Otras miradas

La crisis humanitaria que se vive en la Cañada Real exige una respuesta inmediata

Ignacio Campoy Cervera

Profesor Titular de Filosofía del Derecho Universidad Carlos III de Madrid y especialista en derechos de los niños

Tres mujeres caminan hacia sus casas en una calle sin asfaltar y repleta de charcos y barro en la Cañada Real. — Guillermo Martínez

En la Cañada Real Galiana de Madrid hoy hay más de 4.500 personas en situación de vulnerabilidad, de las que 1.800 son niños y niñas, malviviendo sin suministro eléctrico desde hace más de tres meses, en medio de la tercera ola de la pandemia covid-19 y del temporal Filomena, con una nevada histórica y la previsión de una bajada de las temperaturas de hasta 10 grados bajo cero. Las instituciones nacionales e internacionales de derechos humanos han exigido que se pongan los medios necesarios para terminar con esta situación. El Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid no han dado respuesta o han expresado su intención de ofrecer soluciones que resultan inadecuadas o imposibles de realizar o asumir. Desde el Gobierno de España tampoco se da una respuesta que pueda aplicarse, y la empresa encargada del suministro eléctrico en los Sectores afectados, V y VI, de la Cañada Real, la empresa Naturgy, tampoco ofrece ninguna solución que acabe con este corte del suministro eléctrico. Sin embargo, la gravedad de la situación exige que se tomen medidas con urgencia. La no acción, que también es una respuesta, supondría que necesariamente se terminasen produciendo consecuencias nefastas para todas esas personas. Como sociedad, ¿Vamos a permanecer impasibles, negándoles sus derechos y desamparando a esas personas en situación de vulnerabilidad, permitiendo este trato indigno a 1.800 niños y niñas? ¿No vamos a exigir a nuestros políticos, no vamos a actuar para que se les garantice inmediatamente a esas personas el necesario suministro eléctrico, entendiendo que sus derechos están siendo vulnerados, que el sufrimiento de esos niños y niñas es también el nuestro? 

Las respuestas que demos a estas preguntas nos definirán como sociedad y las acciones que emprendamos o dejemos de realizar, los valores y derechos que hagamos realmente efectivos pueden determinar nuestro presente y nuestro futuro. 

Nuestras sociedades están reaccionando de muy diferentes maneras ante acontecimientos significativos, como son los movimientos migratorios o la pandemia mundial provocada por la extensión de la covid-19, y nuestras decisiones nos van definiendo. Y es que tras las mismas está nada menos que la confrontación de valores básicos que permanecen en pugna desde hace siglos. Por una parte, se entiende la necesidad de respetar la igual dignidad de todas las personas y tomarse en serio los derechos humanos, que todas las personas somos interdependientes y hay un objetivo social común que es que todas puedan tener una vida humana digna; mientras que, por otra, se asume que en última instancia el hombre es un lobo para el hombre, las sociedades son necesarias para protegernos de los peores de nosotros, los derechos humanos son un ideal inalcanzable y los individuos sólo tienen que mirar por lo que es mejor para ellos y sus seres queridos siempre que con ello no dañen ilegítimamente a otras personas. 

Nuestros actuales modelos de Estados de Derecho asumieron los primeros valores. Son los que recoge la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que es de obligado cumplimiento en España desde 1990, y el resto de nuestra legislación. La situación actual de los niños y niñas en la Cañada Real supone una negación de esos valores superiores y, a su vez, una grave vulneración de sus derechos. Existe una clara obligación jurídica de las administraciones públicas y la empresa que realiza el suministro energético, Naturgy en este caso, de garantizar que se siga prestando el servicio. Su incumplimiento supone una violación grave de las obligaciones jurídicas y un gravísimo atentado respecto a los valores que nos identifican. Recordemos que tanto la Convención de Naciones Unidas como la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor obligan a las administraciones públicas y a las instituciones privadas a que cuando sus decisiones afecten a los niños la consideración primordial ha de ser garantizar los derechos del niño, y que en la Observación Nº 16 del Comité de los Derechos del Niño se reconoce, con explícita referencia al suministro energético, que "es importante destacar que los Estados no están eximidos del cumplimiento de las obligaciones que han asumido en virtud de la Convención cuando externalicen o privaticen servicios que afecten a la efectividad de los derechos del niño". 

Ante la crisis humanitaria que se vive en la Cañada Real, las administraciones públicas y la empresa Naturgy están obligadas moral y jurídicamente a garantizar el restablecimiento inmediato del pleno suministro de la electricidad. Como sociedad no podemos permitir ninguna otra respuesta.