Otras miradas

El Estado no nos representa (todavía): mi aprendizaje en el Gobierno

María Teresa Pérez

Directora general del Instituto de la Juventud y secretaria de Acción Institucional de Podemos

Mientras tomaba café hace unos días con una alta funcionaria del Estado y debatíamos sobre teletrabajo y pormenores de la oficina, me contó que sufrió un choque de realidad cuando, por motivos que no vienen al caso, esa mañana tuvo que visitar una fábrica a las afueras de Madrid y conoció a las personas que iban todos los días a currar allí, en un polígono a dos horas de sus casas donde el transporte público más cercano les deja a media hora caminando. Mi respuesta fue: "Ya, esa gente son los míos, son mis padres".

Actualmente soy la directora general de esa alta funcionaria y, durante ese café, le conté que mi madre hacía zapatos en casa sin contrato hasta que se destrozó las manos y tuvo que prejubilarse -sin derecho a nada, claro-, y que mi padre, entre despido y despido, pica piedra en una cantera siendo minero de exterior con 60 años. Ya como alto cargo de gobierno he pasado mi verano tramitando los papeles del paro del hombre más trabajador y entregado que conozco.

Aunque mi familia y yo misma sentimos mi nombramiento casi como un justo ajuste de cuentas o un pago simbólico de una deuda con mi gente, con mi clase, soy consciente de que mi presencia en el Estado es casi insignificante desde una perspectiva individual, pero no desde la colectiva.

No sé si es por el paternalismo y la condescendencia que encuentro cada día en esas altas esferas por ser mujer y por ser joven, no sé si es por ser de un pueblo del interior de una provincia de periferia, no sé si es por venir de una familia humilde y ser la única que ha podido llegar a la universidad, no sé si es por ser de izquierdas y tener conciencia de clase… No sé si es por un cúmulo de todo ello, pero lo cierto es que algunos días consiguen hacerme sentir fuera de lugar, una impostora invadiendo sus espacios, consiguen hacerme dudar de mi capacidad, sin embargo, jamás van a conseguir que dude de que merece la pena luchar por nuestros objetivos, por equilibrar la balanza, por reducir las desigualdades, por conquistar un poco más de justicia social.

A menudo recuerdo la reflexión que hace Pablo Iglesias sobre el Estado como zona estratégica. De hecho, la avispada oligarquía siempre supo del carácter estratégico del Estado y por ello lo adoptó como su cortijo imponiendo una cláusula de exclusión a las clases populares. Esa exclusión, no nos engañemos, no es solo a que ocupemos asientos en el poder político a título representativo es, sobre todo, a que defendamos los intereses de las mayorías sociales y demos respuesta a sus necesidades.

El hecho de que esa gran estructura administrativa haya respondido tradicionalmente a los intereses de los poderes económicos y que la derecha y la ultraderecha la hayan utilizado a su antojo, hace que todavía sintamos cierto recelo o simplemente, indiferencia por considerar que tiene poca utilidad como herramienta de transformación. Incide todavía más en esa sensación que hayan tenido de su lado la poderosa baza de los medios de comunicación conservadores que dominan, a veces con guante de seda pero siempre con puño de hierro, el ecosistema mediático y cultural español. Con todo, es un error darlo por perdido.

Es un error porque el Estado es un terreno clave para la lucha de clases, es lo que permite materializar avances para la gente trabajadora. Por ello las izquierdas deberían dejar de percibirlo como algo ajeno. En Unidas Podemos lo sabemos bien y nuestra voluntad de poder ha puesto en guardia a todas las estructuras del sistema que no quieren perder su tesoro. Hemos destapado lo mucho que debemos cambiar todavía para que España sea lo que dicen los papeles que es: un Estado democrático, de derecho y de bienestar, con un sistema de gobierno donde todos los poderes emanan del pueblo.

Existe una imperiosa necesidad de reformar el acceso a la judicatura y ofrecer ayuda a quien no pueda permitirse ser juez o fiscal porque no tiene una red familiar que pueda mantenerle durante cinco años de oposición, pero también urge renovar de una vez el caducado órgano de gobierno de los jueces, un Consejo General del Poder Judicial legitimado por el Parlamento que sea representativo de la sociedad a la que juzga.

No menos importante es la necesidad de reforzar el Estado del Bienestar que es el que, respondiendo a una voluntad política determinada que priorice la protección social poniendo a disposición de la gente todo el poder de lo público, tiene la capacidad de cuidar a un enfermo que necesita atención sanitaria, de ayudar a que un autónomo pueda mantener su negocio abierto cuando viene una crisis de consumo o de garantizar mediante la educación pública las mismas oportunidades para la hija de una aparadora y un cantero que para la hija del directivo de un banco o de un rey.

Y lo cierto es que todo ello, ese proyecto de país democrático, no se entiende bajo una monarquía hereditaria que no se somete a la libertad de elección de sus ciudadanos y que se siente intocable e impune, haga lo que haga, al igual que otras instancias del Estado profundo. De hecho, ese proyecto de Estado democrático solo se entiende bajo un marco republicano basado en unos valores de igualdad, justicia, solidaridad y fraternidad. Por tanto, seamos conscientes de que por primera vez en mucho tiempo tenemos la mayoría parlamentaria y estamos en el Gobierno, y por tanto estamos en una posición inédita para democratizar a fondo el Estado y ponerlo de una vez al servicio de la gente.

Hagámoslo por todos esos trabajadores y trabajadoras que se levantan a las cinco de la mañana para irse a un polígono a dejarse la salud para pagar las facturas, por los y las pensionistas que merecen una vejez digna, por las mujeres que siguen sufriendo discriminaciones y por los jóvenes que quieren construir un país mejor. Por todos ellos y ellas debemos seguir trabajando cada día, haciendo que se respeten sus derechos, derogando la reforma laboral, subiendo el salario mínimo, defendiéndonos ante (o de) las eléctricas, blindando los servicios públicos y cuidando nuestro entorno, pero también diciendo las verdades que la prensa calla y gritando que la justicia no es igual para todos, en definitiva, debemos seguir empujando para transformar nuestro país. Y ya os digo yo que esa voluntad de asumir altas responsabilidades con la vista puesta en un objetivo colectivo y en el interés general no la tenemos todos por igual pero como siempre, a pesar de los obstáculos, las hijas de los trabajadores seguimos abriendo camino.