Luz Rodríguez
Secretaria de Empleo de la CEF del PSOE y Portavoz de Empleo y Seguridad Social del Grupo Parlamentario Socialista @LuzPSOE

El gobierno de Rajoy ha sido nefasto para el empleo. Pese a toda la propaganda gubernamental, la ciudadanía es perfectamente consciente del demoledor proceso de precarización y devaluación salarial al que han sido sometidos los trabajadores. Solo un dato: en 2015 España ha batido su record de contratos temporales firmados en un año, la friolera de más de 17 millones de este tipo de contratos.

Asimismo, esta imparable precarización no ha mejorado sustancialmente la situación real del empleo. Digan lo que digan, los números son tozudos y tenemos todavía 125 mil afiliados y afiliadas menos a la Seguridad Social y 566 mil personas activas menos que cuando llegó Rajoy a la Moncloa. De hecho, hay cerca de un millón de personas ocupadas menos menores de 34 años, una prueba clara de que no se ha creado empleo. Más bien, se ha troceado el poco que había y aquellos  que –y permítaseme la expresión- "se han quedado sin cacho", mayoritariamente jóvenes, mujeres y mayores de 45 años, han sido literalmente expulsados del mercado laboral. Ante semejante panorama no es de extrañar que la ciudadanía haya votado abrumadoramente por el cambio, y que la demanda de más y mejor empleo se coloque en el centro mismo de ese anhelo transformador.

Por esta misma razón, los socialistas hemos presentado un "Programa para un gobierno progresista y reformista" que reúne un considerable número de medidas destinadas a reducir a la mitad la tasa de paro a través de la creación de puestos de trabajo estables y de calidad. Un conjunto de actuaciones muy concretas que no se pueden despachar con un simple "no", por lo menos desde una óptica progresista.

En este "Programa de Gobierno", los socialistas proponemos la derogación de la reforma laboral del Partidos Popular y el establecimiento de una serie de medidas urgentes para reponer los derechos de los trabajadores. Medidas específicas como, por ejemplo, la supresión de la prioridad absoluta del convenio de empresa sobre los convenios de ámbito superior o el mantenimiento de la ultra-actividad de los convenios colectivos durante el periodo de renegociación; recuperar la proporcionalidad y la razonabilidad de las causas en los despidos colectivos; establecer la igualdad salarial de los trabajadores contratados por las empresas de servicios y desarrollar un plan de la Inspección de Trabajo de lucha contra la explotación y la precariedad laboral.

Planteamos, igualmente, promover un nuevo Estatuto de los Trabajadores adaptado a las necesidades de los trabajadores del siglo XXI y que será producto de la negociación entre los principales interlocutores sociales. Una nueva "carta de derechos" de los trabajadores y trabajadoras en la que presentamos una simplificación del entramado contractual, reduciendo a tres las modalidades de contrato de trabajo (indefinido, temporal y de formación), así como abogamos por restringir y desincentivar el contrato temporal y fomentar el contrato fijo-discontinuo.

Por otra parte, defendemos el impulso de las políticas activas de empleo, entre otras medidas, duplicando el gasto en este ámbito y creando una "Agencia Pública de Empleo y Cualificación" que sirva, respetando las competencias de las CCAA, como instrumento para una gestión mejor y más ágil de las políticas que mejoran la oportunidades de encontrar empleo. Además, presentamos también un Plan de Choque de Empleo e Inserción Laboral para incorporar al mercado de trabajo a aquellos que más sufren el desempleo como son jóvenes, mujeres y parados de larga duración.

Proponemos también subir el salario mínimo interprofesional para que alcance, en dos legislaturas, el 60% del salario medio neto, tal y como destaca la Carta Social Europea como retribución mínima suficiente, además de recuperar el Pacto de Toledo e impulsar una Ley de Igualdad Salarial para hombres y mujeres.

Se trata de un conjunto de medidas muy concretas, orientadas a promover una recuperación económica justa que garantice los derechos de los trabajadores, fortaleciendo la negociación colectiva y fomentando la creación de empleos de calidad. Unas propuestas, de carácter nítidamente progresista y reformista, que aspiran a responder, de forma honesta, a las demandas de transformación de la ciudadanía y que nadie comprometido, de verdad, con el cambio político, social y económico en nuestro país debería ignorar.