Desde el comienzo de la pandemia, los trabajadores esenciales son los más expuestos a la covid-19. Entre ellos, destacan los trabajadores sanitarios.

A día de hoy, no existen datos totalmente fiables sobre el número de trabajadores sanitarios infectados o muertos. Sin embargo, diferentes organismos han realizado algunas estimaciones. La Oficina Regional Africana de la Organización Mundial de la Salud informó el 23 de julio de que más de 10.000 trabajadores sanitarios de la región se habían infectado. Según este informe, en 14 países subsaharianos el 5% de las infecciones correspondían a trabajadores de salud y en 4 de estos representaban el 10%.

Por su parte, el 2 de septiembre, la Organización Panamericana de la Salud informó de que en la región se habían infectado 570.000 trabajadores sanitarios y 2.500 habían muerto.

Trabajar en el ámbito sanitario durante la pandemia en América Latina y África está siendo un reto que muchos profesionales están pagando con su propia vida. Así lo ha denunciado el personal sanitario a lo largo de los últimos meses.

Denuncias de los trabajadores sanitarios

En Bolivia, Guatemala, Brasil y Perú asociaciones de médicos denunciaron las muertes entre sus trabajadores a causa de las malas condiciones laborales.

En Argentina los trabajadores de la salud reclaman que se aplique la ley Silvio, aprobada al principio de la pandemia. En ella se establecían medidas de protección básica para los médicos y enfermeras durante la pandemia.

En Uganda, el diario Daily Nation denunció que el Gobierno ha recibido muchas donaciones internaciones de EPI, pero que estos no han llegado a los trabajadores.

De hecho, el propio Ministerio de Salud pidió a los sanitarios que no trabajan directamente con pacientes con covid-19 que compraran sus propios EPI. Finalmente, tanto los trabajadores que atienden a pacientes con covid-19 como los que no, tuvieron que comprar sus equipos de protección.

En Sudáfrica, a finales de mayo, los técnicos auxiliares sanitarios lamentaban no haber recibido ninguna formación sobre la utilización de los EPI. Además, aseguraban tener un solo par de guantes y una mascarilla desde que comenzó la pandemia.

En Madagascar, el personal médico también ha denunciado la falta de equipamiento así como el impago de los seguros de riesgo.

En Namibia, enfermeras de un hospital de la capital del país denunciaron en agosto que no contaban con la organización interna en el hospital para saber quién atendía pacientes con covid-19 y quién no. Y si protestan o cuestionan cómo se están haciendo las cosas, las amenazan con un despido.

Al mismo tiempo, en Marruecos, la Federación Nacional de Médicos Anestesistas y Reanimadores ponía el acento sobre la misma falta de organización y el peligro que conlleva.

En México y Panamá médicos y enfermeras han denunciado tener que comprar sus propios EPI. También señalan que cuando alguna compañera se contagia y coge la baja, no se busca una sustitución, sino que reparten el trabajo entre el personal disponible, aumentando considerablemente la carga de trabajo.

Impagos y salarios insuficientes

Los profesionales de la salud no solo han tenido que hacer frente a la inseguridad de trabajar sin el equipamiento adecuado, sino que también se han encontrado en situaciones donde no han sido retribuidos tal y como previamente se había acordado.

En Nigeria, 19.000 médicos hicieron una huelga en junio para reclamar los pagos no cumplidos al personal sanitario. Del mismo modo, a finales de agosto en Costa de Marfil y en Guinea Bissau se organizaron huelgas del sector sanitario con similares demandas.

En tres comarcas de Kenia, a principios de septiembre todo el personal sanitario se puso en huelga para reclamar subsidios para la formación médica sobre la covid-19. También se reivindicó la revisión para el posible cambio de los altos funcionarios sanitarios de la región por incompetencia.

Los médicos de Guinea Conakry denuncian que el Gobierno no les paga las retribuciones económicas prometidas durante los meses de pandemia argumentando que son más médicos en el país, 3.000, cuando según este colectivo no llegan ni a 1.000.

Tal y como informa Amnistía Internacional, por el hecho de denunciar estos problemas de seguridad y dignidad salarial, los trabajadores sanitarios han sufrido represalias por parte de las autoridades, las entidades contratantes. En algunos casos han sido incluso víctimas de violencia y estigma por parte de la población.

Discriminación y agresiones contra los sanitarios

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha documentado 611 casos de violencia, acoso y estigmatización en 40 países entre el 1 de febrero y el 31 de julio de 2020. Más del 20% de estos casos corresponde a agresiones físicas, 15% discriminación y 15% agresiones verbales o amenazas.

En México, el CICR ha documentado 74 casos de violencia contra el personal y las instalaciones sanitarias desde el comienzo de la pandemia. Estos casos incluyen agresiones físicas y discriminación a los trabajadores y daños a clínicas, hospitales y ambulancias.

En Colombia, enfermeras denuncian haber recibido agresiones verbales así como amenazas de muerte por parte de familiares de pacientes fallecidos por covid-19. Las acusaban de recibir dinero del estado por cada muerte que reportaban. Un médico denuncia  que sus vecinos le han obligado a dejar su casa y otro que han amenazado de muerte a su familia si no abandona su hogar.

Médicos y enfermeras en Malawi denuncian haber sufrido agresiones verbales y físicas por parte de la población. Estos profesionales se han visto discriminados en sus comunidades religiosas así como en espacios como el autobús, donde otros pasajeros a través de sus comentarios los han obligado a bajar y tener que coger un taxi para ir al trabajo.

Un médico explica que no le quisieron alquilar una vivienda por ser médico y el miedo a que fuera portador de la covid-19.

La pandemia ha puesto de relevancia la importancia tanto de los sistemas sanitarios como de su personal. Aunque generalmente se reconoce la esencialidad de su trabajo, no siempre trabajan bajo las mejores condiciones laborales o salariales. Es importante que como sociedad exijamos que el personal sanitario esté seguro tanto dentro como fuera de su lugar de trabajo y que se retribuya decentemente su trabajo.

Este artículo ha sido publicado originalmente en The Conversation