Opinion · Otras miradas

La extraña dimisión de un liberal ilustre

Emilio Delgado

Diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid

Emilio Delgado
Diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid

En el pleno se debate una proposición no de ley presentada por el grupo parlamentario de Podemos instando a la Comunidad de Madrid a que reintegre en su parque de vivienda pública  2.935 viviendas que fueron vendidas a un Fondo Buitre, propiedad de Goldman Sachs.

Un liberal ilustre sube parsimoniosamente como de costumbre a la tribuna del Pleno de la Asamblea de Madrid y se dirige a los afectados por esa decisión que se encuentran en el lugar de invitados. Su exposición recoge uno a uno los mantras de aquellos que no vieron la crisis venir mientras trataban las instituciones públicas como un chiringuito privado: “No se puede vivir de Papá estado”, “la mejor política social es la creación de empleo”, “ya nos gustaría a nosotros, pero las leyes están para cumplirlas”, etc. Los afectados se marchan del pleno entre la indignación y la sorpresa de quien no puede acabar de creer lo que ha vivido. Los diputados del PP y de Ciudadanos votan juntos para tumbar la recuperación de viviendas y la bancada conservadora con Cristina Cifuentes a la cabeza aplaude en pie la intervención de José Cabrera Orellana. Todo son sonrisas y muestras de cariño en la cerrada ovación a este liberal ilustre.

Hay al menos un par de detalles que a este liberal ilustre se le olvidó mencionar. El primero es que él lleva viviendo del dinero de los ciudadanos 16 años como cargo público del Partido Popular. En estos años ha ocupado las más diversas funciones, seguro, debido a su talento y experiencia profesional. Entre otras fue nombrado consejero de transportes. Por aquel entonces, uno de sus hijos, Roberto Cabrera, fichó por Metro de Madrid como «subjefe de servicio» con una retribución bruta anual de 46.000 euros. José Cabrera Orellana, otro hijo de este liberal ilustre, es Vocal vecino de la Junta Municipal de San Blas por el PP, por lo que cobra más de 600 euros al mes. Esto podría ser poco, si no fuera porque su dedicación principal consiste en acudir una tarde cada treinta días a los plenos. La mujer de José Cabrera Orellana trabaja en el Ayuntamiento de Madrid como empleada fija sin oposición. Sorprende que aquellos que quieren reducir “la intervención del Estado”, sean quienes utilizan las instituciones para enriquecerse a sí mismos. No se trata de un mal comportamiento individual, sino de toda una forma de construcción política e institucional que ha funcionado en España en las últimas décadas. Este modo de gobierno da fuertes síntomas de agotamiento y parece claro que estas prácticas deben quedar superadas por el cambio que está en marcha en nuestro país.

El segundo detalle que no ha revelado en su intervención es que va a dimitir ese mismo día. La intervención del diputado del PP tiene lugar en la fecha límite para que todos los parlamentarios entreguen su declaración de bienes patrimoniales y parece ser que él no está dispuesto a hacerlo. Así que finalizada la sesión del Pleno, Cabrera presenta su dimisión, alegando motivos personales y dificultades para compatibilizar su labor como diputado con otros quehaceres.

Las empresas que posee, inmobiliarias y relacionadas con el sector de la automoción, facturan más de seis millones de euros anuales, y no podemos saber ya si obtuvo tales rendimientos como resultado de su magnífica labor como emprendedor y pugnando en un mercado libre y competitivo o, por el contrario, se ha beneficiado de su posición de poder y sus redes de influencia.

Sus compañeros de bancada sabían que era su última intervención y, de ahí, la cerrada ovación de despedida a uno de los suyos.

Entre los aplaudidores se encuentra el también Diputado del Partido Popular en Madrid, Daniel Ortiz. Ortiz, del mismo modo que su compañero de bancada, cree en la libre competencia y en la “no intervención del Estado” como política pública. Hace dos años les dijo textualmente a los familiares de los ancianos de la residencia para mayores Juan XXIII, cuando protestaban por su intento de privatización, que eran unos privilegiados por tener allí a sus familiares, que ahora debían responsabilizarse de ellos y que – ¡cómo no! Bendita originalidad la suya – no debían aspirar a que papá estado les solucionara la papeleta que la vida les había encomendado.

Daniel Ortiz no ha trabajado en su vida de otra cosa que no sea cargo público del Partido Popular y como alcalde no electo de Móstoles cobraba 74.000 euros anuales. No electo, porque sustituyó sin proceso de elección alguno al anterior Alcalde Esteban Parro, cuando éste abandonó la alcaldía de Móstoles para irse a pasar frío al Senado.

El patrimonio de Parro, a diferencia del de nuestro liberal ilustre, sí se conoce. Se marchó de Móstoles con once viviendas, ocho parcelas rústicas y un Jaguar, además de 120.000€ en el banco y acciones en Bankia por valor de 23.944€.

Lo que sí parece claro es que gente como José Cabrera y Daniel Ortiz tienen una creencia común: el Estado es suyo y de los suyos. En lugar de aspirar a influir con nuestras opiniones y nuestras acciones en la vida pública, los demás deberíamos dejar de molestar y aspirar a buscarnos un trabajo en una pizzería con el que pagar nuestro piso y, con nuestros impuestos, sus sueldos. Quienes cuestionan que el Estado cumpla con su obligación y dedique parte de su presupuesto a rescatar familias, no dudaron en poner todos los recursos públicos al servicio de rescates bancarios y empresariales por miles de millones de euros.

El pretendido argumento que invita a desmantelar la protección social y el Estado de bienestar, confundiendo intencionadamente derechos con privilegios, es compartido orgánicamente por el PP por mucho que, por motivos electorales, Cifuentes corra estos días a inauguraciones, anuncie bajadas del abono transportes o intente desmarcarse de las políticas que ella y los suyos llevan desde hace años imponiendo y que les han salido tan caras en términos electorales.

Frente a esta idea y estas prácticas clientelares, se encuentra un posible futuro en nuestro país: hacer públicas declaraciones de bienes, salarios, funciones y agendas de los cargos públicos electos por la ciudadanía. Todo el mundo tiene derecho a saber con qué patrimonio entra un cargo público a las instituciones y con cuál sale. En esa línea de pensamiento y acción se encuentra nuestro portal de transparencia con el que pretendemos estar a la altura de lo que una buena parte de la ciudadanía exige.

También podemos observar ya con las prácticas de Manuela Carmena al frente del Ayuntamiento de Madrid otra forma de gobernar y ese futuro posible: una reducción drástica del número de desahucios y la búsqueda de alternativas habitacionales cuando no es posible impedirlos, la paralización de venta de viviendas públicas a fondos buitres, el fin de gastos improductivos a cargo del erario público y el planteamiento de nuevas formas de contratar por parte de la Administración públicas.

Estas prácticas no son patrimonio de ningún partido, sino un patrimonio de la gente que las ha conquistado desde ideas que son ya puro sentido común.