Fausto Miguélez
Catedrático y director del Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball en la Universitat Autònoma de Barcelona

Tras una crisis económica con desempleo creciente hasta 2013, hay creación de empleo muy precario en 2014 y 2015, que se presenta como la superación de la situación anterior. Pero muchos creen que un nuevo gobierno, que piense en el bienestar general, deberá poner en el centro de su actuación políticas que impulsen una potente creación de empleo sea en cantidad que en calidad. Por otro lado, también estará obligado a hacer frente al desempleo de larga duración y a la baja cobertura que no llega hoy al 50%, siendo más los que reciben simplemente un subsidio que los que obtienen la prestación que les corresponde. A los parados también se deben ofrecer mejoras de su empleabilidad, que solemos llamar políticas activas de empleo. Por tanto, se requieren políticas de empleo, que impulsen y regulen el mercado con el fin de salir de la crisis con la mayor cohesión social posible.

Pero cuando  la tasa de desempleo es históricamente alta (como en España desde los primeros años 80 del siglo pasado) y cualquier crisis mundial la dispara, un nuevo gobierno debe actuar sobre los factores estructurales que pueden estar en la base de ese fenómeno. Algunos de estos factores tienen que ver con el modelo productivo, en exceso basado en baja innovación empresarial y uso intensivo de mano de obra, un modelo que compite a base de flexibilidad (contratación temporal, empleo a tiempo parcial, falsos autónomos) y bajos salarios asociados a esta mano de obra. En la salida de la crisis estas características se están acentuando.

Las tres cuestiones que acabo de mencionar, crear empleo suficiente y de calidad, poner las bases de un nuevo modelo productivo y desarrollar políticas pasivas y activas adecuadas, requieren que el Estado intervenga, en el último aspecto en manera primordial en los otros dos junto con las empresas, a través de normas, recursos públicos suficientes y capacidad de control sobre ambos. Promesas, comisiones, estudios sobre posibles reformas, etc. son importantes, pero no son suficientes. Se requieren  propuestas concretas, calendario para llevarlas a cabo y concreción de recursos económicos y de gestión de los mismos. Estas son las cuestiones que estarán sobre la mesa de negociación entre algunos partidos durante las próximas semanas[1].

Parece obvio que se debe iniciar la  nueva legislatura con un plan de choque contra el paro de larga duración, no siendo aceptable esperar a que el tiempo vaya arreglando el problema. De los 4,8 millones de parados que hay a finales de 2015, el 62% son parados de larga duración (1 año y más) y el 45% lo son de muy larga duración (2 años y más). En estos últimos, más de 2 millones, mayoritariamente por encima de 45 años, radica hoy uno de los principales problemas que la sociedad debe resolver, no vale decir que vuelvan a la inactividad. Por supuesto, se debe echar mano de políticas activas en forma de ayudas a las empresas que contraten a parados de larga duración; pero estas ayudas  deberían realizarse contando con un aumento razonable del Salario mínimo interprofesional y ser destinadas básicamente a formación, con un tiempo de formación pautado y controlado. Además de esto, se requiere una inversión pública importante en infraestructuras y en actividades de servicios a la comunidad (que implique también formación para que estas personas puedan salir de este espacio "protegido"), porque si la solución depende de la dinámica actual del mercado de trabajo pueden pasar muchos años antes de que el problema se resuelva. Por supuesto que se debe multiplicar el plan Prepara, pero no puede haber un 52% de desempleados sin prestación o subvención (la cual también debería ser incrementada). Todo lo cual significa más recursos públicos.

En la consolidación de un nuevo modelo productivo tienen que jugar sus bazas las empresas, obviamente, pero debe tener un papel relevante la Administración, porque es la institución que puede mirar a medio y largo plazo. Podríamos pensar en un triple nivel de intervención: primero, con inversión directa (servicios públicos suficientes y de calidad, inversión en mejorar la calidad de la vivienda, comunicaciones, infraestructuras varias); segundo, con actuaciones de diverso tipo para impulsar a las empresas y poder mirar a medio plazo en nuevos sectores: energías alternativas, medio ambiente en general, agricultura moderna, industria agroalimentaria, industria biomédica, apoyo a la investigación en las universidades, proyección de la universidad hacia América Latina, etc.; tercero,  fomentando la calidad y la innovación en los sectores tradicionales (turismo, construcción), facilitando la  relocalización industrial que cree productos  de calidad, y otras. El objetivo último es potenciar el mercado interno y abrir nuevos mercados externos.

Como contrapartida se requiere empleo mayoritariamente de calidad: estable, con posibilidades de avance profesional y con salarios decentes, algo que tiene que ver con el modelo productivo, pero también con la normativa laboral. Por ello es necesario derogar la reforma laboral vigente, al menos en lo que respecta a reducir las causas de despido objetivo, reponer la negociación colectiva  y su dinámica en los niveles que decidan los actores sociales y no admitir el descuelgue empresarial respecto a lo negociado. Así mismo, potenciar la Inspección de trabajo que debe garantizar el cumplimiento de las normas.

La estabilidad implica reducir drásticamente los empleos temporales y el empleo a tiempo parcial no voluntario. Es una cuestión difícil, dado nuestro modelo productivo y una cultura empresarial que es coyunturalista, pero hay algunas posibilidades de intervención como las siguientes:  (1) la principal, no admitir contratos temporales para actividades estables (que es la mayoría de los casos)[2], algo que no se logra dándoles otro nombre o determinando que se conviertan en fijos quienes tengan contratos temporales durante dos años en la misma empresa, porque no llegarán a cumplir ese periodo; (2)  incrementar las posibilidades del contrato fijo discontinuo en sectores en los que la actividad sea discontinua (con intervalos lo más breves posible de desempleo que tenga prestación y actuaciones de obligado seguimiento por los trabajadores en políticas activas, con el fin de recualificarlos);  (3) aumentar los costes de la Seguridad Social y las indemnizaciones por despido improcedente en el caso de contratados temporales, es decir,  dificultar administrativamente la rotación. Por lo que respecta a los contratos a tiempo parcial, se trata de conseguir la reversión a jornada completa cuando se den ciertas circunstancias como la existencia sistemática de horas extra.

Un aspecto fundamental de la mala calidad de los empleos son los bajos salarios que proliferan en los dos últimos años, fruto de despidos arbitrarios y nuevas contrataciones como fijos o temporales. Como sociedad, no podemos engañarnos con la consigna de que "es mejor un trabajo mal pagado que ningún trabajo", dado que eso incrementa la pobreza, retrasa la independencia de los jóvenes, debilita el mercado interior; es decir, todos pierden menos unos pocos. Somos el país que tiene el menor Salario Mínimo Interprofesional de los que serían comparables con nosotros: el SMI de España es de 764€ en 2016 (se convertiría en 771 en algún programa de gobierno que hay encima de la mesa), mientras que Alemania tiene 1.473, Reino Unido 1.110, Francia 1.467, Bélgica 1.502, Irlanda 1.546; aún sería menor que en algunos con los que no nos comparamos como Chipre 855 y Eslovenia 780; en Italia el SMI se negocia por sectores. Por tanto, no parece de recibo encarar la nueva etapa en España con un SMI inferior a 1.000€, algo que elevaría automáticamente millones de salarios.

Cabe prestar más atención a las políticas activas, que pueden permitir la reinserción de muchos trabajadores. La primera cuestión es que los recursos deben incrementarse muy notablemente (en España se están dedicando unos 700€ por parado a dichas políticas mientras que en Dinamarca se dedican 13.000€, quizá podríamos situarnos en un término medio). Pero además los países en los que mejor funcionan las políticas activas son aquellos en los que el protagonista es la administración, mejor cuanto más cercana al ciudadano, la local a ser posible; desde la administración se implementa la intermediación, se puede ser más eficaz en la formación (no dando un cheque al parado que alimente el negocio de todo tipo de academias), se puede garantizar mejor la eficacia de las subvenciones a la contratación. Eso sí, con los controles de la Administración superior que sean adecuados.

¿Cómo conseguir que estas propuestas pasen rápidamente a la práctica? Por un lado se trata de regular, dar atribuciones a la administración local y  contar con una inspección laboral rápida y eficaz. Pero el instrumento más potente es la negociación colectiva, del ámbito que decidan los actores, que debería tener mecanismos de seguimiento de lo legislado y de lo negociado, en estrecha vinculación con la inspección y con la tutela judicial.

Todas estas intervenciones sobre la economía y sobre las políticas de empleo suponen incrementar el gasto público, aunque sólo durante un periodo en manera relevante, puesto que estos recursos se recuperan incrementando el buen empleo sea vía impuestos sea vía cotizaciones a la Seguridad Social. ¿Cómo obtener esos nuevos recursos?  Hay varias respuestas. La principal es una reforma fiscal y una agencia tributaria con garantías de ejecutarla. Según datos de la OCDE para 2014, España tiene una fiscalidad efectiva del 33,4% del PIB; si el país se pusiera al nivel de Dinamarca (50,9% del PIB), ello implicaría recaudar  175.000 millones de Euros más de los que recauda actualmente, pero eso es una utopía;   si lo hiciera al nivel de Francia (45,2% del PIB), se recaudarían 118.000 millones más; si somos moderados y bajamos al nivel de Italia (43,6% del PIB) estaríamos hablando sólo de 102.000 millones más. Y si vamos a la media de la zona euro (41.5% del PIB según Eurostat) serían 81.000 millones anuales más.

Para conseguir al menos esos 81.000 millones anuales más, no basta con decir que se intentará gravar con más impuestos a la riqueza (algo indispensable, pero que debe ser abordado a nivel europeo para garantizar su eficacia), sino que hay que eliminar desgravaciones injustificadas a sociedades, incrementar impuestos a los niveles altos de ingresos y a los beneficios y también aumentar el IVA a los bienes de lujo. Pero, sobre todo, perseguir realmente el fraude. Hay que acordar esto y poner ya fechas y cifras para llevarlo a cabo, además de incrementar los inspectores fiscales y cambiar la legislación para que las denuncias por fraude no se eternicen con recursos. Incrementar deuda pública y déficit en un periodo de choque inicial requiere negociar plazos, de techo respecto al primero y de reducción respecto al segundo, con la Unión Europea. Esta negociación, apoyada en propuestas de crecimiento y de mejora del bienestar, probablemente tendría aliados, no sólo de países pequeños que están mal, como Grecia y Portugal, sino de países grandes que no están creciendo, como Francia e Italia, y de algunos comisarios. Y también de muchos colectivos en situación precaria en los países que no parecen tener crisis. Por supuesto, tampoco podemos dejar de lado el ahorro posible en la administración pública: eliminando duplicidades, reduciendo gastos ostentosos, controlando seriamente la contratación pública y sus costes, erradicando la corrupción.

[1] Muchas de las reflexiones que aparecen a continuación provienen de un estudio titulado: Diagnóstico sobre las políticas de empleo en España, 2012-2014. Ver: https://ddd.uab.cat/record/142865

[2] Ver el documento elaborado por Economistas frente a la crisis. www.economistasfrentealacrisis.com