Otras miradas

La necesidad de otra pedagogía en derechos humanos

Iñaki Rivera Beiras

Director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona

Un furgón de la Guardia Civil hace entrada en la cárcel de Segovia este 4 de noviembre de 2021. /PABLO MARTIN (EFE)

En el día de hoy se ha hecho público el Informe presentado por el Comité para la prevención de la tortura y otros tratos o penas  inhumanas o degradantes del Consejo de Europa (CPT, en adelante). También ha sido publicada la respuesta del Gobierno del Estado. Dicho informe puede calificarse como "demoledor" en lo que respecta a las condiciones de diversas formas de privación de libertad en España y corresponde a la visita efectuada entre el 14 y 28 de septiembre de 2020. La privación de libertad a la que se alude en el Informe constituye un espectro amplio: la vida en Centros penitenciarios desde luego, pero también en Centros para menores, para mujeres, Unidades psiquiátricas penitenciarias, comisarías de distintas policías y también situaciones de detención, desde el momento en que una persona no pueda marcharse por su voluntad porque queda detenido a disposición de un agente de la autoridad del Estado. Pues bien, ninguna de esas situaciones se salva de ser duramente cuestionada por el organismo oficial europeo en lo que atañe a la violación de derechos de las personas privadas de libertad. Llama la atención como se verá, incluso el lenguaje empleado en el Informe en diversas ocasiones.

Lamentable desinterés del Gobierno español. Los centros penitenciarios

Baste citar algunos ejemplos, con la advertencia de que por cuestiones de espacio los mismos son una pequeña muestra de lo que el mismo contiene. El CPT califica de "decepcionante" y "lamentable" tener que reiterar recomendaciones no atendidas en los últimos años (en alusión al anterior informe del mismo organismo internacional) en materia, por ejemplo, de creación de un Registro de casos de malos tratos y torturas. Asimismo, indica, en las cárceles de hombres adultos visitadas, la delegación del CPT recibió un gran número de denuncias consistentes y creíbles de malos tratos físicos recientes por parte de funcionarios penitenciarios, que consistieron principalmente en bofetadas en la cabeza y el cuerpo, puñetazos, patadas y golpes con porras. En varios casos, los presuntos malos tratos fueron respaldados por lesiones documentadas por la delegación o anotadas en el historial médico de la persona. La delegación también recibió varias denuncias creíbles de personas a las que se les había sometido las plantas de los pies a repetidos golpes de porra; un método de tortura conocido como falaka (bastinado). El Informe detalla mucho más los casos concretos en los párrafos que va enumerando.

Actuaciones y comisarías de la Policía

Tras solicitar, por enésima vez, la derogación del régimen de incomunicación, el CPT vuelve a pedir que los abogados puedan entrevistarse en privado con las personas detenidas, que éstas tengan real acceso a médicos en condiciones de privacidad sin policías presentes en la realización de reconocimientos tras ser privados de libertad (tal y como ordenan las normas internacionales), que los interrogatorios se graben y se conserven dichos registros, que puedan tener acceso a luz natural y un patio y, en fin, que las garantías plasmadas en las normas jurídicas no se queden en el campo del deber ser, sino que se cumpla la legalidad.

Privación de libertad para mujeres

El Informe citado reclama que la privación de libertad de mujeres debe atender a sus necesidades específicas. Las reglas de Bangkok de las Naciones Unidas, aprobadas ya hace años, abrían un horizonte claro en esta materia invisibilizada, que el CPT demanda que sea contemplada en un universo diseñado con una mirada masculina e inaceptable.

Los centros psiquiátricos penitenciarios

También el Informe aborda el delicado tema de la salud mental en las cárceles y, en especial, en la Unidades penitenciarias psiquiátricas demandando al Gobierno que las mismas dejen de estar concebidas con criterios regimentales y no por otros de carácter estrictamente sanitario.

Reivindicaciones de la extrema derecha y reforma de Grande-Marlaska

Si a todo lo dicho se añade el anuncio del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de equiparar a los funcionarios penitenciarios a agentes de la policía, rompiendo el consenso estable de considerarlos funcionarios "civiles", asentado desde la Ley Penitenciaria de 1979, con el riesgo de una "policialización" del sistema penitenciario, entonces la situación de los derechos humanos en España cobra una especial gravedad y se orienta hacia un peligroso norte. Y no solamente peligroso porque esta reforma anunciada por el ministro coincida exactamente con las peticiones en el mismo sentido que vienen siendo formuladas desde la derecha y desde la extrema derecha (PP y Vox lo vienen reclamando hace años), que también; sino porque afectará de manera muy grave a los derechos fundamentales de las personas presas en España y porque encaminan al sistema penitenciario en su conjunto hacia una ruta de carácter puramente regimental y punitivista que se aleja cada vez más de la retórica rehabilitadora plasmada en el art. 25.2 de la Constitución Española.

¿Qué pedagogía para los derechos humanos en España?

El Informe del CPT publicado en el día de hoy, indica con claridad cuál ha de ser el rumbo en la pedagogía de los derechos humanos del sistema penal español: ese no es otro que el de la obligación doble que señala al Gobierno del Estado: 1) investigar con prontitud y rigor las denuncias por malos tratos que formulen las personas privadas de libertad, terminando con los archivos sistemáticos de las mismas; 2) transmitir a los funcionarios policiales y penitenciarios el mensaje inequívoco de la inadmisibilidad de la violencia institucional. La pedagogía a seguir en esta materia es clara y, afortunadamente, quedan organismos internacionales independientes que tras recibir las noticias, alertas y denuncias de las organizaciones sociales de derechos humanos, han demostrado que la verdadera observación de la privación de libertad transforma la naturaleza de la misma y hace que afloren estas situaciones. La pregunta es si el Estado español (que ha sido ya condenado en más de diez ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por no investigar las denuncias por torturas) se tomará en serio las recomendaciones del Informe del CPT en lugar de intentar contentar a los sectores más reaccionarios en esta materia.