Desde que ocurrió el accidente del Alvia, el 24 de julio de 2013, el Gobierno, a través del Ministerio de Fomento (ahora Transportes), tanto con el PP como con el PSOE, ADIF y RENFE, han actuado para evitar que se conociera la verdad, que no paguen los responsables de 80 muertos y 145 heridos, y que se pague lo menos posible a las víctimas en indemnizaciones que legítimamente les corresponden.

Afortunadamente, gracias a la lucha de las propias víctimas, la verdad se ha acabado conociendo. El proyecto del Alvia fue una auténtica chapuza que sirvió, sin embargo, para llenar los bolsillos de numerosas empresas y amigos, tal y como ocurre con gran parte del presupuesto que maneja el Ministerio de Fomento/Transportes.

En cuanto a las responsabilidades, si bien hay un cargo político de ADIF imputado, Andrés Cortabitarte, los más altos responsables, tanto del Ministerio de Fomento como de los Consejos de Administración de ADIF y RENFE, tanto con el PP como con el PSOE, han quedado excluidos. ¿Por qué? Porque por encima de todo, ocupe quien ocupe el Ministerio de Fomento/Transportes, se trata de proteger los boyantes negocios de ADIF, RENFE y de las numerosas grandes empresas a las que "subcontratan" sus servicios. Es decir, estamos ante una cuestión de Estado. Y esos intereses económicos son los que han estado defendiendo los sucesivos gobiernos desde que se produjo el accidente.

Nada más ocurrir el accidente, el entonces secretario de Estado Rafael Catalá dijo: "El accidente no fue en la alta velocidad como algunos dañinamente dijeron. La industria ferroviaria podría quedar excluida de concursos internacionales". En ese momento, España estaba a punto de firmar un contrato multimillonario con Brasil, cosa que finalmente no se produjo a causa del accidente.

Más adelante, nos enteramos de que el importe de la adjudicación del proyecto inicial de la línea Ourense-Santiago de 137,9 millones de euros se modificó rebajándolo a 112,4 millones de euros cuando faltaban unos meses para su finalización. Una rebaja de 25,5 millones de euros que suprimió el sistema de seguridad ERTMS de la vía, con el cual el accidente no se hubiera producido. Así lo reconoció Ferré Moltó, presidente de ADIF, en su comparecencia parlamentaria del 8 de agosto de 2013.

Después supimos que Lanchares, director general de Seguridad de RENFE, solicitó autorización para desconectar el sistema de seguridad (ERTMS) embarcado en el tren, que era el último elemento que quedaba para mitigar un posible error del maquinista. ¿Y por qué? Una vez más, por razones económicas. Quien solicitó la desconexión fue el gerente del área de negocios de RENFE, ya que generaba incidencias y producía pequeños retrasos que obligaban a RENFE a devolver el dinero de los billetes a los viajeros.

Y se desconectó no solo sin hacer una evaluación de riesgos sino, incluso, desoyendo las indicaciones del fabricante, Bombardier, que advirtió que NO se debía desconectar proponiendo tres soluciones alternativas, que RENFE y ADIF descartaron.

Pero ahora, además, vemos como ni siquiera se cumple con otra reivindicación fundamental de las víctimas, la reparación.

Acaba de comenzar el juicio. Y lo que estamos viendo es que la "pelea" entre ADIF, RENFE, QBE, ALLIANZ y la abogacía del Estado no es depurar responsabilidades por los gravísimos daños causados a las víctimas. No, ese no es el objetivo para ellos. Quieren limitar las correspondientes responsabilidades civiles ya que hay en juego indemnizaciones millonarias. ¡Otra vez el dinero y el negocio! El Gobierno, las empresas del Estado y las aseguradoras solo pelean por una cosa: pagar lo menos posible a las víctimas.

Por un lado, que las indemnizaciones no superen el límite de 65 millones de euros que cubre la aseguradora, y que incluyen daños materiales de la vía, tren, etc;  gastos de defensa jurídica de RENFE con despachos de abogados de élite; peritaciones, con peritos traídos fuera de España; costas judiciales y finalmente las indemnizaciones a las víctimas. Una cantidad a todas luces limitada. Cualquier gasto por encima de dicha cantidad lo asumiría directamente RENFE o ADIF, y de ahí que luchen con uñas y dientes para pagar lo menos posible.

Eso sí, ADIF no tiene ningún reparo en gastarse casi 14.000 euros de dinero público, de todos, en una simulación de juicio para evadir sus responsabilidades. ¡No hay dinero para las víctimas pero sí para tratar a toda costa de eximir a los responsables!

Al mismo tiempo, los responsables del accidente viven muy bien: José Blanco es Consejero de Enagás, cobrando 166.000 euros al año; Ana Pastor es vicepresidenta segunda de la mesa del Congreso de los Diputados y cobra 116.196,64 euros al año; Rafael Catalá, aunque no tenemos el dato de su sueldo anual, sabemos que es socio del despacho Carles i Cuesta Abogados, donde ejerce como abogado especializado en recuperaciones empresariales, refinanciaciones de deuda y concurso de acreedores. Por otro lado, QBE obtuvo beneficios en 2021 de 18.457 millones de dólares y ALLIANZ por 148.500 millones de euros. Hasta el mismísimo Cortabitarte, puesto a dedo por PSOE y PP e imputado en esta causa, ocupa actualmente un puesto, también a dedo, de subdirector de gestión logística de aprovisionamientos. No sabemos cuánto cobra, pero seguro que no es poco.

Mientras tanto, las víctimas, ciudadanos normales, trabajadores, además de estar destruidas por los fallecimientos o por las lesiones, tenemos que pagar el coste de nuestros abogados, procuradores, viajes y desplazamientos, las necesidades fruto de las secuelas. Es un juego macabro de lucha por el dinero e intereses económicos. Eso es lo que se está viendo en este juicio. Por ello, la inmensa mayoría de los abogados de las víctimas el primer día del juicio se mostraron en contra del ofrecimiento de indemnizaciones hecho por QBE a sus clientes.

Esta es la trágica realidad detrás de tanta palabrería, lloros fingidos y propaganda. Si les preocupan las víctimas, que juzguen a todos los responsables y que reparen plenamente a las víctimas.