El próximo viernes se reúne el G7, es decir, los siete países más poderosos de Occidente, para empezar "la revuelta contra los paraísos fiscales", según varios medios. Se habla, se comenta, se festeja incluso, la llegada de un impuesto mínimo mundial de sociedades: un mínimo del 15%, vayan donde vayan.

Solo de imaginarlo (y mira que sigue siendo poco) suena a hito histórico, a meta de la humanidad, a algo de justicia económica, al fin del medioevo fiscal, del abuso de unas democracias más que imperfectas, perfectamente injustas y controladas por el poderoso caballero.

Podría ser el principio del fin de la impunidad fiscal de los más ricos, podría poner puertas al campo de la ingeniería financiera que convierte a todos los contribuyentes de las rentas del trabajo en auténticos idiotas, estafados del sistema que votamos y financiamos, súbditos de las empresas porque nos dan trabajo, vasallos del siglo XXI, tanto nosotros como nuestros gobiernos.

Y es que resulta que ahora suena factible porque  a Biden, que se va a gastar más de 2 billones de dólares en un gigantesco plan de infraestucturas para reconstruir su economía tras la Covid, le parece intolerable que casi una de cada cinco de las mayores corporaciones de Estados Unidos pagaran cero en impuestos federales en 2019.

(Biden, el candidato elegido para animar más a los electores de Trump a no votar que a los suyos de lo contrario, ahora resulta que quizá revolucione. El blanco gris, burócrata, católico y viejo, tan lejos de las minorías empoderadas de las que se espera todo, podría convertirse en el líder improbable que, sin nada que perder, cambie las cosas, aunque sea un poco. ¡Qué rara la democracia! La justicia fiscal, que en estos tiempos sería la justicia más revolucionaria, podría llegar pronto de la mano del presidente norteamericano con más pinta de carca).

Y, tras mi perplejidad, más hechos esperanzadores: Alemania, Francia, Italia, Canadá y Japón han aplaudido al instante la propuesta. Solo Gran Bretaña remoloneó un poco aunque ya ha augurado para el viernes "un progreso sustancial" en esta cuestión. Es decir, que anuncian unanimidad entre los 7 países más poderosos de este lado del globo.

No cabe duda de que el camino será largo y arduo. La mezquindad y el nacionalismo (que no es más que mezquindad de grupo) jugará su parte como siempre hace en las relaciones internacionales.

Estados Unidos quiere un suelo del 21% para no hacerse la competencia a sí mismo;  Irlanda lo querrá del 12,5%, que es lo que le ha convertido en un semiparaíso fiscal europeo entre otros europeos más paradisíacos:   Hungría, el 9%; Holanda, el 5% y  Luxemburgo, vete tú a saber. En ese ducado minúsculo Amazon tiene su sede europea, que declaró pérdidas de 1.200 millones de euros en 2020 después de facturar 44.000 millones en el continente en ese mismo año, según una información de Xavier Vidal Folch, para El Pais.

Además, habrá pulso para hacer prevalecer que paguen donde operen, sobre si sostener el impuesto a las tecnológicas que ha aprobado la Unión Europea o incluirlo en este paquete más ambicioso, como quiere Estados Unidos.

Conviene recordar que la capacidad de dilatar negociaciones cuando hablamos del dinero importante se multiplica exponencialmente. Por ejemplo, Luxemburgo (otra vez) paralizó durante 14 años la directiva sobre fiscalidad del ahorro. Y ahora los estados podrían, en algunos casos, duplicar sus ingresos fiscales. Hablamos de pasta contante y sonante. Hablamos de hacer a los gobiernos más útiles, de darles fondos suficientes para  que dejen de desmantelar el estado del bienestar y empiecen a inventar un futuro.

En España, por ejemplo, si se aplica el tipo del 15%, la recaudación por sociedades podría pasar de los 15.800 millones de euros de 2020, a más de 30.000 en 2021, si la medida llegase a tiempo.

La OCDE calcula que Europa superaría los 200.000 millones más de recaudación. Otros expertos más optimistas hablan de más de 500.000, lo que calculan que las multinacionales desvían cada año a paraísos fiscales.

En definitiva, se trata de la armonización fiscal en el mundo. Esa que tampoco existe en España y que la OCDE señaló en un informe el mes pasado. Llamó "paraíso fiscal interno" a Madrid. La puso junto a Suiza. Describió cómo los ricos españoles emigran a esta comunidad porque pagan 0 como impuesto de patrimonio y porque el de sucesiones también es súper ventajoso, bonificado al 99%.

Sin embargo, más allá de Madrid, el péndulo giró (o eso parece). Tanta desigualdad ya no es negocio. Los privilegios fiscales más obscenos ya no están de moda, ni en los foros más conservadores. Hasta los grandes organismos económicos del mundo intentan ponerle coto. El FMI lleva tiempo en esa línea, cambiando completamente de tercio.

Y es que 114 millones de personas más cayeron en la pobreza extrema durante 2020, según el último informe de Naciones Unidas y quizás a alguien ha empezado a darle miedo tanta desigualdad no solo entre países, sino también dentro de las fronteras más prósperas.

El péndulo giró, repito (o eso parece); aunque tal vez en España, como ya es tradición vayamos a destiempo.

En cualquier caso, no nos quedemos en nuestro ombligo, no perdamos de vista las peleas importantes. Follow the money, no le perdamos ojo, por más que este tema tan crucial no salga en ninguna portada.