España vuelve a situarse a la vanguardia una vez más, en esta ocasión en el ámbito de la movilidad, con la entrada en vigor de la reforma legal que limita a 30 kilómetros la velocidad en calles de un único carril.

Una medida que va a revolucionar de forma tranquila la movilidad en el centro de nuestras ciudades y va a permitir el avance hacia una movilidad más segura, más sostenible y menos contaminante, que nos permita también desde este ámbito combatir los efectos perversos del cambio climático. Una tarea y una responsabilidad compartida sobre la que debemos trabajar, no solo desde el Gobierno de España, sino también desde los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos.

El compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con la regeneración urbana y la movilidad sostenible, como dos ejes trasversales del diseño del país sobre el que queremos avanzar en el futuro, es firme desde el inicio de la legislatura, y también ahora vemos un impulso decidido en las inversiones que se presentan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Un proyecto enviado ya a las instituciones europeas que destina más de 13.000 millones de euros en inversiones de la estrategia de movilidad sostenible, segura y conectada, y más de 6.800 millones de euros para las políticas de rehabilitación de vivienda.

Pero también es firme en el impulso de medidas concretas y eficaces para hacer ciudades más sostenibles, saludables y sanas, en definitiva, más humanas, como con el nuevo límite de velocidad, que permitirá reducir la siniestralidad vial, sobre todo la que afecta a los colectivos más vulnerables; garantizar la fluidez de los desplazamientos realizados, y reducir el impacto de la circulación en la calidad del aire de las ciudades.

Según muchos estudios, entre otros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), reducir la velocidad de 50 a 30km/hora permite reducir cinco veces la mortalidad en los accidentes de tráfico, además de reducir los niveles de contaminación, los atascos y permite conciliar mejor la convivencia entre vehículos, transporte público, ciclistas y peatones.

Este 11 de mayo ha entrado en vigor el Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifican el Reglamento General de Circulación y el Reglamento General de Vehículos y pone en marcha España 30. El mismo día que conocemos la decisión del Tribunal Supremo que avala la sentencia del TSJM que tumba, por defectos de forma, la medida que estableció el ayuntamiento de Madrid, Madrid Central, que reducía el tráfico y la contaminación en el centro de la capital. Una medida que fue pionera y ejemplar y que tarde o temprano tendrá que ponerse en marcha de nuevo porque la Ley del Clima prevé en nuestro país que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes tengan zonas de bajas emisiones en 2023 para garantizar la buena calidad del aire.

Que coincidan en el tiempo demuestra que tenemos dos formas distintas de entender el futuro, la de un Partido Popular que mira siempre al pasado y accedió a la alcaldía de Madrid batallando contra el cambio climático y atacando una movilidad más sostenible, y la propuesta de reducir la velocidad a 30 kilómetros por hora con la que el PSOE y el Gobierno nos alineamos con las políticas verdes europeas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las recomendaciones de Naciones Unidas.