Otras miradas

Hazte Ertzaina

Jonathan Martínez

Un miembro del equipo del presidente de Vox, Santiago Abascal, discute con un ertzaina.- EUROPA PRESS (Imagen de archivo)

En los discutideros vascos se ha desatado una de esas tormentas mediáticas que irrumpen cada año en mitad del aburrimiento veraniego. En otros tiempos fue la alarma infundada por la okupación o el cuento de la turismofobia. El pensamiento dominante siempre encuentra formas sibilinas de criminalizar las demandas populares, ya sea el derecho a la vivienda o la dignificación de las condiciones laborales. Este año tocaba hablar de la Ertzaintza y lo que podría parecer una modesta rencilla autonómica presenta implicaciones más amplias sobre el régimen policial o la libertad de expresión.

La semana pasada, una ertzaina de Mutriku denunciaba que la comparsa Bizixo Jai había vedado su participación en los actos festivos del Día de la Juventud. La normativa de la comparsa establece que no acepta en su seno a ningún agresor machista, racista, homófobo o tránsfobo. Y el veto se extiende a la Policía porque "tiene la función de aplicar una represión sistemática". El jaleo ha sido tan monumental que algún periodista local ha llegado a resucitar con mucha sangre caliente y poca fortuna la hipérbole del apartheid.

El ambiente ya estaba caldeado y de pronto nos llegó la noticia de una agresión en las fiestas de Gasteiz. Fue el pasado domingo. Según el Departamento de Seguridad, tres jóvenes increparon a un ertzaina fuera de servicio y le propinaron un puñetazo. Aunque todas las fuerzas políticas han repudiado este episodio, los portavoces del PNV en el Gobierno vasco han incriminado a EH Bildu zarandeando con sutileza el espantajo de ETA. A modo de respuesta, el diputado independentista Jon Inarritu publicaba las estadísticas de atentados contra agentes de la autoridad. Madrid aparece a la cabeza con 6.328 ataques entre 2020 y 2021. La hipótesis machacona de que existe una matriz abertzale en este fenómeno palidece ante la rotundidad de los datos.

Al calor de la marejada informativa, la asociación policial Erne ha pedido procesar a los autores de unos carteles que considera vejatorios: "Buen sueldo, poder, autoridad para dar palizas, tener siempre la razón, desahuciar, cuidar empresarios y agredir a trabajadores. Hazte ertzaina". Erne reclama además que se impute un delito de odio tanto en Mutriku como en Gasteiz. En la primavera del año pasado fue el propio Gobierno vasco quien trató de atribuir un delito de odio a Ernai, las juventudes de la izquierda abertzale, por sus juicios sobre la Ertzaintza. La investigación quedó archivada por lo bajini. A algunos les cuesta aceptar que las instituciones públicas, también los estamentos policiales, están sujetos a opiniones desfavorables sin que tengan que mediar los juzgados.

La banalización del delito de odio forma parte de la estrategia habitual de la ultraderecha. Gracias a una interpretación paradójica de la ley, una figura jurídica concebida para proteger a colectivos vulnerables se ha transformado en un arma arrojadiza contra activistas sociales. El contorsionismo argumental ha llegado a un extremo tan sonrojante que la Fiscalía llegó a remitir una circular donde invitaba a perseguir "la incitación al odio hacia colectivos de ideología nazi". No, no existe el delito de odio contra la Ertzaintza. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece con claridad que la Policía "difícilmente puede ser descrita como un grupo o minoría desprotegida con un historial de opresión o desigualdad".

En medio de acusaciones por el cierre de ambulatorios, el Gobierno de Iñigo Urkullu ha encontrado una oportunidad para que toda la atención se concentre en la defensa encarnizada de la Policía autonómica. Y es que la Ertzaintza está necesitada de un espaldarazo que rehabilite su reputación. Hace ahora diez años, durante un partido del Athletic de Bilbao, la comisaría de Deusto mandó cargar "con todo lo que tenemos" en un callejón de ambiente abertzale y una pelota de goma se llevó por delante a un joven llamado Iñigo Cabacas. Después llegó la impunidad y el oprobio de un proceso que ahondó en la humillación de la familia.

Justo cuando las calles bullían y arreciaban las críticas contra los cuerpos armados, el Gobierno de Rajoy bendijo las arbitrariedades policiales a través de la Ley de Seguridad Ciudadana. La Ertzaintza ha aplicado la mordaza a discreción, también contra periodistas, a pesar de que el Parlamento vasco estableció en 2016 que la norma no debe aplicarse en Euskadi porque vulnera derechos fundamentales. La agente de la Ertzaintza excluida en Mutriku es afiliada de Esan, uno de los sindicatos corporativos que rechaza la derogación de la Ley Mordaza. Entre otras cosas, Esan ha denunciado que el reconocimiento de Iñigo Cabacas como víctima de una vulneración de derechos humanos es un "insulto" a la Ertzaintza.

Se abre una ocasión espléndida para reflexionar sobre el papel de la Policía ante los nuevos ciclos de movilización social. Venimos de precedentes nefastos como el de los trabajadores de Tubacex, que padecieron las cargas y las balas de foam de la Ertzaintza durante 236 días de huelga hasta que los tribunales les dieron la razón y anularon sus despidos. Cuando los sindicalistas de la empresa viajaron hasta Cádiz para solidarizarse con el metal, pudieron comprobar que en todas partes cuecen las mismas habas. La Policía se había paseado con una tanqueta del Ejército por las barriadas obreras de Puerto Real y San Fernando. Después fue puerta por puerta deteniendo a activistas. El jurista Joaquín Urias es taxativo al respecto: no buscan el cumplimiento de la ley sino el castigo ejemplarizante. "Un aviso a los disidentes".

"Los orígenes y las funciones de la Policía están íntimamente ligados a las desigualdades de raza y clase", dice Alex Vitale en El final del control policial. Es decir, que los cuerpos armados fueron creados para preservar todo un sistema de relaciones de poder mediante el disciplinamiento de los trabajadores. Por eso, añade Vitale, "cualquier estrategia de reforma de la Policía que no atienda esta realidad está condenada al fracaso". Ahora que las mayorías populares son cada vez más pobres y las élites parasitan cada vez más ganancias, ¿en qué bando van a situarse los gobiernos? ¿De qué lado va a caer la Policía?