Ya dijimos que había 178.649 razones para no cerrar la línea de Cuenca, todas y cada una de las personas que forman el censo ciudadano servidas por ese tren. Y nos quedamos cortos, porque la realidad es que esa línea, a la que se le va cortar una parte significativa de su trazado, empieza en Madrid y acaba en Valencia. O sea, que hablamos de unos 4.500.000 de ciudadanos y ciudadanas de España, que verán recortadas sus opciones de transporte ferroviario, sin derecho a réplica, ni argumentos solventes que lo expliquen.

La cerrazón en clausurar parte de esa línea, haciendo oídos sordos a toda una parte importante de la sociedad afectada, amén de ser constitutiva de algunas irregularidades (quién sabe si también ilícitos), sobre las que también hablaremos; es, sobre todo, una falta de respeto enorme a varios preceptos constitucionales que son fundamentales en el funcionamiento democrático de cualquier sociedad avanzada que se tenga por tal.

Tanto el artículo 23 en su vertiente ciudadana, como el 129 en la de personas trabajadoras, ambos de la Constitución Española de 1978 (CE) consagran el derecho de participación en los asuntos públicos, y en las empresas. Pues bien, ni el Ministerio de Trasporte, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), ni el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) han respetado estos preceptos constitucionales en el tiempo que este proceso lleva desarrollándose. Seguramente ellos dirán que sí. Nosotros tenemos pruebas que demuestran que no.

Miren, CCOO, como sindicato más representativo, a nivel de España, y del Sector Ferroviario, tiene representación institucional en los Consejos de Administración de varias empresas públicas del sector. Pues bien, en los consejos de empresas afectadas por el cierre de esta línea nuestros consejeros han preguntado sobre informaciones esenciales para la adecuada toma de decisión. Preguntas tan esenciales para la decisión que se pretende tomar, que ofende a la inteligencia, y a la dignidad ciudadana, tanto tener que hacerlas, como el no obtener respuestas.

Juzguen ustedes si no:

- Cuáles son los estudios que soportan la toma de decisiones del proyecto de supresión de parte de la línea Madrid-Cuenca-Valencia.

- Cuáles son los estudios relativos a convenios de servicios de movilidad.

- Cuáles son los contenidos de los supuestos acuerdos entre administraciones de los que se informó a las Secretarías Generales de los Sindicatos presentes en los Comités Generales de Empresa de Adif y Renfe, el pasado día 30 de noviembre de 2021.

- Cuáles es el destino previsto, de manera detallada, para la integración urbanística de 220.000 m² de suelos ferroviarios.

- Pídase a los Comités Generales de Empresa, formalmente, el preceptivo informe al que tienen derecho, de conformidad con el art. 64 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Bien, a fecha de hoy, esta información no ha sido facilitada, ni los órganos citados formalmente convocados al objeto legalmente previsto. Y hablamos de peticiones iniciales de diciembre de 2021. Tenemos más peticiones, posteriores, igualmente incumplidas.

No contentos con este desprecio constitucional a la clase trabajadora del sector ferroviario, han profundizado en el desprecio a gran parte de la ciudadanía afectada por el cierre de la línea. En un infantil juego de ratón y gato, al día siguiente de hacer el último recordatorio de documentación y agenda pendientes, apareció una carta en la mesa de los Ayuntamientos afectados por el cierre bajo siguiente asunto: "Clausura y exclusión de la RFIG del tramo Tarancón – Utiel de la línea ferroviaria 03- 310 Aranjuez –Valencia Fuente San Luis". Una carta que daba 30 días de plazo para formular alegaciones, a una decisión tomada sin respetar el derecho constitucional de participación de la ciudadanía de todos esos municipios afectados. Una carta que afirma que la línea en ese tramo "carece de rentabilidad económica y social" sin aportar un solo dato a los Ayuntamientos afectados, que soporten esa afirmación. Es decir, no sólo no se respeta el derecho constitucional de participación, sino que se causa una profunda indefensión a la administración local afectada, y a su ciudadanía, negándoles una información objetiva, independiente, contrastable y esencial, para una toma de decisión justa y no arbitraria.

Es mucho lo que está en juego. Ya lo dijimos al principio. Lo que está en juego, más allá de la pérdida de un activo ferroviario, es el propio respeto al Estado de derecho sobre el que se sustentan la civilización y la democracia. Y luego, nos quejaremos desde las ideas de progreso, de que viene la extrema derecha a cargárselo todo...

No, no, y mil veces no. No es de recibo lo que está pasando con el cierre de esta línea. Una línea que puede que no sea rentable en el estado lamentable al que se dejó llegar (por los mismo que la quieren cerrar), pero que, con toda seguridad, lo sería con las necesarias medidas de renovación, explotación y gestión. Tenemos ejemplos de buenas prácticas que han demostrado como una línea de trazado, orografía, material y población muy similares, se convierte en línea de éxito, con una mínima inversión y una mejora en la gestión, como es el caso de la línea de Lleida a La Pobla de Segur.

No, mil veces no, a un proyecto más oscuro que claro, donde la información necesaria no fluye, no se aporta, no se argumenta. Donde no se respetan los derechos constitucionales del pueblo soberano, y se intenta sustituir su voluntad, por la de burócratas a los que poco, o nada, importa ese tren que se pretende hacer desaparecer. Y, encima, bajo argumentos falaces y miopes, sin entrar demasiado en sospechas de las que sería mejor no tener que hablar, pero que suenan. Como el agua del río.

Y es que, cuando comenzamos esta batalla, en más de un foro en los que hemos buscado luz y taquígrafos, nos hemos encontrado con una frase, de esas que no se olvidan fácilmente: Cuando estéis en el fragor de alguna reunión que se haya tensado mucho, en la que parece no quedar salida, en la que no se ve voluntad de diálogo... Sólo tenéis que decir una cosa: "Me ha llegado el rumor de que se está cociendo un pelotazo urbanístico con los suelos ferroviarios..." Os garantizo que todo saltará por los aires.

Uno se queda perplejo ante tal afirmación. Piensa, no es posible. No es posible con un Gobierno progresista, con un Ministerio del partido mayoritario de la coalición. Esto de los pelotazos sólo ocurre con los gobiernos corruptos de derechas. No, no es posible. No, no es... No.

Ya lo dijimos en el título: nos jugamos la Democracia, así, con mayúscula.

También nos jugamos el futuro del planeta, con medidas comprometidas en el PNIEC y la Agenda 2030. Nos seguimos jugando la incoherencia ciudadana y económica de un modelo ferroviario que ha desatendido a la gran masa ciudadana, para atender, primero, a las élites, y luego, ya veremos...; y no lo decimos sólo nosotros, también lo dice la "Airef"

También lo hemos expresado con rotundidad, y argumentado, con las propias razones que el MITMA, y otras administraciones y ministerios, esgrimen en su discurso sobre sostenibilidad y cambio climático, cuando hemos realizado alegaciones a la estrategia indicativa de desarrollo de la infraestructura ferroviaria: "el cierre de cualquier línea ferroviaria, y su trasvase al transporte carretero, es contario a los objetivos de desarrollo sostenible, y a todos los instrumentos derivados del mismo, relativos al transporte. Y la realidad actual, como el propio Estudio Ambiental Estratégico (EAE) explica con datos demoledores en las págs. 98 a 100, es el absoluto desequilibrio del ferrocarril (agudizado en 2019 en la Media Distancia y la Red de Ancho Métrico) respecto de la carretera. Por tanto, salvo que la EAE quiera propugnar unas líneas de actuación, para luego hacer lo contrario, el cierre de líneas no puede contemplarse NUNCA como alternativa, incluidas las que prestan servicio con tracción diésel, que deben ser transformadas, pero no cerradas".

Basta de tener que aguantar a responsables del MITMA, que se mofan de la ciudadanía a la que deben servir, en redes sociales. Cuyo desafortunadísimo tweet revela, además de una profunda falta de respeto a una gran parte de conciudadanos que ejercían un derecho fundamental; también traslucen una preocupante y arrogante incultura jurídica respecto de la Constitución, el Estatuto de los Trabajadores, y la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Algo que roza lo intolerable en un servidor público.

Basta ya. Detengan la operación. Partan de cero. Respeten, paso a paso, todas las obligaciones legales, y constitucionales, hasta hoy incumplidas. Abran esta propuesta al debate que necesita toda la ciudadanía española como sociedad madura, democrática y con derechos reales de participación en los asuntos públicos. Escuchen a toda la ciudadanía en una participación verdadera, dejen que aporten sus datos y propuestas; aporten ustedes los datos que hasta hoy no han traído. Y después, decidan. Ganaremos todos. Pero, sobre todo, ganará la Democracia.