Lucía Lois
Vocal Vecina del Grupo Municipal de Ahora Madrid

Querida Puri Causapié:

Mientras escribo estas líneas en el barrio de Lavapiés, Rosa, de 76 años, y sus dos hijos enfermos, a pesar del apoyo de la PAH, acaban de ser desahuciados por la Tesorería de la Seguridad Social, o sea por la Administración pública, sin ninguna alternativa habitacional. Digo desalojo y no desahucio porque Rosa, con sus 76 años, es una okupa, que vive sin título que lo permita en una vivienda de la Tesorería de la Seguridad Social, por tanto una vivienda pública, de todas y todos nosotros. Y cuento esto nada más empezar porque me pongo a escribir sobre la polémica que está generando el nuevo reglamento de la EMVS y su cláusula anti-okupas mientras en Madrid desahucian a una familia con una clara emergencia habitacional. Madrid necesita vivienda pública y social para todas y todos los madrileños que, por culpa de la crisis, de los bancos o de una mala racha, nos veamos en la calle. Sin casa.

Rosa y su familia, al igual que muchas familias españolas, han sufrido una de las consecuencias más duras de la crisis económica de los últimos años: no poder acceder a una vivienda, ni comprada ni alquilada, al no contar con medios económicos suficientes para ello (viven con una pensión no contributiva). No es una situación nueva, gracias a la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, en los últimos 5 años, todos conocemos la enorme injusticia que supone que un bien de primera necesidad, como es la casa (así reconocido por Naciones Unidas y por la Constitución española), se convierta en un bien especulativo y de mercado. Un privilegio que sólo pueden alcanzar unos pocos privilegiados. Al resto ya sabemos que las alternativas son o endeudarnos de por vida, o gastar una buena parte de nuestros exiguos ingresos en pagar alquileres imposibles. Sin novedad. La vivienda no es un derecho en España.

Pero, ¿y quién no puede ni endeudarse ni alquilar? Qué pasa con quien no tiene ingreso ninguno, con quien no puede pagar un aval para ese alquiler, ni tiene dos nóminas. Para esas familias que viven, como Rosa, con una pensión de menos de 500 euros, ¿qué alternativas ofrece el mercado de la vivienda? La respuesta es fácil: ninguna. Ante este panorama, para muchas familias en situación de vulnerabilidad y al borde de la exclusión, la única alternativa para poder dormir bajo techo ha sido la de ocupar viviendas vacías, ya fueran públicas o de bancos. Una medida extrema, con consecuencias legales graves, que en muchas ocasiones fragiliza aún más la ya de por sí precaria situación que, para las familias, supone vivir sin luz y sin agua, sin calefacción, sin los mínimos necesarios.

Una gran parte de las familias que se ven obligadas a ocupar una vivienda vacía cumplen con los criterios sociales que el consistorio de Ahora Madrid ha recogido en el nuevo reglamento de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid. Un nuevo reglamento que incluye dos demandas históricas del movimiento de vivienda madrileño: que la EMVS volviera a tener por estatutos el fin de garantizar el acceso a la vivienda social a las y los madrileños más desfavorecidos, y siendo consecuente con este principio, cambiar los baremos de ingresos mínimos a 0 para poder ser adjudicatario de una vivienda pública.

Podemos decir que el nuevo reglamento de la EMVS es un gran avance para lo que es, un reglamento teórico de cómo se debería gestionar un bien tan importante como es la vivienda pública. Pero la realidad no se amolda a reglamento ninguno, y por ello, es fundamental y debemos instar a que el Gobierno de la ciudad reflexione sobre:

. Que una entidad pública como la EMVS no debería penar cuestiones que entran dentro del marco judicial. Para eso tenemos a la justicia y para eso está la separación de poderes. La EMVS puede pedirle al juez el desahucio de las familias que ocupan sus viviendas como todo propietario, y las sanciones las tendrá que imponer el juez, no el reglamento de la EMVS. La aplicación directa de esa cláusula se salta a la torera la presunción de inocencia, implica una doble pena para las familias, y pone en duda la independencia de los derechos y los deberes, algo que tantas veces hemos escuchado defender a nuestra alcaldesa en su época de jueza. Y es que no parece razonable defender a estas alturas del siglo la aplicación de dobles penas a quienes cometen un delito, y más en la situación de emergencia habitacional que vivimos. La EMVS, al igual que cualquier entidad pública dedicada a la vivienda social, debería adjudicar sus viviendas por criterios sociales y habitacionales exclusivamente.

. Que en estos momentos no hay vivienda pública que gestionar, ni con el antiguo reglamento ni con el nuevo. En Madrid hay tan pocas casas en manos del Ayuntamiento y la EMVS que no dan ni para empezar a cubrir las necesidades habitacionales consecuencia de la emergencia generada por la crisis. Mientras que esto sea así, mientras la EMVS no pueda ser una herramienta efectiva de garantía del derecho habitacional, muchas familias se seguirán viendo obligadas a ocupar pisos vacíos para dormir bajo techo. La única manera de terminar con las mafias de "la patada", con la compra-venta de pisos ocupados, etc. es atacando a la raíz: la necesidad de vivienda de la gente. La mejor medida contra la especulación, contra las mafias (incluidos los bancos), contra precariedad habitacional, es la garantía del derecho a una vivienda digna por parte de los poderes públicos, llevando a cabo las demandas recogidas en las 5 Propuestas de la PAH, que incluyen un parque de vivienda pública en alquiler para todas aquellas familias que acrediten estar en situación de emergencia habitacional.

Según su propuesta de reglamento, ¿se compromete entonces el Ayuntamiento de Madrid a desalojar toda la vivienda pública ocupada de la ciudad, asumiendo las consecuencias políticas que eso supone? No lo creo, y por ello la medida anti-okupas parece más mera retórica que una medida real para mejorar la gestión de la vivienda pública en la ciudad.

Parece más razonable pensar en que el Ayuntamiento de Madrid se dé unos días, se siente con los y las afectadas de la PAH, hable con el PSOE y otros grupos si fuera necesario, y se replantee, desde el análisis de la realidad de la ciudad en la que gobiernan, un reglamento de la EMVS que nos permita proteger y garantizar derechos para todas y todos por igual, atendiendo a realidades socioeconómicas que encuadran la toma de elecciones como necesidad vital.