Javier Lambán, lenguaraz presidente felipista de Aragón, no dice muchas cosas atinadas, pero no puede disentirse de él cuando dice que, de resultas de la decisión del Gobierno de enviar la Agencia Espacial Española a Sevilla, "la política contra la despoblación queda muy desacreditada". En los últimos años, la conciencia de la existencia de una España vaciada y de la necesidad de llenarla se tradujo en algún momento en declaraciones gubernamentales sobre la intención de descentralizar organismos del poder central hacia ella. Teruel, capital informal —o concapital junto con Soria— de esta sensibilidad, optaba a la acogida de esta Agencia Espacial. Qué mejor lugar —piensa uno ahora— para mirar al cosmos desde España que la pequeña ciudad aragonesa: en un mapa de estrellas visibles desde Europa diseñado por Pierantonio Cinzano, en el que manchas de distintos colores nos explican si se ven entre 0 y 200 (fucsia), 200 y 400 (salmón), 400 y 700 (azul claro), 700 y 1000 (azul oscuro), 1000 y 1300 (gris) o 1300 y 1900 (negro), la Serranía Celtibérica de la que forma parte Teruel aparece coloreada con un negro nigérrimo que comparte tan solo con la Noruega profunda y algunas comarcas balcánicas y alpinas. Sevilla, con el fucsia de Londres, París o el Benelux.

El Gobierno vende esta concesión a Sevilla, y la de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial a A Coruña, como un acto de descentralización. Lo es innegablemente al lado de la concentración de organismos en Madrid —contra cuyo final protesta ahora airadamente el Gobierno ayusista, siempre presto a encarnar el victimismo de los privilegiados que es un Zeitgeist de nuestra época—. Pero se echa en falta la ambición de un plan que no consista apenas en concesiones menores a ciudades con clubes de fútbol campeones de Liga. Javier de Burgos diseñó en 1833 el mapa provincial y de partidos judiciales que sigue vigente pensando en distancias a recorrer en burro y en carro. En aquella España en construcción (va una recomendación libresca: La construcción del Estado en España: una historia del siglo XIX, de Juan Pro), en la que el poder de los organismos centrales comenzó no llegando, como se decía entonces, más allá del horizonte visible desde las ventanas de los ministerios, y fue extendiéndose a duras penas, no tenía sentido pensar en un reparto de ministerios que los ubicara en Barcelona, Valencia o Bilbao; no digamos en Zamora o Ciudad Real. Pero hoy las autopistas de la información sí posibilitan una coordinación fluida entre organismos del Estado físicamente distantes, ubicados lejos de los grandes nodos de población, y que creen empleo y actividad económica en comarcas deprimidas, devastadas por la aspiradora madrileña.

El modelo a seguir es alemán: en aquel país, el Tribunal Constitucional tiene su sede en Karlsruhe; la Oficina de Patentes y Marcas, en Múnich; la de Administración, en Colonia; la de Impuestos, en cuatro sedes distintas; la de Migración, en Núremberg; los Archivos Federales, en Coblenza; el Tribunal de Cuentas, en Bonn; el Banco Central, en Fráncfort, etcétera. Se ha señalado a veces otra ventaja a considerar en un país como España, donde la separación de poderes ha dejado siempre tanto que desear: la separación física de los organismos dificultaría los compadreos espontáneos, pergeñados en espacios de esparcimiento común en la ciudad compartida, que son semilla de la corrupción y de la muerte de Montesquieu.

Llévense ministerios a Teruel, a Zamora, a Ciudad Real; llévense a Calanda, Toro o Valdepeñas. Salgamos de nuestra zona decimonónica de confort a la hora de repensar la España del siglo XXI.