Javier Franzé
Profesor de Teoría Política. Universidad Complutense de Madrid

Los dos principales escenarios de la vida política española, el general y el catalán, se encuentran ante el mismo escollo: el candidato más votado tiene una mayoría insuficiente para ser presidente, que no obtendría en unas nuevas elecciones, y poca capacidad de acordar con otros grupos parlamentarios para lograr su investidura.

Esta novedad expresa que la lógica política de la Transición está perdiendo una de sus capacidades centrales: la de formar gobiernos basados en acuerdos que, a la vez, disfrutaran de estabilidad. Ésa era la manera con que la Transición conjugaba la tensión entre legalidad parlamentaria y legitimidad presidencialista que atraviesa la vida política española.

La Transición logró domesticar esta tensión a su favor. Esa cuadratura del círculo tenía un nombre, acuerdos estables, y dos vías: la mayoría absoluta obtenida por líderes plebiscitarios (Suárez, Felipe González, Aznar), y las mayorías no absolutas que gobernaban gracias al apoyo de los llamados partidos "nacionalistas" —como si fueran los únicos— vascos y/o catalanes.

Bien mirado, "acuerdos estables" se asemeja demasiado —en una democracia pluralista— a un oxímoron. Porque grosso modo el acuerdo es más propio del parlamentarismo, que da lugar a gobiernos más inestables al no surgir directamente de las urnas y depender de los grupos parlamentarios, a diferencia del presidencialismo, cuyos gobiernos surgen directamente de las urnas, no requiere el acuerdo y es en principio más estable.

La lógica del "acuerdo estable" fue funcional a la política cupular de la Transición. La narración de la historia de España en clave de una suerte de personalidad cainita siempre latente fue su complemento. Este relato consiguió la legitimidad de la ciudadanía, pero su precio fue un inmovilismo incapaz de incorporar lo nuevo y la clausura de la agenda pública. La necesidad de una agenda presidencialista, que no dejara flecos en el rumbo de los temas centrales (cuestión social, cuestión territorial), requería a la vez unos acuerdos parlamentaristas que no excluyeran a ningún actor de las elites políticas y económicas, ni despertara su tentación de abandonar la sala de comando.

Muchos análisis postelectorales siguen mirando con las gafas de la Transición. Por eso lamentan que los ciudadanos se acostaran el 20-D sin conocer al próximo presidente del gobierno —lo habitual en el parlamentarismo— y a la vez afirman que convocar nuevas elecciones sería un fracaso. Desean los resultados del presidencialismo (mayoría nítida y estabilidad), pero no sus medios (elección directa del gobierno), sino los del parlamentarismo (acuerdos cupulares presentados como emanación de la voluntad general).

Esto se ha puesto de manifiesto cuando se califica de extravagante y paralizante el sistema asambleario de toma de decisiones de la CUP, mientras que cuando el secretismo palaciego de un puñado de dirigentes del PSOE hurta el debate al Comité Federal y en definitiva a la sociedad, sólo es criticado por no lograr la unidad partidaria.

La mirada de la Transición parece estar tocando a su fin. Nuevas demandas que no tenían lugar en esa agenda, encarnadas por actores que no se encontraban en esa sala de comando, amenazan con abrir la agenda cerrada de la Transición.

Un éxito del orden de 1978 para su proyecto político fue asimilar democracia a estabilidad y consenso, como si fuera la única forma de democracia posible. Abrir la agenda pública comienza por reconocer que, al menos, hay otra forma de entender la democracia: una en la que cabe el conflicto entre perspectivas diferentes e incluso opuestas, y que resuelve sus empates a través de la expresión directa de la voluntad popular.