Otras miradas

Riesgos inminentes y remedios para la conservación de la democracia

Ramón Soriano

Catedrático emérito de Filosofía del Derecho y Política de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Seguidores del ultra Jair Bolsonaro han invadido el Congreso de Brasil en Brasilia. -Adriano Machado / REUTERS
Seguidores del ultra Jair Bolsonaro han invadido el Congreso de Brasil en Brasilia. -Adriano Machado / REUTERS

Es conveniente que nos planteemos los actuales riesgos para la conservación de la democracia y sus posibles remedios ante los últimos acontecimientos protagonizados por la derecha radical: asaltos al Capitolio en Estados Unidos, a los tres poderes estatales en Brasil y preparativos para el ataque al Reichstag en Alemania. Lo que viene a continuación es una lista de riesgos inminentes y sus posibles diques de contención. Mucho se habla de los peligros y poco de los remedios.

1.- El enemigo interior de la democracia. Elijo bien el término porque los ataques de estos enemigos se comportan y extienden como un virus. Ya Maquiavelo señalaba que las repúblicas desaparecían debido a dos causas: la invasión del enemigo exterior y las luchas internas para alcanzar el poder. En su tiempo era más posible la destrucción de la república por la invasión externa del enemigo ambicioso que por las luchas de grupos y bandas dentro de la república. En nuestra época es al revés: más puede subvertir la democracia sus adversarios internos que los elementos externos a ella. Veamos una tipología de los enemigos internos de la democracia al uso de nuestros días:

1.1. El enemigo interior asaltante de las instituciones y poderes estatales. Es el más peligroso de los enemigos interiores. Lo hemos visto en Estados Unidos, Brasil y Alemania. En los dos primeros Estados con tentativas llevadas a cabo pero frustradas aunque con una enorme polarización social. En Alemania, la Policía desarticuló un intento de golpe de Estado contra el Reichstat. Con más frecuencia tienen lugar estas acometidas del más poderoso enemigo interior, cuando se producen dos circunstancias: a) un presidente del Gobierno de ultraderecha que pierde las elecciones, y b) una sociedad muy polarizada.

El asalto en todos los casos no tiene lugar de un modo espontáneo, sino que obedece a una estrategia previa, en la que a la instigación y acciones de líderes políticos y protagonistas acompañan previamente la organización y las acciones preparatorias.

1.2. El enemigo interior deslegitimador del Gobierno de turno, a pesar de haber accedido éste y desarrollar una actividad conforme al procedimiento constitucional y legal. Una deslegitimación en el doble sentido -de origen y de ejercicio, como decían los clásicos-, porque según los críticos se accede al poder usurpándolo o se le ejercita ilegalmente. El actual Gobierno español ha sufrido deslegitimaciones del PP, Vox y Ciudadanos, la derecha tripartita, no obstante haber accedido al poder observando escrupulosamente la constitucional moción de censura o el proceso electoral. Muy significativa la actitud del líder del PP, que deslegitimó al Gobierno en ambos sentidos indicados, llegando a decir que "Sánchez tiene un plan B para alterar la democracia".

Hasta la fecha el mayor atrevimiento de este enemigo interior deslegitimador ha sido la proclama sin pruebas del fraude electoral, y como consecuencia el rechazo de los resultados electorales. Es una estrategia que ya inician antes de las elecciones, preparando el terreno... por si las pierden. Bolsonaro ha seguido los pasos de su maestro Trump, y su ministro de Justicia ha sido cogido in fraganti con documentos adulteradores de los resultados de las elecciones brasileñas. Entre nuestro país el PP ya estudia y aplica las experiencias de los anteriores líderes de la desinformación advirtiendo en junio de 2022, sin prueba alguna, del manejo por el Gobierno español de Indra, sistema informático que únicamente recoge datos electorales, y del Instituto Español de Estadística. La misma acusación, sin prueba, hizo Vox.

La deslegitimación es un ácido corrosivo, que se extiende por la población, a la que polariza, caldo de cultivo, que puede terminar en los asaltos a las instituciones y poderes estatales.

1.3. El enemigo interior oculto antidemocrático. Hay otro enemigo interior de la democracia, menos conocido, porque no se manifiesta públicamente -o solo algunas veces-, pero es muy eficaz, al estar extendido por todos los territorios del Estado. Un enemigo oculto que va destruyendo la democracia con el boca a boca, como un topo zapador. Me refiero a los cientos de miles de antidemócratas, muchos de los cuales pasaron de la dictadura franquista a la democracia directamente, ejerciendo sus cargos y responsabilidades anteriores. Tuvimos una manifestación en las declaraciones de un grupo de militares, que "solucionaban los problemas del país asesinando a millones de españoles" (demócratas, se entiende) Y tenemos otra manifestación muy preocupante en las encuestas pasadas a las poblaciones jóvenes, en las que se detecta una ideología antidemocrática extendida.

La transición española a la democracia se cerró en falso por causa de la ley de amnistía, que perdonó los crímenes y a los criminales de la dictadura. Y así muchos jueces franquistas, sin dejar de serlo, se vieron obligados a aplicar el nuevo derecho de la democracia. El poder legislativo fue renovado con las elecciones democráticas postconstitucionales, y como derivación el poder ejecutivo que sale de la elección del legislador. Pero el poder judicial no sufrió renovación alguna. En esta cuestión España se parece a Brasil y se distancia de Argentina o Chile, donde fueron procesados al menos los golpistas que destruyeron la democracia de estos dos países. La dictadura de Brasil (1964-1985) no fue seguida de depuración alguna, como en España.

1.4.- El enemigo interior equidistante y cómplice. Es quien considera que todo puede ser debatido y sometido a votación, incluso derechos fundamentales, que exigen una reforma agravada constitucional (aprobación por 2/3 de dos Cortes sucesivas), y que cree que basta un cambio electoral y un nuevo Gobierno. Es quien iguala situaciones y actitudes que nada tienen que ver la una con la otra, como comparar el rodeo al Congreso de los Diputados español de unos cuantos, equivalente a una manifestación pública, y el asalto violento a los tres poderes estatales en Brasil para derribar al presidente del Gobierno electo. La derecha política y mediática constantemente está haciendo uso de esta equidistancia cómplice. Dan la impresión de competir en la comparación más estridente e irracional. Espero que quienes profesan ahora la equidistancia no se topen en el futuro con un Gobierno, que no les permita debatir nada, sino aclamar y obedecer los principios inamovibles de una nueva dictadura.

Remedios:

- Respecto a los asaltantes, la aplicación estricta de la ley a todos ellos y no solo a unos cuantos cabecillas. Hay que poner límites de la tolerancia a los intolerantes o estos destruirán la democracia, aprovechando la ingenua tolerancia de los demócratas. ¿Para qué habrá servido la tolerancia, una vez destruida la democracia? Brasil tiene ahora una prueba de fuego ¿Aplicará el Tribunal Supremo Federal la ley penal de septiembre de 2022 de crímenes contra el Estado democrático de Derecho a los miles de asaltantes a las instituciones de la plaza de los Tres Poderes? Una ley reciente de hace cuatro meses, que identifica con claridad meridiana como delitos a la asonada brasileña del 8 de enero de 2023.

- En relación con instigadores y cómplices del asalto es necesaria una reforma del código penal para criminalizar actos y omisiones conducentes al ataque a las instituciones principales del Estado. El asalto de Brasil es de libro y puede servir de orientación al cambio legislativo: criminalizar las acampadas con intención golpista, la complicidad en el golpe, la ausencia de condena del golpe por representantes y autoridades, la pasividad de las fuerzas de seguridad, la inasistencia al obligatorio acto de transmisión de poderes, etc. Hay inmensas lagunas que deben ser recogidas en la legislación penal, que solo suele criminalizar a los actos violentos, multitudinarios y públicos de los atacantes a las instituciones del Estado. En fin, endurecimiento del código penal de los delitos y apertura a nuevos delitos.

- Respecto a los ocultos antidemócratas, aplicación estricta de la ley de la memoria democrática, sin contemplaciones, a cualquiera de sus manifestaciones y acciones contrarias a esta memoria. Que ya está bien de haber tenido que sufrir asesinatos y torturas durante la dictadura y ahora en democracia sus acciones, omisiones y declaraciones fascistas.

El enemigo exterior de la democracia: las redes contra la democracia producto de la globalización.

La globalización es agridulce; ha traído aspectos negativos y positivos. Un signo destacadamente negativo ha sido la creación de redes mundiales que fomentan la inestabilidad política y las acciones delictivas. Ambos -inestabilidad y delitos- crecen y se desarrollan en la interacción de las redes internacionales. Estas sirvieron para propagar y ayudar a revoluciones progresistas como la revolución zapatista indígena de Chiapas (México) en los años noventa y las revoluciones de la Primavera Árabe en el segundo decenio de nuestro siglo. Sin la redes las revoluciones citadas no hubieran dado sus primeros pasos. Pero también las redes forman una maraña, por la que cruzan e interaccionan los radicales de derecha de todo el mundo. No se comprende bien el asalto en Brasil sin tener en cuenta el ataque previo en Estados Unidos. Son muchas las pruebas palpables, y no solo lo que siempre se aduce: la participación del estratega Steve Bannon, amigo personal de Bolsonaro, en ambas asonadas. Se conoce la interacción en las redes de la ultraderecha europea, desde que en 2017 sellaron su lucha común en Coblenza (Alemania), ensalzando al recién elegido presidente Trump.

Remedios:

- Directivas de la Unión Europea y normas jurídicas de los Estados en un doble sentido: a) crear nuevos delitos de la red y b) endurecer las penas de los pocos delitos ya regulados de odio y violencia.

- Aumento de la vigilancia y el control de la Policía y los servicios de inteligencia sobre intentos y acciones de grupos de ultraderecha, comenzando por la comunicación entre los Estados al efecto.

- La mayor disponibilidad y actuación de propietarios/gestores de las plataformas, como Facebook y Twitter, en el control de la difusión de mensajes de odio y violencia en las redes.

La adulteración y el vaciamiento de los derechos y libertades fundamentales, elementos básicos de una democracia.

No podemos apreciar la enorme conquista de las revoluciones liberales de la segunda mitad del siglo XVIII -con todas sus limitaciones y carencias-, si no abrimos la ventana de los tiempos y contemplamos cómo estaba la sociedad y el Derecho en la etapa preliberal; desde la primera mitad del siglo XVIII hacia atrás. Indico dos hechos de los muchos reseñables para darnos cuenta del cambio:

a) El derecho era desigual en virtud del estamento al que se perteneciera; había derechos diferenciados para los nobles, el clero, los burgueses o clases medias, los burgos, los gremios, el pueblo llano, etc.; según tu estamento así disfrutabas de mejor o peor derecho y obligaciones jurídicas. Por ejemplo, los nobles estaban exentos de pagar impuestos, que únicamente pagaban los burgueses y sobre todo el pueblo llano. El que más tenía, nada pagaba.

b) La jurisdicción era también desigual según el estamento: tribunales específicos para cada estamento -nobiliario, iglesia, burguesía, pueblo llano-, que aplicaban un distinto código penal. Por ejemplo, un mismo delito era castigado con distintas penas según tu estamento; la pena era mucho menor para el noble que para el pueblo llano.

La conquista de cualquier libertad ha supuesto enormes sufrimientos en el transcurso de los siglos: cárcel, tortura, pena de muerte, confiscación de bienes, castigo de inocentes, como la familia del sentenciado, etc.; que no son sufrimientos de tiempos arcanos; el franquismo practicaba profusamente la confiscación de bienes del condenado y su inocente familia. Pongo por caso una libertad que tanto gustan de abolir los dictadores: la libertad de expresión. Esta libertad surgió como libertad de palabra de los parlamentarios de los Comunes de Inglaterra en las sesiones parlamentarias: el Rey no podía ya detenerles por lo que dijeran en el Parlamento. Después se convirtió en la libertad de expresión de los nacionales del Estado en las constituciones liberales del siglo XVIII. Ahora es la libertad incluso para criticar al Rey y al Gobierno. Esta libertad de la persona ha ido ganando a través de los siglos en su extensión a nuevos titulares, en su contenido protegido y en los instrumentos de protección. Facetas subjetiva, objetiva y protectora. Mucho ha tenido que recorrer el caballo de las libertades individuales por los predios de la historia para ahora permitir que sea abatido de un tiro por los antidemócratas.

Contamos con una carta de derechos fundamentales y libertades públicas -los consagrados en la parte más preciosa y protegida de nuestra Constitución-, que está siendo atacada por la derecha radical. Estamos asistiendo a sucesivas oleadas de Vox contra estos derechos y libertades, que han costado tanta lucha y sangre durante siglos. Comenzaron con el pin parental y ahora con el vídeo para amedrentar a las embarazadas. La sola oferta de este vídeo a las embarazadas es ya un acto de violencia. Y no pararán. ¿Se imaginan lo que pueden pretender, si gobernaran con holgada mayoría?

Remedios:

- El dique de contención más eficaz es el que se ha practicado en algunos Gobiernos europeos: el cordón sanitario democrático contra la ultraderecha, no pactando Gobiernos de coalición con ella, pero ya vemos cómo en España el PP pacta y seguirá pactando con Vox. El presidente de Vox afirmó y reiteró públicamente que, cuando gobernara, suprimiría los partidos separatistas y comunistas. ¿A cuántos millones de españoles y españolas dejará sin representación política? No se debe pactar con un partido, que quiere destruir nuestra democracia para gobernar él solo sin partidos ni libertades.

- El requerimiento del Gobierno y, si fuera necesario, recurso ante el TC ante la vulneración de las leyes por un Gobierno infraestatal.

- El uso de recursos y querellas contra todas las propuestas, que supongan un atentado a los derechos fundamentales y libertades públicas en sus tres facetas: a) disminución de los titulares, b) merma del ámbito de protección y c) supresión de garantías de protección.

El aumento del empuje de la ultraderecha ante la impunidad de los atropellos contra la democracia y sus instituciones.

Muchas personas pierden el control y no atienden a las exigencias del derecho al ver que el incumplimiento de las normas penales de defensa de la democracia y del Estado de derecho, las que comportan un mayor grado de pena, no dan lugar a condenas, o son estas escasas o afectan a una minoría, dejando impune el comportamiento delictivo de casi todos los delincuentes.

Ejemplo muy cercano es el asalto al Capitolio en Estados Unidos en enero de 2021, a resultas del cual han sido condenados en noviembre de 2022 unos cuantos cabecillas. Y probablemente así será en el proceso inminente en Brasil, donde miles de asaltantes y cientos de miles de acampados ante los cuarteles del ejército, pidiendo que den un golpe de Estado, quedarán impunes.

Remedio:

La aplicación del derecho penal con carácter universal y no a unos pocos delincuentes. Ahora no es problema del legislador, que ya hizo su trabajo creando la ley adecuada, sino de los aplicadores de la misma, es decir, de los jueces y fiscales, comenzando por la cúpula de los tribunales de justicia. El caso paradigmático es precisamente el del último asalto a los tres poderes estatales en Brasil en enero de 2023, puesto que en septiembre de 2022 el Congreso Nacional, con enorme oposición del entonces presidente  Bolsonaro, aprobó la ley contra todos los crímenes del Estado democrático de Derecho, que facilita el procesamientos de todos los participantes en las acampadas y en el asalto en la plaza de los Tres Poderes. ¿Se aplicará esta ley?

Las falsedades, calumnias e injurias constantes en la vida pública de nuestros representantes y gobernantes.

La inmensa mayoría de las personas está harta de las falsedades y los improperios de nuestros políticos, de unos contra otros, en sede parlamentaria y fuera de ella. Esta conducta afecta a los ciudadanos, pues la propagación de frecuentes falsedades impide que éstos dispongan de una información veraz, lo que a la postre se traduce en la emisión de un voto no fundado, y además profundiza en la desconfianza de la ciudadanía en sus políticos, ya que observa que éstos crean un negro y convulso escenario, donde es imposible la deliberación, la negociación y el gobierno sobre los asuntos que interesa a la población.

Sería conveniente la creación de una comisión, que tendría como único objetivo desvelar la información falsa del político, especialmente si se reitera en ella, y atajar las calumnias e injurias. Nuestros representantes no pueden ser perseguidos por lo que dicen en el Parlamento, debido al privilegio (discutible) de la inviolabilidad, es decir, la posibilidad de decir lo que quieran y como quieran sin ser procesados por ello, pero este privilegio no impide que se les pueda poner en evidencia si no dicen la verdad y si calumnian e injurian.

Remedios:

- La reforma del art. 71.1 de la Constitución y de la legislación, poniendo limitaciones a la inviolabilidad parlamentaria.

- La creación de una comisión mixta constituida por parlamentarios (30%) y personas de notorio prestigio e imparcialidad (70%), no militantes en partidos políticos y sin ejercicio de responsabilidades políticas, elegida con voto cualificado, bajo la presidencia del Congreso de los Diputados, cuya finalidad será el control de las falsedades, calumnias e injurias de los parlamentarios. Igual comisión en el Senado y en todos los órganos de representación política del Estado, las Comunidades Autónomas, las Asambleas provinciales y los Ayuntamientos.

Más Noticias