Otras miradas

Aquí huele a odio

El exsecretario de Organización de Podemos y diputado Alberto Rodríguez durante su juicio en el Tribunal Supremo este martes por atentado a agentes de la autoridad y lesiones leves por dar presuntamente una patada a un policía en una protesta de 2014 en La Laguna (Tenerife). EFE/J.J. Guillén POOL

La semana pasada fuimos testigos de cómo un grupo de nazis se manifestaban en el barrio madrileño de Chueca, un lugar conocido por ser frecuentado especialmente por el colectivo LGTBI. Los asistentes gritaron entre otras cosas perlas como "fuera sidosos de Madrid" o "fuera maricas de nuestros barrios" en una clara provocación a todo el colectivo.

La marcha, registrada en la delegación del Gobierno por el ultraderechista Alberto Ayala de Cantalicio, en nombre de dos organizaciones vecinales, campó a sus anchas por el centro de Madrid, saludo brazo en alto ante la perplejidad de quienes suelen frecuentar o viven en el barrio emblemático gay friendly.

La misma semana se producía el juicio a Alberto Rodríguez, diputado de Unidas Podemos en el Congreso. El diputado ha asegurado que los hechos de los que se le acusan son "falsos" y niega que diera una patada a un agente en una manifestación en La Laguna (Tenerife) porque "los hechos no ocurrieron" ya que él "estaba a 500 metros" del mismo. Al ser preguntado por la fiscal sobre por qué entonces hay un agente acusándole de agresiones, Rodríguez explicó que "hay un montaje policial con intención de recriminar a determinadas caras visibles del activismo social de la isla". En el juicio al diputado no hay ninguna prueba que le incrimine, tan sólo la palabra del agente contra la suya.

No es la primera vez que ocurre que tras una protesta se pide prisión a alguien y se tienen que enfrentar dos versiones, considerándose solo válida la de la policía. Sin embargo, se ha demostrado con el trascurso de los años y de varios tipos de protestas que la Policía no siempre dice la verdad, y que tienen lugar montajes como el del 4F, también conocido con el nombre de Ciutat Morta, título del documental que habla del caso, en el que se culparon a varios jóvenes okupas de golpear a un mosso y dejarle en coma. Ninguno de los acusados resultó ser culpable, y una de las detenidas, Patri Heras, terminó suicidándose.

Por mencionar algo en primera persona, y salvando las distancias, en su momento fui acusada de desacato a la autoridad, en el que se me culpaba por haber gritado a la Policía e insultarles, cuando mi delito real fue realizar algunas fotos incómodas a unos agentes que estaban pegando a varios manifestantes. Cualquiera que se haya manifestado, que haya luchado por sus derechos y los de los demás, cualquiera que se haya manifestado sin ser nazi quiero decir, sabrá que la Policía tiene esa doble vara de medir y esa interpretación tan subjetiva y aleatoria a veces de lo que es legítimo o no.

Esa doble vara de medir es la que permite que grupos de extrema derecha siempre se hayan podido manifestar o ir a clubes de fútbol mostrando clara simbología neonazi, algo que por otro lado tampoco está prohibido en el código penal, y que debería rectificarse ipso facto. En Alemania, el Código Penal tipifica desde 2005 la exaltación del nazismo como delito de incitación al odio racial y contempla penas de hasta 3 años de cárcel. En nuestro país, la joven fascista , Isabel Peralta declaró al pueblo judío "enemigo". La Fiscalía abrió una investigación por delito de odio y la jueza archivó la causa sin practicar una sola diligencia.

Sin embargo, a la actriz y monologuista Pamela Palenciano, autora de 'No sólo duelen los golpes',  se le acusa de delitos de odio contra los hombres, al haber sido admitida a trámite una querella contra ella por parte de  la llamada "Asociación Hombres Maltratados", que a su vez forma parte de un bufete de abogados de Madrid.

Pero, ¿qué es lo que está permitiendo que se criminalice la protesta de izquierdas mientras se permite el delito de odio de grupos nazis? No nos podemos olvidar del pasado reciente de nuestro país y de cómo no se restauró una verdadera democracia donde hubiera memoria, justicia y reparación. No podemos olvidar que en nuestro país existen miles de fosas de desaparecidos por una dictadura franquista a la que no se castigó. Esa impunidad de entonces es la que aún ahora aparece en la judicatura de nuestro país y en las estructuras del sistema. Necesitaremos un tiempo, mucha lucha por los derechos humanos y paciencia para terminar con los últimos resquicios franquistas.