Otras miradas

Son presos políticos

Laura Castel Fort

Senadora ERC y miembro de la PACE

Los condenados del procés, durante el juicio en el Tribunal Supremo. Foto: EFE

El jueves la Comisión Jurídica y de Derechos Humanos de la PACE (Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa) determinó que en España hay presos políticos, que deben salir de la cárcel inmediatamente, (vía indulto o de otra manera, cosa que abre la puerta a la amnistía), que se deben retirar los cargos a los exiliados y otras consideraciones que representan un mazazo a la línea seguida por los diferentes gobiernos, fuerzas políticas y judicatura españoles, respecto al movimiento independentista.

Se trata de una propuesta que deberá debatirse en el pleno de la Asamblea Parlamentaria, el próximo lunes 21. Y una vez este informe y propuesta sean aprobados, se convierten en un documento de obligado cumplimiento por parte de su destinatario. Por esta razón, entendemos desde ERC, que sus conclusiones confirman un cambio de paradigma en el tratamiento dado a los presos políticos catalanes.

La PACE es un organismo de prestigio en referencia al Estado de Derecho, la democracia y los Derechos Humanos, porque establece los estándares a partir de los cuales se deben regir los Estados miembros. Por lo tanto, este informe tendrá repercusiones.

Los diversos organismos del Consejo de Europa, ya sea la propia Comisaria Europea de Derechos Humanos, o la Comisión de Venecia, o el GRECO, o el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entre otros muchos, se rigen por los estándares que se van elaborando desde la PACE y el Consejo de Ministros.

El informe constata que se han producido vulneraciones de Derechos Humanos respecto a los líderes independentistas. Por primera vez podemos afirmar que, una vez quede definitivamente aprobado este informe, una organización internacional especializada en el Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos, define los presos independentistas como presos políticos y denuncia las variadas vulneraciones sufridas. Recordemos que ya en el 2019, el Working Group de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas y diversos Relatores también de Naciones Unidas, publicaron informes y conclusiones que hacían un llamamiento a la excarcelación de los líderes independentistas, y denunciaban vulneraciones de derechos.

El informe del jueves también critica la teoría esgrimida por la Fiscalía española de la "violencia sin violencia", y concluye que no existió; constata la despenalización de la convocatoria de referéndums en el 2005 y por lo tanto, "nulla pena sine lege"; constata que no pudo haber ocasión para la malversación con las finanzas de la Generalitat intervenidas por el 155; y exige a las autoridades españolas que no hagan renunciar o abjurar de las ideas políticas y las convicciones propias o el arrepentimiento de los líderes independentistas, para conseguir los indultos o una mejora de grado penitenciario.

Hay que tener en cuenta que el ponente de este informe es uno de los parlamentarios con mayor prestigio y de los más antiguos de la PACE. Que ha elaborado multitud de informes, que ha demostrado neutralidad en su elaboración, y ha procedido, en su trabajo de campo a entrevistarse con las dos partes, incluyendo entrevistas con exmagistrados del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Yo recomiendo una lectura detallada del memorándum, especialmente al Ministerio de Asuntos Exteriores.

Porque resulta irónico que el Ministerio emita un comunicado afirmando que el informe "del Consejo de Europa avala la actuación de España en relación a los políticos independentistas catalanes" y paralelamente, los representantes del Partido Socialista y del Partido Popular presentes en la Comisión (y únicos representantes españoles, porque afirman que esta Comisión debe ser para estos dos partidos) votaban en contra del informe. Estos representantes defendieron una veintena de enmiendas y prácticamente todas se rechazaron con contundencia. Se trata de una postura que ilustra el esfuerzo del Ministerio para endulzar un informe que revienta las costuras de la estrategia seguida con Catalunya.

Finalmente, otra de las medidas que pide el informe es la instauración de un diálogo constructivo. Nosotros, no nos hemos levantado de la Mesa de Diálogo. Es el turno del Presidente del Gobierno español demostrar que tiene talante, fuerza y valentía para resolver políticamente, lo que lleva pidiendo la ciudadanía catalana mayoritariamente en más de un 80%: resolver este asunto votando. Sánchez sabrá de qué lado está: derechos humanos o represión; diálogo o judicialización; prestigio o vergüenza.