Diciembre de 2021, un ministro en horas bajas concede una entrevista a un medio internacional y en el curso de la misma dedica un comentario a la baja calidad de la carne producida en las grandes instalaciones cárnicas. Días después, el comentario vuelve a surgir con una descarnada polémica en la que se trata al ministro poco menos que de traidor a su país y también al gobierno en el que participa. La secuencia de comentarios y acusaciones es casi imposible de seguir, porque el tema se convierte en la comidilla generalizada; tanto que hay quien podría pensar que los tertulianos ya ni siquiera necesitan echar un ojo al periódico, porque durante días pueden rellenar cualquier hueco televisivo desvariando sobre el ministro en cuestión, de cuyo nombre, es evidente, no queremos acordarnos.

Y sin embargo lo que dijo el ministro es de sentido común y lo podría decir cualquier que se haya molestado en leer un par de noticias sobre la producción de carne o acudir a la Wikipedia. Las noticias sobre la carne producida en este tipo de instalaciones no son difíciles de encontrar, y la baja calidad está motivada por un uso sistemático de componentes químicos que no sólo impactan en la salud de los consumidores, sino que también tienen enormes consecuencias en el terreno ambiental. Desde el consumo de agua y la contaminación de acuíferos – dos caras de una misma moneda – hasta la gestión de purines, la concentración de enfermedades y la saturación del uso de antibióticos – que puede llegar a reducir su eficacia – no hay casi nada en lo que pueda basarse una defensa de estas formas de producción, excepto la cantidad. Así que al fin y al cabo habrá que nombrar al ministro Garzón, aunque sólo sea para defender que, pese al raquitismo de su propuesta, va en la línea correcta y su linchamiento no es más que un producto más del esperpento discursivo de la derecha y la debilidad de un gobierno de coalición al que se le ven las costuras. Por esas costuras, no hace falta decirlo, lo que asoma es el miedo y la presión de los grandes empresarios.

Aún queda un aspecto, que es el de la cantidad: sólo con este tipo de instalaciones se puede producir carne a bajo precio para abastecer a la mayoría de la población, que de otra manera no podría pagarlo. El giro de la derecha hacia las clases populares y su preocupación por la alimentación de quienes ganan un sueldo escaso contrasta con su posición en temas como la energía o la vivienda. Según parece, puedes vivir en la calle o abrigarte con todo lo que tengas para evitar una factura impagable, pero pasarse sin un filete es la última humillación, la carencia que no se puede tolerar. El argumento, por otra parte, no sólo es vergonzosamente impostado, es que además rezuma clasismo: lo que defienden es un consumo de baja calidad que además arruina los pueblos, y quienes lo defienden sólo lo quieren para otros. Las macrogranjas se instalan en zonas rurales despobladas y depauperadas, y sus productos son consumidos en forma de ultraprocesados de ínfima calidad que, desde luego, no forman parte del menú de las clases altas.

Y aún así, esto es cierto sólo parcialmente, porque la mayor parte de estos productos se orienta a la exportación, es decir, ni siquiera se consume aquí. De nuevo, un enorme impacto ecológico por la cantidad de contaminantes que se producen con el transporte internacional, y sobre todo una pauta clave: pese a la retórica del consumo a bajo precio, la realidad está determinada por los flujos de comercio y las inversiones. No podemos decir, desde luego, que haya nada nuevo aquí; pero sí merece la pena detenerse en la realidad concreta tal y como se produce en el entorno productivo. Esas instalaciones, que ahora también son defendidas como un mecanismo de producción de empleo en la España vaciada, se basan en una mínima inversión en empleo: una granja con 2.000 cerdos apenas necesita un puesto de trabajo a media jornada. Tan poco que, de hecho, no produce empleo, sino que lo reduce, ya que el escaso volumen de trabajo que aún existe en torno a la ganadería convencional no puede competir y desaparece[1], cuando debería tratarse de reorganizar la producción en términos sostenibles y repartir el trabajo, no generarlo bajo la lógica de producir siempre más, sin límites ecológicos ni sociales.

Todo esto en realidad no se descubre ahora sino que viene de lejos. El trabajo de las plataformas y colectivos que, desde la realidad del campo, han denunciado estos procesos, se ve hoy deformado por la apropiación mediática y partidista con argumentos torticeros. Como en muchos otros temas de ámbito ecológico, la lucha que se venía fraguando desde hace años es utilizada por agentes que nunca estuvieron en ese trabajo común, pero de lo que se trata hoy es de reivindicar esa lucha. Existen colectivos a lo largo de todo el territorio que han dado una pelea sostenida y bien fundada, enraizada en lo local, para detener la instalación de esas macrogranjas y evitar la degradación del medio rural. La industria intensiva depreda los pueblos y acapara terrenos, de tal manera que no queda nada, pero estos colectivos han logrado presionar para parar algunos proyectos y recientemente han logrado una moratoria en Castilla La Mancha. La lucha organizada da resultados y es la base de una alternativa a este modelo de desarrollo.

Sobre la base del trabajo colectivo se puede reivindicar un uso diferente que dé soporte a la vida en los ámbitos rurales y lo haga dentro de los márgenes ecológicos que la tierra puede asumir. No se trata de elaborar un discurso en sentido abstracto, sino de construir una alternativa políticamente sólida, que aborde en primer lugar las necesidades ecológicas y sociales para ponerlas en el centro.

Castilla y León es un claro ejemplo de lo que hablamos, pues constituye una de las principales regiones exportadores de productos agroindustriales y sufre como nadie el proceso de despoblación rural. Resultado de una combinación heredera de un régimen semifeudal de la tierra y las grandes inversiones de capital financiero que posibilitan el imperante sistema de monocultivo en su versión agrícola o ganadera. Y es que si la tierra está en el centro de una reconversión ecológica y social, debemos reivindicar una propiedad colectiva, ya sea pública o cooperativa, que esté controlada por el conjunto de la población y pueda producir de forma sostenible. Ésto es posible aquí y ahora empezando por programas públicos que pongan en marcha procesos de expropiación de tierras, empezando por aquellas de grandes latifundistas que llevan años sin mover un terruño del suelo y faciliten su acceso a jóvenes y a agricultores locales. Acabar con la política especulativa que facilitan tanto la PAC como la instalación de macro parques energéticos, batalla que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos han decidido retirarse, y poner en marcha un programa de financiación pública para quienes deciden dar el paso a la vida en el mundo rural.

Desde esta perspectiva, la reducción de la producción y el consumo de carne es sólo una pequeña parte de un proceso que tiene que empezar por cuestionar la estructura de la propiedad rural y acabar con el acaparamiento del campo por parte de grandes tenedores internacionales. Eso, por supuesto, exige sacar el debate de ridículas campañas y vincularlo con una luchas sostenida y anclada en el territorio y el trabajo, que empiece por una moratoria inmediata de las macrogranjas y continúe por establecer mecanismos colectivos sobre los que plantear un espacio rural para la transición ecológica. Estas luchas demuestran que el mundo rural sigue siendo un espacio en disputa y central para la transición ecológica. Un campo de lucha esencial para el anticapitalismo, antes y después del próximo proceso electoral, para acabar con la política parasitaria sobre nuestra tierra y nuestras vidas.

[1]https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/informe_anual_indicadores_mapa_2020_tcm30-582517.pdf