Edu Rubiño
Diputado de la Asamblea de Madrid

El pasado miércoles compareció ante la Comisión de Educación y Deporte de la Asamblea de Madrid, de la que formo parte, el Director General de Universidades e Investigación de la Comunidad de Madrid. Lo hizo un día después de que Cristina Cifuentes anunciara una próxima ley de universidades que verá la luz en los próximos 6 meses. Por eso, decidí emplear mi tiempo en preguntarle por dicha ley del Espacio Madrileño de Educación Superior, cuyo objetivo oficial es "lograr un modelo de financiación estable para las universidades". Se trata en principio de un objetivo ampliamente compartido y que mi grupo lleva en su programa electoral.

Si algo aprendí en mis primeros años en el movimiento estudiantil fue que, cuando se trata de reformas universitarias, una cosa es la música y otra muy diferente la letra. Las legislaciones que en los últimos años han mercantilizado la educación pública superior también fueron presentadas con pompa y boato. Aún resuenan todas aquellas palabras bonitas con las que se puso en marcha el proceso de Bolonia para nuestra adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior como "modernización de nuestras universidades", "poner la Universidad al Servicio de la Sociedad", "revolución pedagógica", etcétera. Una colección de expresiones grandilocuentes ocultaba la verdadera cara del proceso de Bolonia: la prostitución de nuestras universidades públicas bajo los intereses de las grandes empresas, la devaluación de la formación al reducir los años de carrera y al sustituir los contenidos por  "habilidades y destrezas", el trágico aumento de la precariedad del profesorado y el sistema de prácticas precarias para obtener mano de obra a precio de saldo.

Ese plan, implantado por el mismo PSOE que había prometido en campaña no llevarlo a cabo, fue solo el principio de una dinámica que haría que la universidad pública nunca volviera a ser la misma. La llegada de la crisis fue la oportunidad perfecta para rematar la tarea. En concreto en la Comunidad de Madrid se aprovechó para estrangular de forma brutal los presupuestos. No fue solo una muestra más de los recortes que ha vivido nuestro Estado del Bienestar, sino el despliegue de una estrategia para que nuestras universidades se vieran forzadas a acometer los cambios deseados e iniciar un proceso hacia su privatización que continúa hasta hoy.

¿Y qué podemos esperar ahora de la próxima Ley de Espacio Madrileño de Educación Superior? Pues, a juzgar por las palabras de la Consejería de Educación, nada más que otra vuelta de tuerca en la misma dirección.

El Director General de Universidades e Investigación señalaba al comienzo de su intervención que, aunque la legislación estatal limita en algunos temas el alcance de una ley madrileña, esta sí puede incluir una serie de "sugerencias" a nuestras universidades que las orienten en el camino correcto y que con el tiempo podamos ver convertidas en obligatorias. "Sugerencia" en este contexto es uno de esos eufemismos que recuerdan a la "oferta que no podrás rechazar" de El Padrino, y que tantas veces hemos sufrido en la universidad pública. El plan es crear un sistema de incentivos económicos para quien mejor se porte. Esta estrategia, combinada con el estrangulamiento económico que viven nuestras universidades, es a efectos prácticos poner una pistola en la cabeza de nuestros rectores y explicarles después educadamente dichas sugerencias.

¿Qué sugerencias? Lo que la Consejería ha tenido a bien contarnos es escaso, pero permite saber por dónde irán los tiros:

Primero: reforzar el papel del Consejo Social para que ejerza mayor control sobre las universidades o, lo que es lo mismo, un verdadero atentado contra la autonomía universitaria y su autogobierno. El Consejo Social, esa instancia en la que las empresas como Telefónica o el Banco Santander tienen voz y voto, y cuya presidencia se decide directamente desde el gobierno de la Comunidad de Madrid, ganaría peso en detrimento de los órganos democráticos de nuestras universidades.

En definitiva, se entrega aún más poder a instancias políticas y empresariales para quitárselo a los rectores, los claustros y en general a la comunidad universitaria. Se trata de la consumación de uno de los deseos de la Estrategia Universidad 2015, que buscaba que el rector fuera una especia de CEO (Chief Executive Officer) que rindiera cuentas no ante el claustro (que pasaría a tener un papel meramente consultivo), sino ante una especie de "junta de accionistas" llamada "Consejo Social". Esto no es compatible con el espíritu del artículo 27 de la Constitución Española que establece el principio de autonomía universitaria, ni con un modelo de universidad libre e independiente, sin injerencias políticas ni empresariales.

Segundo: supeditar la docencia y en la investigación a una serie de criterios de los que dependa una parte variable de los presupuestos de nuestras universidades. De la misma forma, esta parte variable serviría para premiar la "especialización" de cada una de nuestras universidades. Dicha especialización jugaría, por ejemplo, con la excusa de una supuesta internacionalización de una determinada universidad.

El problema, por supuesto, será qué criterios se escogerán y quién tomará la decisión final. Salvo sorpresas, estos criterios continuarán con la adaptación de la formación de nuestros estudiantes al mercado laboral basura, primando unas materias frente a otras y haciendo depender la investigación aún más de los intereses de las grandes compañías privadas. Nadie impedirá a una universidad tener una facultad de Filosofía o de Bellas Artes, pero desde el punto de vista presupuestario será un lujo caprichoso. Nadie impedirá que se investigue una vacuna para una enfermedad rara, pero la inversión significativa irá a la investigación de una nueva crema antiarrugas financiada por L’orèal y que contará con personal y equipamiento pagados con nuestros impuestos.

Los detalles de todo este asunto son aún una incógnita. Según la Consejería, ahora estamos en el "momento de las ideas" y para ello no hace falta contar con los partidos de la oposición. Cuando dicho momento concluya, verá la luz un documento que contendrá las líneas maestras del futuro proyecto de Ley. Estamos pues en un momento crucial en el que la comunidad universitaria y el resto de la ciudadanía debemos entrar en estado de alerta.

El primer paso es analizar y repasar la información de la que disponemos, para garantizar que, cuando el proyecto de ley se ponga encima de la mesa, sepamos reaccionar adecuadamente. El reloj ya está en marcha y no se parará a esperar. Debemos ponernos manos a la obra: la comunidad universitaria en su conjunto debe implicarse ahora mismo, antes de que sea tarde, y generar un gran debate público. La universidad ya ha comprobado demasiadas veces que cuando no haces política, te la hacen. Esta vez no, no podemos permitir que decidan el futuro de la universidad sin escucharla.