Otras miradas

Los recursos naturales saharauis y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Juan Soroeta Liceras

Profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

Los recursos naturales saharauis y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Desfile de las tropas saharauis durante la celebración del 45 aniversario de la declaración de la República Árabe Saharaui Democrática. — STR / Dpa / EUROPA PRESS

El día 30 de septiembre de 2021, el Tribunal General (TG) dictó dos sentencias resolviendo sendos recursos presentados por el Frente Polisario contra las decisiones del Consejo que aprobaban dos acuerdos de pesca y de libre comercio entre la Unión Europea y Marruecos. Aunque desde los años ochenta los sucesivos acuerdos de pesca se venían aplicando en el territorio y en las aguas saharauis, nunca se mencionaba al Sahara Occidental, recurriendo a la equívoca expresión de "aguas bajo jurisdicción marroquí". Como consecuencia de los procedimientos judiciales instados por el movimiento de liberación nacional saharaui desde 2012, las instituciones europeas se vieron obligadas a incluir en los acuerdos recurridos, por primera vez de forma expresa, tanto el territorio como las aguas jurisdiccionales saharauis.

El TG ha declarado nulos ambos acuerdos por no cumplir un requisito establecido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en 2018: para que tales acuerdos sean acordes con el Derecho internacional y se puedan aplicar en el Sahara Occidental, deben contar con el consentimiento del pueblo saharaui.

Las instituciones de la Unión Europea (Comisión, Consejo y Parlamento) pretendieron haber cumplido con este requisito sustituyendo el consentimiento del pueblo saharaui por una consulta con las "poblaciones concernidas", es decir, con las asociaciones de colonos marroquíes instaladas en los territorios ocupados. Cabe recordar que la opinión de los colonos no solo es irrelevante, por no formar parte del pueblo saharaui (implícitamente lo ha afirmado el TG en su sentencia), sino que además es ilegal, pues su mera presencia en el territorio constituye una violación de la IV Convención de Ginebra, que prohíbe el traslado de población del territorio del Estado ocupante al territorio ocupado. Por si fuera poco, estas "consultas" ignoraron además a la población saharaui que vive en los territorios ocupados, a la que reside en los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia) y al propio Frente POLISARIO. Era una auténtica aberración jurídica que el TG difícilmente podía aceptar. Afortunadamente, en esta ocasión no ha habido sorpresas y el tribunal ha aplicado el Derecho internacional de forma impecable. Crucemos los dedos para que el TJUE haga lo propio en caso de que se recurra la sentencia.

Sin duda, se trata de la mayor victoria en sede judicial europea del Frente Polisario. Entre otras cosas, el Tribunal ha zanjado de una vez por todas la cuestión de su capacidad legal para actuar ante los tribunales de la Unión Europea en representación del pueblo saharaui, una cuestión procesal que podía haber cerrado las puertas a futuros procedimientos. Y es que, pese a la claridad de las resoluciones de los diferentes órganos de la ONU, que consideran al Frente Polisario "único y legítimo representante del pueblo saharaui", las instituciones europeas y ¡nuestro propio país! defendieron ante el TG que ni es un movimiento de liberación nacional, ni representa al pueblo saharaui...

Aunque serán recurridas por las instituciones europeas y, lamentablemente, España participará en ese recurso, violando así una vez más sus obligaciones como potencia administradora del territorio, ambas sentencias suponen el reconocimiento expreso de que, mientras el pueblo saharaui no ejerza su derecho a la libre determinación, no se podrán explotar legalmente los recursos naturales del Sahara Occidental, porque el Frente Polisario ha afirmado con rotundidad que nunca dará su consentimiento a un acuerdo entre Marruecos y la Unión Europea que tenga ese objetivo.

Por ello, consciente de que, de conformidad con el Derecho internacional, es el único que puede hacerlo, el movimiento de liberación saharaui ha anunciado su intención de negociar con las empresas pesqueras españolas que lo deseen y de concederles las licencias de pesca necesarias, aunque a nadie se le escapa que, de faenar con licencias saharauis, estos buques tendrán que vérselas con las patrulleras marroquíes, que controlan ilegalmente las aguas jurisdiccionales saharauis.

Sin duda, se trata de un paso más hacia el aún difícil objetivo de conseguir la descolonización del territorio, mediante la celebración de un referéndum de autodeterminación. En la búsqueda de este objetivo, el pueblo saharaui está utilizando todas las vías que le ofrece el Derecho internacional.

En primer lugar, la vía política, en el marco de las negociaciones de las Naciones Unidas, encallada desde hace casi dos décadas como consecuencia del veto francés a la celebración del referéndum previsto en el Plan de Paz, con un censo que ya fue confeccionado en 2000 por la Minurso.

En segundo lugar, la vía armada. Aunque Marruecos lo trate de ocultar, el conflicto armado se mantiene activo desde noviembre de 2020, cuando, ante la lamentable pasividad de la ONU, el pueblo saharaui se vio obligado a retomar las armas, un derecho que, debe recordarse, le reconoce la propia Organización.

Finalmente, la vía judicial. La sentencia de la semana pasada constituye un elemento más de presión, quizás el más importante, sobre la ONU y sobre la Unión Europea para que ambas organizaciones busquen una solución definitiva que sea conforme con el Derecho internacional a un conflicto que afecta de forma permanente a la imagen y credibilidad de la primera y a las relaciones que mantiene la segunda con Marruecos. Cabe recordar que en pleno siglo XXI sigue pendiente la delimitación de las fronteras marítimas entre Marruecos, España y el Sahara Occidental.

Esperemos que, si esta sentencia es recurrida, el TJUE confirme que el pueblo saharaui es el único soberano a la hora de decidir sobre la explotación de sus recursos naturales. Si es así, se habrá dado un paso de gigante hacia la descolonización del último territorio africano y hacia la liberación de un pueblo hermano que desde hace ya casi medio siglo sufre las consecuencias de la irresponsabilidad de nuestro país y de la comunidad internacional.

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