Óscar Guardingo y Alberto Rodríguez
Portavoces de PODEMOS en la comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados y del Senado

Esta semana comienza el juicio de ‘los ocho de Airbus’. Ocho trabajadores que se enfrentan a 66 años de cárcel por su participación en la huelga general del 29S de 2010. No son los únicos trabajadores en situación parecida. Más de 300 personas siguen encausadas por los hechos ocurridos aquel día. Se trata de una criminalización del derecho de huelga y la judicialización del conflicto social. El derecho de huelga es un bien básico recogido en nuestro ordenamiento jurídico y en tratados internacionales firmados por el Reino de España. La huelga es un derecho fundamental en democracia.

‘Los ocho de Airbus’ y los más de 300 trabajadores encausados a raíz de la huelga general de 2010 estaban defendiendo los intereses de la mayoría. Después de 6 años se puede ya afirmar que la reforma laboral de Zapatero y las de Rajoy fueron un absoluto fracaso que solo han causado paro, bajada de los salarios y sufrimiento para la mayoría de la población, cuyas rentas provienen del trabajo. Abaratar el despido, sea mediante la rebaja de las indemnizaciones o a través de flexibilizar las causas del despido procedente, en el punto álgido de la mayor recesión económica conocida, provocó que las empresas hicieran sus ajustes sobre las plantillas. A las reformas laborales de PSOE y PP le siguió un doloroso aumento del desempleo. La capacidad de consumo interno cayó y la espiral de desempleo y recesión económica se aceleró.

Se podía haber hecho otra política económica y de empleo. Había alternativa. Dar estabilidad al trabajo y favorecer otros ajustes. Ajustes en el mercado laboral —que ya se vienen practicando en empresas con buenas prácticas de negociación colectiva— como son las reducciones de jornada, la flexibilidad negociada o la formación subvencionada a los trabajadores en activo en tiempo de trabajo. Tampoco se llevaron a cabo otras medidas estructurales sobre un tejido productivo español escandalosamente sobredimensionado hacia la construcción. España aún tiene pendiente una reconversión empresarial y de la mano de obra hacia nuevos sectores, nuestra propuesta de Plan de Transición Energética es un ejemplo.

La crisis económica tuvo un origen financiero. La gran apuesta es una excelente película que se encuentra actualmente en las carteleras de los cines españoles y narra cómo la burbuja inmobiliaria, los productos financieros tóxicos de la gran banca y la complicidad de las agencias de rating provocaron esta crisis. Sin embargo, las consecuencias las hemos pagado la mayoría. Los del entresuelo han pagado la fiesta de los del ático. Pensionistas y funcionarios vieron recortados sus ingresos, los trabajadores sus derechos y sus salarios. Todo ello para pagar los más de 60.000 millones de euros del rescate financiero a la banca española, que era sobretodo un rescate a la banca de Londres, París o Frankfurt. Actualmente no hay ningún banquero en la cárcel. Sólo Rodrigo Rato ha pasado unas horas en el calabozo. Sin embargo, hoy, más de 300 trabajadores esperan juicio.

Hay alternativa.