Hace varios días, el nuevo Vicepresidente Castilla y León, García-Gallardo (Vox), ha protagonizado una polémica tras dirigirse a la procuradora de oposición Noelia de Frutos -quien utiliza silla de ruedas- empleando la expresión "le voy a responder como si fuera una persona como las demás".
El exabrupto ha tenido en los últimos días un importante recorrido mediático, tanto en redes sociales como en medios de comunicación convencionales.
Sin embargo, lo que sucedía en las puertas de en este mismo Parlamento autonómico, a escasos metros del hemiciclo y durante este mismo pleno, pasó prácticamente desapercibido, salvo algunas excepciones: un grupo de familiares de alumnado con necesidades especiales del medio rural se concentraban en la puerta del Parlamento autonómico de Castilla y León.
Su petición: que la Junta que dote a las Aulas Sustitutivas de Educación Especial de los recursos que necesitan.
Traducido al lenguaje cotidiano: en el Colegio Pedro I, en Tordesillas (Valladolid), hay escolarizado un niño en situación de discapacidad, que literalmente puede ahogarse con una miga de pan, y a quien los médicos han prescrito que no puede acudir a la escuela si esta no cuenta con un/a profesional de enfermería.
No es la primera vez que sucede este asunto. En este mismo colegio de Tordesillas hace seis años (2016) estaba escolarizado Aimar, un niño con una discapacidad del 99%, que tenía el mismo problema. Mejor dicho: estaba escolarizado de iure, pero no de facto. Porque en aquella ocasión, igual que ahora, la Junta de Castilla y León se opuso repetidamente a contratar una o un profesional de enfermería para dicho centro, obligando al niño a no poder asistir a clase durante casi un curso escolar.
Aquella vez la movilización -nada fácil ni corta- de los familiares de Aimar logró el reconocimiento del derecho que reclamaban. Seis años después, la Junta de Castilla y León decidieron de nuevo ignorar este derecho, esta vez ante el pequeño Fabio, un niño que presenta la misma necesidad de contar con una enfermera/o en su centro, y que obtuvo la misma negativa de la Junta (PP-Vox), a pesar de tratarse de un derecho reconocido en 2016.
En estas líneas me gustaría contar la historia de esta lucha, por cuanto de ella podemos sacar muchas lecciones acerca del medio rural en la España Abandonada, y de los mecanismos de rebeldía que inesperadamente brotan en ella a veces como flores silvestres en tierra baldía.
Año 2015: Aimar "el niño de Tordesillas" contra la Junta de Castilla y León.
Todo comienza al inicio de la legislatura 2015-19. Una familia de Tordesillas, cuyo hijo -Aimar- sufría una discapacidad del 99%, había denunciado a través de la cadena SER de Castilla y León que la Junta les había abonado la pírrica cantidad de 13’05€ céntimos en concepto de ayuda por un desplazamiento de una semana que habían tenido que realizar a Salamanca para que su hijo, Aimar, recibiera atención médica necesaria durante dichos siete días. Trece miserables euros para dormir, comer y vivir durante una semana de desplazamiento obligatorio para un tratamiento que no le ofrecían en su propia provincia. En consecuencia, mientras la madre dormía como podía en un butacón junto a la cama de hospital de su hijo, el padre lo hacía -no en mejores condiciones- en el coche, alimentándose de bocadillos y café de máquina.
Indagando en torno a este asunto, pronto descubrimos que, en plena oleada de recortes de la crisis de 2008-12, la Junta había ordenado un recorte salvaje en la Orden que regula las ayudas de desplazamiento, manutención y alojamiento con fines asistenciales. Yo mismo tuve la ocasión de repasar los cálculos y denunciar públicamente dicho recorte, aunque con cero éxito: el Consejero de Sanidad declaró que ese recorte no se iba a revertir.
Afortunadamente, el niño Aimar contaba y cuenta con una familia dispuesta a todo por el bienestar de su hijo.
Tras algunos detalles que no voy a relatar aquí por mor de brevedad, una mañana de septiembre de 2015 los padres de Aimar se plantaron en las Cortes de Castilla y León, en plena Comisión de Sanidad, ni más ni menos que el día de la primera comparecencia de la legislatura del Consejero de Sanidad de entonces, Sáez Aguado.
Lo que voy a contar a continuación, de haber pasado en alguna Comunidad de importancia, habría sido sin duda noticia nacional.
Cuando el Consejero entró en el pasillo de los Pasos Perdidos, acompañado de un coro de altos cargos de la Junta, y aprovechando el momento exacto en que se acercaron a la puerta de la Comisión (con todos los periodistas preparados para grabar la entrada), Remedios, la madre de Aimar, miró con dureza al Consejero y con voz firme le dijo:
- Quiero que mire a mi hijo a la cara. Este es el rostro de los niños a los que están recortando. Y ahora, le voy a devolver los 13 euros de su ayuda, porque yo lo que exijo son derechos, y no limosna.
En ese mismo momento el marido de Remedios sacó su cartera y trató de entregarle los 13 euros a un Consejero cuya cara estaba cambiando de color por momentos.
Minutos después, en su primera Comparecencia, anunció que las Ayudas por Desplazamiento Sanitario serían revisadas. Un cambio radical de postura en menos de 24 horas. Fue la única vez que vi temblar a un Consejero al que solía llamarse "el hombre tranquilo" y la responsable fue la voz de una madre sin miedo con la verdad como único arma.
Pero la lucha de la familia de Aimar no terminó ahí.
Año 2016: la lucha por un/a profesional de enfermería en el Colegio Pedro I de Tordesillas
Poco después de los hechos que acabo de relatar, un médico diagnosticó a Aimar que tendría que verse obligado a abandonar la escuela si esta no contaba con un o una profesional de enfermería. La razón: su estado de salud y grado de discapacidad exigía dicha profesional.
Sus padres empezaron a dar batalla para que el colegio público Pedro I de Tordesillas empezara a contar con dicho servicio. Durante meses realizaron reuniones con diferentes niveles de la administración, ruedas de prensa, cartas públicas...
Durante un año, nada surtió efecto. La Junta de Castilla y León denegaba una y otra vez ese servicio al centro.
Durante un año completo, Aimar fue desescolarizado.
La Consejería se limitaba a ofrecer dos posibilidades: o internar al niño en un Centro Especial en Valladolid, a 30 kilómetros de su casa, o bien ponerle un tutor en casa. Un atentado contra el principio de educación inclusiva que la familia no podía familia consentir: los padres querían que Aimar fuera a clase con otros niños, sabiendo que ante una discapacidad de tal nivel era fundamental garantizar la sociabilidad de su hijo, permitiéndole aprender y jugar con otros niños y niñas. A veces los padres saben más de educación que todos los directores generales de una Consejería.
Frente a las negativas de la Junta de Castilla y León, tanto el profesorado como el alumnado del centro y sus familias apoyaron a los padres de Aimar en su reivindicación. En Tordesillas el ambiente general era de apoyo al niño, y esta simpatía se fue extendiendo por toda la provincia de Valladolid.
La corriente de indignación ante el maltrato de la Junta hacia Aimar, y, por extensión, a las escuelas del mundo rural de Castilla y León fue calando, de tal manera que los padres lograron que el Ayuntamiento de Tordesillas aprobara una moción exigiendo el servicio de enfermería para que Aimar pudiera volver a clase.
Personalmente contribuí como pude con diversas iniciativas parlamentarias, ante las cuales la Junta se mantenía impertérrita.
Pero los padres no se echaron atrás. Continuaron su lucha, movilizando a todos los colectivos sociales que encontraban, tratando de encontrar aliados hasta debajo de las piedras. Una de sus balas fue presentar una moción en la Diputación de Valladolid a través del grupo de de Valladolid Toma La Palabra, demandando a la Junta un servicio de enfermería para Aimar. Tras meses de presión, y puesto que ya habían logrado que el propio Ayuntamiento de Valladolid aprobara una moción similar, los padres de Aimar lograron que el PP de Valladolid en la Diputación rompiera su disciplina con la Consejería, aprobándose la moción por unanimidad.
El hecho de que dicha moción fuese aprobada en la Diputación de Valladolid por unanimidad (incluido el PP), supuso un empujón de moral. Desde mi posición entones como Portavoz del Grupo Mixto lancé la iniciativa más preciada y potente: una Proposición No de Ley a Pleno. Las PNL son iniciativas sin fuerza vinculante, pero tienen un importante peso político y mediático. Y, entre estas, las que se presentan a Pleno son las que tienen más recorrido mediático (mucho más que las que se presentan a Comisión). La única esperanza de ganar pasaba por forzar un debate público: el miedo al escándalo, con suerte, podría provocar que el PP reconsiderara su postura. Más aún teniendo en cuenta que rechazarla implicaría una contradicción respecto a lo que se había aprobado en la Diputación de Valladolid con el apoyo de sus propios compañeros de partido. Esta esperanza era tenue: el Consejero ya había rechazado por activa y por pasiva esta petición. No era tarea fácil.
De nuevo por mor de brevedad, no daré muchos detalles sobre el trámite que llevó dicha PNL. Solo diré que no fue fácil lograr que se debatiera en Pleno. Se copió letra a letra la parte resolutiva de la moción aprobada en Diputación, para que nadie pudiera reprocharnos nada. Su inclusión en el orden del día no fue sencilla. En la Junta de Portavoces encargada de fijar los temas de debate del pleno, el PP planteó su oposición frontal a que esta PNL fuera presentada y debatida porque consideraban que reivindicar una enfermera para una escuela de un pueblo de Valladolid no era un tema de suficiente enjundia para debatirse en el Pleno (el PP argumentaba que se consideraba una iniciativa de ámbito excesivamente local). Todo a pesar de que dicha iniciativa contaba con el visto bueno jurídico de los letrados de las Cortes y que ya había sido calificada favorablemente para su debate por la Mesa de las Cortes (dicho órgano llegó a indicar, ante la tensión durante el debate, que habían cometido un error en la calificación de esta PNL, y que el criterio del Portavoz Popular les había hecho ver su propia equivocación). Tras un rifirrafe que no merece la pena detallar, se logró que se aceptara la PNL para su debate y votación en Pleno, a cambio de una modificación: para que la iniciativa no tuviera un carácter tan local, acepté reformularla de la manera siguiente: en lugar de reivindicar un servicio de enfermería para el Colegio Pedro I de Tordesillas, ahora lo reclamaría para todos los centros educativos de la Comunidad.
Exactamente en ese momento me di cuenta de que los representantes del Partido Popular en la Junta de Portavoces no tenían ni idea de que acababan de apoyar esta misma reivindicación en la Diputación.
Esta sospecha se confirmó en el Pleno en que se debatió la iniciativa. Ante la atenta mirada de la familia de Aimar y a su familia, quien seguía el debate en directo desde la Tribuna de Invitados del Hemiciclo, me acerqué a la bancada del PP para consultarles qué posición habían pensado para esta iniciativa:
- No vamos a apoyarla.
Apliqué mi hipótesis, con la esperanza de que fuera correcta.
- ¿Sabéis que habéis apoyado esto en la Diputación de Valladolid?
El rostro de la Procuradora cambió. No lo sabía. Apreté.
- Nos conocéis perfectamente. Si no apoyáis este texto, vamos a concentrarnos delante de la Diputación todos los días para denunciar que aprobáis cosas en un órgano que no es el que toma las decisiones, pero luego las rechazáis en el ámbito competente.
El rostro de mi interlocutora se volvió reflexivo. Me agradeció la conversación y se fue a parlamentar con su Grupo. Desde mi escaño, notaba movimiento y llamadas telefónicas entre las filas del Partido Popular.
Pasada una hora, la Procuradora vino a verme.
- Hemos considerado la propuesta, y la Consejería estaría dispuesta a aceptarla si os conformáis con que esta se otorgue a un servicio itinerante de enfermería escolar.
Subí a la tribuna de invitados a exponerle a Remedios, la madre de Aimar, la propuesta. Estaba de acuerdo.
Sólo quedaba un fleco por atar. Volví a ver a la Procuradora del PP y le transmití que aceptábamos la transacción a cambio de una pequeña modificación: el servicio itinerante debería existir en CADA municipio que lo necesitara. El motivo de esta condición era evitar una redacción demasiado abstracta, que terminara provocando que el servicio de enfermería tuviera que desplazarse 50 kilómetros para atender dos pueblos a la vez. Una llamada después, la propuesta fue aceptada por el PP.
El debate en la Tribuna fue tranquilo. El trabajo estaba hecho. Votamos, ganó el texto transaccionado, y al terminar el Pleno lo celebramos con la familia con un humilde vino en la cafetería de la esquina.
A pesar de esta victoria parlamentaria, la batalla de la familia de Aimar estaba lejos de terminar.
Tres meses después, Aimar seguía sin ir a clase: el colegio aún continuaba sin enfermera.
La familia de Aimar volvió a la carga, denunciándolo ante los medios de comunicación. Se sucedieron algunas columnas de opinión.
Al fin, tras un año de lucha, desde el Colegio confirmaron que la Junta había asignado una enfermera para el centro. Un martes 13 de diciembre, 16 meses después de ser desescolarizado, Aimar volvió al cole.
2022: El caso de Fabio y la vuelta a la lucha
Seis años después de estos sucesos, volvió a producirse la misma situación, en el mismo colegio. Otro niño, Fabio, se encontraba en una situación muy parecida a la de Aimar en 2016: necesitaba un/a profesional de enfermería en su colegio.
A pesar de la batalla en 2016 que acabo de narrar, la familia de Fabio se encontró con que aquel derecho obtenido por la familia de Aimar para toda la Comunidad, ahora se le negaba.
Lo más grave de este asunto es que la petición de esta familia es exactamente la misma que se aprobó en 2016. Parece, pues, que de poco sirven los compromisos aprobados en los parlamentos.
Sin embargo, la Junta no contaba con que Fabio tiene a su disposición un recurso muy preciado, el mismo que tuvo Aimar: una familia dispuesta a luchar sin miedo.
Y sucedió algo extraordinario: la familia de Aimar, que había aprendido muchas cosas durante su lucha en 2016, se prestó a ayudar a la familia de Fabio en todas y cada una de sus acciones reivindicativas.
Asistimos a un acontecimiento de ayuda mutua en forma de trasvaso de información y apoyo, que provocó que las lecciones aprendidas por la familia de Aimar durante su lucha fueran aprovechadas por la de Fabio.
Al igual que en 2016, la familia de Fabio llevó su caso a varios medios de comunicación. Lograron el apoyo de la Asociación de Enfermería Escolar de Castilla y León. Movilizaron a partidos políticos y sindicatos. Lanzaron una recogida de firmas en una plataforma virtual. Es preciso destacar además la implicación de diversos periodistas de la SER Castilla y León, que realizaron una labor de investigación, dando voz a las familias afectadas e interrogando a la Junta cada vez que tenían ocasión para contribuir a que no cayera en el olvido. Juan Gascón, IU Valladolid y el grupo de Diputación de Valladolid Toma la Palabra de nuevo emplearon sus instrumentos al servicio de la causa.
Durante meses, la Junta ha permanecido en silencio. Pero, al igual que en 2016, la familia de Fabio, ayudada por la de Aimar, fue aumentando la presión contra la misma.
Como ya he dicho al comienzo de este artículo, el mismo día que García-Gallardo realizaba aquella injustificable salida de tono contra una procuradora en situación de discapacidad, las familias de Aimar y Fabio reclamaban en la puerta de las Cortes derechos para sus hijos con discapacidad en el medio rural.
Finalmente, y tras meses de lucha, el 1 de junio se ha alcanzado la noticia deseada: el Colegio Pedro I de Tordesillas volverá a tener enfermera. Fabio podrá estar escolarizado sin riesgos para su salud.
Lo indignante que es que para lograr este derecho, reconocido en 2016, las familias hayan tenido que volver a movilizarse durante meses.
Queda estar atentos para que la enfermera no desaparezca el curso que viene, y sobre todo para que en futuros casos se reconozca este derecho en vez de obligar a las familias a movilizarse durante meses.
Pero en fin: han vencido. Dos niños con discapacidad y sus familias le han torcido el brazo al primer gobierno PP-Vox de la historia.
Conclusión: dos lecciones de los casos de Aimar y Fabio en la España rural.
Los casos de Aimar y Fabio nos ofrecen varias lecciones de las que me gustaría destacar dos.
La primera es que cuando juzgamos las políticas de la derecha hacia el medio rural, es conveniente aplicar el zoom y descender al terreno de lo material y concreto.
Los relatos salen gratis. Las acciones en política, si van en serio, no lo son.
Cabe recordar que, en materia educativa, el vicepresidente de Castilla y León García-Gallardo (Vox) protagonizó hace escasas semanas otra curiosa polémica, acusando al Gobierno falsamente -y en sede parlamentaria de enseñar "posturas sexuales" (sic) a niños de seis años. Acusación de la que tuvo que retractarse de inmediato, en cuanto la oposición le exigió pruebas de semejante barbaridad.
Más allá de la escasa pericia política que muestran estas salidas de tono del Vicepresidente, al menos en el terreno corto, la anécdota es reveladora de una estrategia general de la ultraderecha: el desprestigio del profesorado, especialmente el de raíz progresista, como un modo de legitimar la introducción de currículum conservador en las aulas. La pieza a cazar es el docente y el arma es la confusión y el alarmismo hacia las familias.
Podemos leer una panorámica completa de dicha estrategia en el reciente libro del profesor de la Universidad de León Enrique Javier Díez Gutiérrez Pedagogía Antifascista, especialmente en su primera parte, donde se presenta un elenco de "obsesiones" del neofascismo en relación a la educación, tales como las denuncias judiciales a centros que organizan actividades que la ultraderecha asocia a valores de izquierdas, la introducción organizada de discursos belicistas, la apología de la violencia animal o los esfuerzos de la ultraderecha dirigidos a eliminar todo rastro de Memoria Histórica en el currículum, así como de educación en igualdad de género, calificada en ocasiones por sus detractores como "ideología de género", "feminazismo" o incluso en una ocasión como "lesboterrorismo" feminista, como afirmó una diputada de Vox en 2019.
La posición de la nueva extrema derecha ante la educación es una curiosa síntesis de neoliberalismo autoritario, que se caracteriza por sostener los principios neoliberales de la desregulación, traducidos en el culto al individualismo, la preponderancia del mercado sobre el Estado, la defensa de la ampliación de la enseñanza concertada y la introducción en el currículum educativo de aspectos como el emprendimiento empresarial o la mal llamada "ideología del esfuerzo" (que nada tiene que ver con exigir el lógico y razonable esfuerzo que requiere cualquier forma de estudio, sino que está dirigida a ocultar los factores sociales que afectan al rendimiento educativo, lo cual es un consenso básico de la comunidad científica educativa), al tiempo que se reivindica al profesor autoritario como figura disciplinadora y coercitiva.
Los pasos dados por Vox tras su entrada en el gobierno de Castilla y León parecen ir en esta dirección. A pesar de que los de Abascal no se han hecho con la Consejería de Educación de Castilla y León, es evidente que uno de los objetivos principales de dicha formación es la intervención en el sistema educativo. Muestra de ello es que el propio García-Gallardo espetara, pocos días antes de formar Gobierno que "de vez en cuando algún profesor o alguna actividad extraescolar se sale del tiesto". También lo son iniciativas como la del veto educativo parental que Vox impuso en Murcia, que muestra la intención de la derecha radical populista por neutralizar cualquier potencialidad crítica del sistema educativo. Pretensión que se muestra explícitamente compatible con los esfuerzos neoliberales por introducir la "cultura del emprendimiento" (otro concepto difuso) en el currículum educativo.
La primera sensación es que Vox no tiene interés en gobernar Castilla y León. Su objetivo es ideológico y de preparación del ciclo electoral. Es curioso que en el reparto de Consejerías, la formación ultraderechista ha puesto como prioridad en su mirilla aquellas con demasiada capacidad de gestión directa. No pretendo con esto decir que las Consejerías escogidas no tengan capacidad de gestión. La tienen. Pero es significativo que no se caracterizan por manejar las principales tres competencias conferidas por el Estado a las Comunidades Autónomas con principal financiación: educación, sanidad y servicios sociales.
En cambio, han escogido Empleo, Cultura y Turismo y Agricultura y Ganadería. Consejerías que tratarán de usar, por una parte, para intentar movilizar a los agricultores contra el Gobierno, y, por la otra, para debilitar a los sindicatos. Todo ello empleando su posición de poder para lanzar mensajes de crispación contra todos los sectores que les adversen, como hemos visto en las recientes peroratas contra los educadores o contra la memoria histórica.
Todo parece indicar que Vox no busca una gestión difícil que pueda generar conflictos con los municipios sino usar la Junta de Castilla y León como un instrumento político con fines ideológicos y pragmáticos: están preparando el ciclo electoral.
Sin embargo, gobernar no es dar discursos. El desprecio manifestado tanto por el PP como por Vox ante el caso de Fabio en Tordesillas, idéntico al que se mostró anteriormente al de Aimar, muestra la nula voluntad de resolver los problemas reales de la educación en el medio rural. El atentado principal contra la España Abandonada es la existencia de dos cartas de derechos diferentes según uno viva en una capital o un pequeño pueblo.
Los pueblos no son simplemente caza y toros. Es sanidad, es educación, son servicios sociales, es empleo, son políticas culturales. Y, sí, son también derechos de personas con discapacidad.
La actitud del primer gobierno PP-Vox de la historia ante un niño con discapacidad cuya familia reclama lo que por derecho es suyo, revela la nula intención de acometer estos problemas. Para ellos, Castilla y León no es un fin en sí mismo sino un medio. Al contrario que la parábola del arquero, que apunta al cielo para disparar hacia la tierra, la Junta parece apuntar a Castilla y León pero su proyectil se dirige a la Moncloa.
Esta es la primera lección que nos muestra el caso de Fabio.
La segunda lección nos habla de esperanza.
Los casos de Aimar y Fabio han sido acompañados y apoyados por diversas mociones e iniciativas parlamentarias. Pero estas no habrían sido fructíferas si no hubieran sido acompañadas de lucha pública de las familias.
La lección de dignidad y valentía de los padres de Aimar y Fabio han logrado torcerle el brazo a un Gobierno Autonómico.
No han sido las iniciativas parlamentarias (tampoco la que impulsé yo en 2016) o las mociones las responsables de la victoria, aunque ciertamente hayan ayudado.
Lo han sido el amor de una madre y un padre por su hijo.
Los académicos dedicamos miles de libros y artículos de investigación para tratar de comprender cómo se gestan los cambios sociales. El caso de Aimar y Fabio debería ser un objeto de estudio en las Universidades, como ejemplo práctico de mecanismos de aprendizaje y transmisión de capital político y de solidaridad en el medio rural castellano.
Una lección de organización, movilización y dignidad sobre la que podrían escribirse libros y rodarse películas.
Una historia de la España Abandonada.
Comentarios
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