Otras miradas

Fundamedios: ¿defensores de la libertad de expresión o de intereses particulares?

Miguel Calahorrano

CaminoEmbajador del Ecuador en España. Tiene un PhD en la Universidad de Montpellier y  un Master en la Universidad Salford, Manchester

Miguel Calahorrano Camino
Embajador del Ecuador en España. Tiene un PhD en la Universidad de Montpellier y  un Master en la Universidad Salford, Manchester

Sobre la noticia El Gobierno de Ecuador inicia el cierre de un observatorio de medios, publicada el 10 de septiembre en la edición digital-América de diario El País me permito aclarar lo siguiente:

La Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM) inició el proceso de disolución de la Fundación Andina para la Observación Social y el Estudio de los Medios (FUNDAMEDIOS), el 7 de septiembre de 2015, conforme al Reglamento del Sistema Unificado de Información de Organizaciones Sociales, que en su Art.22, numeral 2, contempla como causa de disolución de una organización "la desviación de los fines y objetivos para los cuales fue constituida".

El Art.6 del Estatuto vigente de Fundamedios cita: "La Fundación como tal no podrá ejercer asuntos de carácter político, racial, laboral...". Más adelante en el Art. 44 señala que: "La Fundación podrá ser disuelta por incumplir los objetivos propuestos en el Estatuto".

Su posible participación política se habría evidenciado en las alertas y boletines que Fundamedios emite mediante su web y redes sociales, donde además habría publicitado los blogs políticos de opositores al Gobierno.

Vamos a repasar brevemente algunos ejemplos de la actividad ejercida por Fundamedios. Esta organización se pronunció a favor del político de oposición Fernando Villavicencio, quien fue sentenciado por injurias calumniosas al Presidente Rafael Correa, cuando la policía allanó su vivienda bajo debido proceso y orden judicial de la Fiscalía del país. Sin embargo, no publicó ninguna alerta cuando Villavicencio agredió al periodista del canal público Ecuador Tv, José Luis Quinteros, durante las concentraciones convocadas por la oposición en la tribuna de los Shyris.

Fundamedios habitualmente ha defendido a diarios privados como El Comercio y El Universo por rectificaciones solicitadas por la Secretaría de Comunicación. Sin embargo, la Fundación no se ha pronunciado para manifestar su apoyo al diario público El Telégrafo, respecto de los juicios que enfrenta por solicitudes de rectificación interpuestas por particulares.

En entrevista con la Agencia de noticias Los Andes, el periodista del canal Público Ecuador TV César Tacuri, señaló que mientras cubría con su equipo una marcha indígena contra el Gobierno en la localidad de Zhud, en la provincia de Cañar, recibieron fuertes agresiones verbales y físicas por parte de los manifestantes, donde el líder opositor Carlos Pérez Guartambel pedía "que se retiren los medios correistas".

Ese mismo día, Fundamedios publicaba la siguiente alerta: "Equipo periodístico de medio estatal es conminado a retirarse de marcha indígena". Cabe preguntarse si puede ser éste el pronunciamiento de una organización que dice defender la libertad de expresión y el ejercicio periodístico. Según el periodista de Ecuador TV, ni él ni su equipo recibieron una llamada de César Ricaurte, director de Fundamedios, para conocer lo que había sucedido, ni cómo se habían producido las agresiones.

Hay más ejemplos, el  18 de septiembre de 2012 en el marco de una entrega de premios a la libertad de expresión en Argentina, César Ricaurte, director de Fundamedios, se negó a dar declaraciones a una periodista del periódico público El Ciudadano, a quien le contestó: "Ustedes no informan, ustedes vigilan...Usted no es periodista, es agente de persecución". Y me pregunto: ¿Puede un "defensor de la libertad de expresión y del ejercicio periodístico" dirigirse así a compañeros de su mismo gremio, sólo por el hecho de laborar en un medio público? (Ver vídeo minuto 6:45: https://www.youtube.com/watch?v=9wE2b9qPM0I)

En el año 2012 unos cables filtrados por Wikileaks desvelaron comunicaciones de la ex Embajadora de Estados Unidos en Ecuador, Heather Hodges. En dichos cables, la diplomática señalaba que conocidos periodistas de medios privados ecuatorianos eran informantes para Washington, sobre el clima político del Ecuador. La ex Embajadora se refería a tales periodistas como "sus contactos". Entre ellos se citaba al director de Fundamedios, César Ricaurte, al presentador del canal privado Teleamazonas, Jorge Ortiz, y al directivo de diario El Comercio, Alfredo Negrete.

Los cables filtrados nunca fueron recogidos por medios privados del Ecuador, los únicos medios que publicaron la noticia fueron: el diario público El Telégrafo, la Agencia Los Andes y la Agencia Xinhua, de la cual hay una nota de prensa del 1 de mayo de 2012, bajo el titular: "Conocidos periodistas ecuatorianos eran informantes de la embajada yanqui".

El 9 de septiembre de 2015, la Agencia de noticias los Andes señaló algunos datos relevantes respecto a la financiación de Fundamedios, los cuales podrían explicar la actividad política de la organización. La noticia señala que en 2014 la Fundación recibió $ 84.000 de la National Endowment for Democracy (NED), organización relacionada con la Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), y que además cuenta con el apoyo de Freedom House, entidad ligada a la derecha estadounidense.

Según la noticia, Fundamedios también habría recibido 5.000 dólares en 2011 por su participación en la Relatoría Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Libertad de expresión, en colaboración con la entonces relatora, Catalina Botero.

Estos son solo unos pocos ejemplos de la presunta actividad política de Fundamedios, los cuales apuntan a una desviación de su objetivo de desarrollo social recogido en su Estatuto de origen. Recordemos que el mismo Estatuto de Fundamedios establece que el incumplimiento de sus objetivos puede ser causa de disolución. (Art. 44).

Atendiendo a estos indicios, Fundamedios deberá enfrentar el proceso legal de disolución que le ha sido interpuesto, de acuerdo a lo que prevé el Reglamento legal vigente que rige para este tipo de organizaciones.

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