulatino acercamiento programático entre ellas y los modales institucionales de sus cuadros permitieron encausar –al menos temporalmente– la furia movilizada.

En Perú, las tribus ideológicas tienden a seguir azuzando la polarización, reproduciendo la inestabilidad ad infinitum. La familia conservadora apeló al cansancio de la movilización social; la progresista, a la intensidad de la protesta para desestabilizar a un gobierno incierto. La calle –ese inesperado actor del juego político peruano– decidió y el presidente interino Manuel Merino tuvo que renunciar. La incertidumbre peruana se mantendrá al menos hasta que las urnas, y no las componendas tribales, vuelvan a decidir quién ocupe Palacio de Gobierno.

La versión original de este artículo fue publicada por el Centro de Investigación Periodística (CIPER) de Chile.

Este artículo ha sido publicado originalmente en The Conversation