Otras miradas

Residencias o morideros: dignidad o negocio

Marta Nebot

Ayer, unas 1.000 o 5.000 personas, dependiendo de quién contara, se manifestaron en Madrid convocadas por la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias para Mayores y para Personas Discapacitadas para reclamar otro modelo de residencias.

En el manifiesto que hicieron público y en su convocatoria pedían una gran movilización social que no sucedió.

Ni los versos que dedicó Serrat a la cita y a la causa ni el apoyo de Miguel Ríos movieron a las masas. Y es que hay una cantinela que de tanto oírla se nos ha metido en el cerebro y nos paraliza.

Cada vez que escucho "no hay dinero" cuando hablan de la reconversión del modelo de residencias de ancianos me dan ganas de arañar pizarras, tirarme del pelo, gritar hasta partirme la garganta. Decir que no hay dinero para eso en un país rico –siempre salimos en todos los rankings entre las veinte economías más destacadas del mundo– es un chiste malo o un insulto a la inteligencia colectiva. Viajar un poco arregla rápido las cabezas que no ven que este es un país en el que hay mucha pasta.

¿No hay dinero para que no se nos deshidraten nuestros viejos? ¿No hay dinero para que no les aten con correas o con fármacos o para que su alimentación sea la adecuada? ¿No se puede buscar la manera de que sus familias puedan visitarles cuando les dé la gana, de que sus cuidadores tengan contratos estables para que no cambien cada media hora? ¿No sería mejor que todos los que pudieran se quedaran en sus casas y en sus entornos con la ayuda domiciliaria necesaria? ¿En serio? ¿No hay dinero es el argumento cuando hay todo un entramado internacional con pingües beneficios, incluso en paraísos fiscales, dedicado a este negocio? ¿No hay dinero cuando la mayoría de sus víctimas pagan copagos, se dejan la pensión en esas cárceles, incluso venden sus casas para darse el lujo de ser malcuidados?

Lo que se ha perdido no es el dinero, sino la vergüenza y el sentido de lo público y de lo trágico de la vida. Todos, o al menos los más afortunados, seremos ellos y no todos tendremos la pasta necesaria para las residencias de lujo, que haberlas también haylas.

Esta semana ha vuelto el tema a la palestra porque un residente valiente, apasionado y con labia se ha plantado en el ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y ha denunciado lo que sigue pasando, callando todas las bocas que no han hecho nada más que hablar.

Mariano Turégano, de 82 años, simplemente ha contado lo que han sufrido en su residencia este verano: "Habitaciones a 40 grados", "comida deleznable", "deshidrataciones que les han llevado al hospital".

Y, como pasa siempre, las víctimas siempre tienen la razón. Nadie contradice en público a alguien que conmueve al respetable. La cuestión es si se les da algo más que buenas palabras, algo más que parches momentáneos.

A raíz de su denuncia, la Comunidad de Madrid y su presidenta, Ayuso, han declarado que lo van a arreglar, que ya han tomado cartas en el asunto.

Ver sus declaraciones compungidas también me da ganas de gritar hasta el infinito y apuesto a que le pasaría lo mismo a cualquiera que se entere un poco de los entresijos del asunto, vote lo que vote.

Hace menos de tres meses, el 28 de julio, se hizo público el acuerdo en el Consejo Territorial para mejorar el sistema de residencias y de cuidados de los mayores. La votación salió adelante 10 a 9. Votaron en contra las comunidades y ciudades autónomas gobernadas por el PP, las gobernadas por nacionalistas y García-Page. El Ministerio de Derechos Sociales propone el texto y  arbitra las negociaciones para conseguir mayoría de votos de las comunidades, pero no vota. Se reunió primero con la Mesa de Diálogo Civil y con la Social, con familiares y con sindicatos. De esas reuniones salió un primer borrador, que luego se fue rebajando para conseguir el acuerdo. Por eso no están contentos con el acuerdo final los que hicieron aportaciones al primer borrador, aunque el último mejore sin duda lo que hoy tenemos.

Los buenos acuerdos dejan descontento a todo el mundo, me dijo una vez alguien que sabe mucho de eso. Este Consejo Territorial ha conseguido, desde 2020, 31 acuerdos; 29 por unanimidad, 1 con el voto en contra de Madrid –el que redistribuía menores que entraron por Ceuta y Melilla entre las diferentes comunidades– y este último con el resultado mencionado, después de muchísima negociación. Entre 2014 y 2019, el Consejo Territorial anterior solo cerró 5 acuerdos. Voluntad de consenso no falta.

El nuevo modelo residencial da diez años para reconvertirse y no cierra nada. El acuerdo pactado compromete una ratio de 51 cuidadores (43 gerocultores + personal profesional de segundo nivel –enfermeras, terapeutas ocupacionales, psicólogos-) por cada 100 usuarios para 2030, que se alcanzará con un incremento progresivo cada año. Las plataformas de familiares piden 113 profesionales por cada 100 mayores, lo que garantizaría la presencia de un trabajador por cada cuatro residentes en los turnos de mañana y tarde y de uno por cada diez por la noche. Cifras cercanas al modelo de los países nórdicos. Y no es que el ministerio no quiera ese modelo, es que las comunidades autónomas no lo han querido porque no quieren pagarlo.

Hoy no hay una ratio estatal. Cada comunidad tiene la suya sin límites. Por ejemplo, en Galicia oscilan entre 20 y 35 trabajadores por cada 100 usuarios; en Cataluña, 25 y en Madrid, 47.

Sin embargo, estos números se los lleva el viento según los Marianos y sus familiares que se atreven a contar los hechos porque no se hacen las inspecciones que obligarían a que los cuidados mínimos se cumplan, a penalizar seriamente a quien maltrate a un solo mayor.

Fuentes cercanas al ministerio confirman que en el acuerdo no se pudo especificar nada a este respecto porque las comunidades consideraban que las inspecciones –que brillan por su ausencia– son solo competencia suya.

En Alemania, las inspecciones no solo son como mínimo anuales, sino que además son públicas y se exponen a las puertas de estos centros.

Y, volviendo a lo de los dineros, el gasto en los mayores se ha incrementado un punto por año desde que empezó el Gobierno de coalición. Del 0,7% del PIB ha pasado al 1%. De 7.000 a 10.000 millones. La OCDE marca un 1,6–1,8% como la media de gasto en estos derechos mínimos. Es decir, falta mucho, pero su presupuesto ha crecido 3.000 millones en menos de tres años. De los fondos europeos se prevén 2.000 millones para la reconversión del modelo. El Ejecutivo ya ha transferido 700 millones para la transformación de residencias. Hay dos proyectos en marcha para dar asistencia domiciliaria hasta final de vida y para retornar de las residencias a sus casas y están funcionando, incluso con mejores números, es decir, más baratos. Porque el camino es más vida independiente y menos hospitalaria, en el mal sentido. Lo dice Europa –es la estrategia de cuidados que está marcando– y lo confirma el sentido común, si lo pensamos en primera persona.

Así que cuando la patronal de las residencias, de cuya gestión depende el 90% de las que tenemos, en las que residen cerca de 400.000 ancianos, dice que con esta nueva normativa ha perdido inversores, tenemos que alegrarnos. El modelo de morideros gigantescos tiene los días contados.

Y cuando dicen que no hay dinero pensemos que simplemente mienten, que es que quieren seguir ganando lo mismo o más;  y que, probablemente, para que las residencias sean vivibles tengan que ganar menos.

Esperemos que el Gobierno sea valiente y encuentre la manera de obligar a las comunidades que votaron que no a cumplir lo acordado. Es menos de lo que queremos pero es un comienzo y no podemos permitir que se nieguen a cumplir con el mínimo que ellos mismos han acordado: unidades convivenciales de 15 personas en residencias de un máximo de 120 residentes, y que las grandes dividan su espacio en estas unidades para que puedan ser hogares y dejen de ser centros penitenciarios.

Exijamos simplemente que cumplan lo que acuerdan*, que asuman sus leyes. Ese debería ser nuestro mínimo.

*Anexo con  los principales puntos del acuerdo del Consejo Interterritorial:

  • Transformación y modernización del modelo de cuidados y apoyos con enfoque de derechos humanos
  • Derecho a la atención y apoyos personalizados
  • Derecho a una atención libre de sujeciones
  • Sin nuevas macro-residencias
  • Residencias con ambiente hogareño, lo más parecido a un hogar
  • Participación de las familias
  • Derecho a la intimidad y privacidad
  • Personalización de los espacios y entornos amigables
  • Ubicación en el entorno comunitario
  • Mejora de los servicios domiciliarios
  • Más profesionales de atención directa cuidando y prestando apoyos
  • Mejora de la calidad del empleo
  • Mejora de la coordinación social y sanitaria
  • Cultura de la evaluación de la calidad