Samuel Martín-Sosa
Responsable de Internacional, Ecologistas en Acción

"Los test de detección de emisiones de los automóviles presentan problemas porque pueden habilitar el uso de dispositivos trucados que activen o modifiquen los sistemas de control de dichas emisiones con el objetivo de mejorar la efectividad de los mismos durante la realización de los controles."

Así de tajante lo afirmaba el Joint Research Centre, el centro de investigación dependiente de la Comisión Europea en un informe de 2013, dirigido a las autoridades comunitarias. La Comisión Europea conocía la situación pero reconoce que no hizo nada para evitarlo o investigarlo. Algunos gobiernos como el de Reino Unido también han reconocido que lo sabían. Eso les convierte en cómplices del fraude. Una vez destapada la trampa, la parálisis de las autoridades europeas es escandalosa. La Comisión Europea probablemente esté incurriendo en una dejación de funciones al no desempeñar el papel que le otorgan los tratados de vigilar por el cumplimiento de la legislación ambiental.

Es fundamental quitarnos la venda y reconocer que esto no es un caso aislado, sino que refleja una dinámica general de falta de control, plegamiento a las presiones de los lobbies y connivencia con los intereses de la industria. Es resaltable el hecho de que este escándalo se haya destapado a raíz de una investigación en EE UU: de no haber existido, este engaño podría haber pasado inadvertido en Europa muchos años más. Años en que los ciudadanos, a cuyo interés se deben los gobiernos, habríamos seguido convencidos de que respirábamos un aire algo menos sucio del real. ¿Por qué este caso se ha destapado EE UU en vez de en la Unión Europea? No es que existan diferentes raseros éticos. Lo que ocurre, y esto es lo grave, es que ambos se deben a diferentes lobbies. Como apuntan algunos autores, es muy probable que la jugada de EE UU tenga bastante que ver con un proteccionismo comercial para frenar el ascenso de la marca alemana. Los mismos lobbies del motor y las energías fósiles que vienen diseñando nuestro modelo de movilidad insostenible, a través de políticas de infraestructuras y subvenciones a costa de los presupuestos públicos, nuestra salud y la del planeta.

Más allá del empleo de software fraudulento, las organizaciones ecologistas llevamos años alertando sobre los coladeros legales del sistema actual, que permite el uso de trucos para mejorar los resultados, como desconectar el alternador, utilizar lubrificantes, empleo de marchas largas, etc. También venimos denunciando de forma reiterada la ausencia de un organismo europeo independiente que controle las emisiones, que a día de hoy son certificadas por empresas elegidas por las propias marcas de coches. El escándalo de Volkswagen es la punta del iceberg de un sistema fraudulento que permite toda una serie de "modificaciones" de las condiciones reales de conducción que provocan mejoras tanto en los registros de emisiones como en el consumo de combustible durante los test, que no se reflejan luego en el funcionamiento real de los automóviles.

La existencia de un sistema más efectivo, con la vocación inequívoca de conocer las emisiones que verdaderamente salen del tubo de escape (en condiciones reales de conducción), es algo requerido por la normativa Euro 6, adoptada en 2007, y que sin embargo aún parece lejos de convertirse una realidad. Bien podríamos sumar esta "lentitud" en su adopción a una larga lista de "éxitos" de la industria en su influencia sobre la elaboración y aplicación de políticas. Algunos ejemplos que ilustran esta lista son el retraso y escasa ambición del reglamento europeo de emisiones de CO₂ de los vehículos adoptado en 2009, la eliminación de la segunda fase de la directiva de calidad del aire en 2008 –que pretendía establecer unos valores límite mucho más estrictos para algunos contaminantes– o la reciente "muerte" anunciada de la directiva de calidad de combustibles, que permitirá el empleo de combustibles sucios como las arenas bituminosas en los vehículos europeos. Esta permisividad hacia la industria podría también explicar la lentitud con la que el ejecutivo comunitario procede con los dos expedientes contra nuestro país por contaminación atmosférica, que llevan abiertos años sin avanzar significativamente ni producir resultados, mientras la administraciones encargadas en nuestro país de velar por la buena calidad del aire, principalmente ayuntamientos y comunidades autónomas, siguen instaladas en la inacción.

La industria emplea machaconamente el argumento mamporrero de la pérdida de competitividad y el empleo para justificar esas rebajas en la protección del medio ambiente y la salud. Algo que es sistemáticamente comprado por gobiernos mojigatos y cautivos. De nada parece servir el largo historial de casos en los que la industria ha sobredimensionado hasta lo inimaginable los costes de adoptar mejoras. Por poner un ejemplo del sector, la industria automovilística dijo en su momento que introducir convertidores catalíticos para reducir la contaminación de los coches costaría entre 400-600 libras esterlinas por vehículo. Luego en realidad resultó un sobrecoste de 30-50 libras. Poniendo el parche antes de la herida, Volkswagen ya se ha apresurado a decir que este proceso (el de "enmendar" su propio engaño) va a ser "doloroso", en un intento de ahuyentar posibles sanciones y de justificar probables EREs, todo ello ante el silencio complaciente de las autoridades.

Tantos años de liberación económica, globalización comercial y sobredimensión de la economía financiera han ido mermando la capacidad de los poderes públicos para elaborar políticas guiadas por el interés común. Hemos llegado así a una especie de obnubilamiento en el que los gobiernos asumen que lo que le interesa a industrias con tanto poder como la automovilista o la del gas y el petróleo es lo mismo que nos interesa a todos como sociedad, aunque sea a costa de respirar aire contaminado. Los procesos de desregulación ambiental a nivel europeo iniciados en la era Barroso, y profundizados ahora por Juncker, son un reflejo claro de esta filosofía, que encuentra estos días su más clara expresión en las negociaciones del Acuerdo Trasatlántico de Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés), que la UE prepara con EE UU, y por cuya mesa de negociación ya ha pasado en numerosas ocasiones la industria, también la automovilística, para dejar constancia de su lista de los reyes magos. Lo triste es que probablemente los gobiernos, rehenes de sus intereses, se lo traerán todo.