Otras miradas

El Estado español, donde el concepto de justicia transicional viene a morir

Sònia Olivella Saludes

Coordinadora de Memoria Histórica de Irídia y miembro del Ateneu de Memòria Popular

Varias personas con fotografías de sus familiares y una bandera de la República en una concentración por las víctimas de la dictadura franquista, a 8 de mayo de 2022, en Madrid (España).- EUROPA PRESS

Ahora que parece que se reactiva la tramitación de la ley de Memoria he recordado especialmente las Jornadas "100 horas por la memoria y contra la impunidad" organizadas por CEAQUA (Coordinadora Estatal de Apoyo en Querella Argentina Contra Crímenes del Franquismo) que tuvieron lugar en Madrid el último fin de semana de marzo.

Sentada en un sillón de la Escuela Popular de la Prosperidad de Madrid, más de cuarenta y seis años después de la muerte del dictador, se me reveló con claridad: España es donde el concepto de "justicia transicional" viene a morir. Paradójico, sí, en la tierra donde algunos todavía quieren hacer creer que la transición de 1977 puede ser modelo de algún tipo. A mi alrededor tenía personas que han visto la peor cara de la humanidad, del Estado; que corrieron ante los grises para que sus compañeros y compañeras represaliadas pudieran salir de prisión con la amnistía. Personas que, tal y como explica el psiquiatra Pau Pérez, incluso asumían la tortura como el inherente a la militancia. Personas que han criado a sus hijos e hijas en los valores republicanos mientras, durante décadas, guardaban silencio sobre la represión vivida en su piel para recuperarlos.

Una vez de vuelta a Barcelona leo a Sartorius cuando escribe "no conviene olvidar que España fue el único país de Europa que, desde el inicio, se defendió con las armas frente al fascismo y que tuvo que conquistar la democracia por su propio esfuerzo". Efectivamente, pero no se me acaba de ajustar el tiempo verbal. Las personas con quien compartí las jornadas, militantes y activistas por la memoria, siguen intentando acabar de conquistar su democracia. Aquella democracia en la que quepa el reconocimiento de su condición de víctimas del franquismo, aquella donde la justicia por los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra llegue cuando sus víctimas y victimarios todavía estén vivos. Y efectivamente, siguen haciéndolo, únicamente, con su propio esfuerzo.

Lo hacen, pese a la Ley de Secretos Oficiales, ley de 1968, plenamente vigente en 2022 y firmada, -oh sorpresa-, por el generalísimo. Esta ley que prevé que los secretos de Estado lo serán para siempre, sin mecanismo de desclasificación establecidos ni caducidad alguna. Esta ley, uno de los dos pilares de la impunidad franquista, junto con la Ley de Amnistía, lejos de ser derogada, ha sido utilizada por todos y cada uno de los gobiernos estatales en Democracia, -sí, todos-, para ocultar información sin adecuarse a los estándares internacionales. Esta ley tan constitucionalmente franquista atenta a los derechos fundamentales en tanto que es un obstáculo para cualquier procedimiento de verdad y justicia, desde la investigación de la tortura sistemática a la exhumación de fosas. Pero la ausencia de requisitos y procedimiento garantista con los derechos humanos afecta de forma transversal a todas las materias, y, sino, que le pregunten a los centros por la Paz que intentan conocer datos sobre la exportación de armas a dictaduras militares por parte del Estado o a la 'Asociación de Víctimas 3 de marzo'.

Lo hacen, a pesar de que una y otra vez los partidos en el poder o bien pisan abiertamente la memoria o bien, se llenan la boca en favor de la memoria que defenderán a muerte, eso sí, siempre y cuando no choque, aunque sea ​​de soslayo, con el régimen del 78. Tan solo cuatro meses atrás el PSOE votaba en contra de la verdad, la justicia y la reparación, junto con PP, Ciudadanos y VOX. Tan solo cuatro meses atrás el PSOE votaba en contra de reforzar jurídicamente el principio de legalidad desde una perspectiva de derecho internacional de los derechos humanos. Cierto, es una pequeña victoria que en el pleno del Congreso al menos se debatiera sobre una cuestión que, según comentan, no da ningún rédito político; quizás este es el problema. Pero ni los más conformados y optimistas demócratas pueden aceptar como válido el argumentario esgrimido en ese debate por el Sr. Indalecio Gutiérrez al justificar el voto negativo de su partido en base a que la proposición de ley pretende establecer una excepción al principio de retroactividad de las leyes penales. Pareció olvidar el pequeño detalle de que esta excepción ya está incorporada en nuestro ordenamiento desde, entre otras, la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Cualquiera puede olvidar un pequeño detalle, si no fuera que esa excepción que su partido no quiso incluir en el Código Penal es la que permitió los juicios de Nuremberg por los crímenes del Nazismo. Es la excepción que permitiría, de una vez por todas, obligar a los ilustrísimos jueces españoles a que apliquen el derecho internacional, investiguen y juzguen los crímenes de guerra y los delitos contra la humanidad del franquismo y la transición. Pero oigan, "nadie puede dudar de nuestro compromiso con las víctimas del franquismo" -Indalecio Gutiérrez dixit-.

Sin embargo, las activistas por la memoria siguen luchando por una democracia mejor. Lo hacen, gracias -por ejemplo y entre otras muchas-, a una superviviente de la tortura, de profesión nutricionista, que haciendo un máster autodidacta en derecho y legislación se ha estudiado cada coma de la propuesta de Ley de Memoria Democrática para poder comprobar, con indignación, que su redactado no supondrá en ningún caso la tan ansiada consecución del derecho a la justicia. Y que, sin embargo, ha seguido trabajando para proponer todas las enmiendas posibles que puedan suponer alguna grieta en el tan bien atado modelo de impunidad del Estado: ampliar la definición de víctima para que incluya aquellas que vivieron la represión del nacionalcatolicismo por el simple hecho de ser mujeres; la resignificación de símbolos de la topografía del terror o que la ley incluya también los oscuros años de la transición. De momento, sin embargo, ley recortada, tramitación congelada durante meses y reactivada su tramitación in extremis debiendo escucharse que "aunque rebajada, mejor aprobar esta ley y ya en 10 años la mejoramos".

Leo estos días que las enmiendas permitirán juzgar los crímenes del franquismo por el hecho de incluir el deber de interpretar la ley conforme a derecho internacional. ¡Parece como si esta obligatoriedad no existiera ya en nuestro ordenamiento legal! Por supuesto que sí y, a pesar de ello, los Tribunales han seguido eludiendo su deber de investigar. Entonces, ¿cómo va a suponer la enmendada Ley de Memoria Democrática, un cambio a dicha realidad? Hace menos de cuatro meses el PSOE se opuso a la necesaria modificación del Código Penal; declarar nula la Ley de Amnistía -o el precepto concreto- es una línea roja para este Gobierno y ni se habla de ratificar la Convención de Imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Además, la ley prevé la ilegalidad de los tribunales franquistas y la nulidad de las condenas a las personas represaliadas, pero se obvia regular las consecuencias reales de dicha nulidad en cuanto a responsabilidad patrimonial del Estado; se amplía el ámbito temporal hasta el 1983, pero Martin Villa seguirá sin ser juzgado y se crea una oficina de víctimas que seguirán sin poder reconocerse como víctimas de crímenes de lesa humanidad.

Una vez más el concepto de "justicia transicional" choca con el muro del Estado español. Sin embargo, después de cada jornada, reunión y debate, de seguir fortaleciendo vínculos y compartiendo estrategias confirmo que está más vivo que nunca en la sociedad civil, en espacios como la Comuna o el Ateneu de Memoria Popular, en cada una de las querellas que nunca nos cansaremos de poner, en cada una de las concentraciones ante el Tribunal Constitucional o la Jefatura de Via Laietana y en cada una de las complicidades tejidas con convicción y solidaridad. Porque el modelo de impunidad es casi inquebrantable, pero la herencia de lucha republicana, antifranquista y por la memoria es esperanzadoramente incansable. Y no tengamos ninguna duda, va despacio porque va lejos. Tal y como dijo el exrelator de Naciones Unidas, Pablo de Greiff, "O todos concluimos que ya estamos todos reconciliados o la única alternativa es el resurgir de odios subyacentes, lo que implicaría un riesgo demasiado alto".

De nuevo se reactiva la tramitación de la Ley de Memoria que debería resolver todas estas cuestiones. Sí, es una ley mejor que la de 2007, pero también en 2007 se dijo que era la ley de memoria definitiva y nada más alejado de la realidad. Las mejoras respecto a educación, ámbito temporal o acceso a los archivos son relevantes. Pero las entidades de memoria no van a renunciar a algo tan básico como que se juzgue de una vez por todas el franquismo y que se reconozca y repare a las víctimas y represaliadas de forma. Es un deber seguir apoyando desde las organizaciones de derechos humanos actuales la lucha por la memoria. Se lo debemos a las personas que confrontaron al franquismo y lo necesitamos las nuevas generaciones que queremos una democracia más plena, donde los espacios de tortura sean espacios de memoria y garantía de no repetición, donde los muertos sin nombre puedan ser enterrados dignamente y donde los tribunales apliquen el derecho internacional. Una democracia en la que se garanticen los derechos humanos.