Otras miradas

La infancia olvidada

Isabel Serra

Portavoz del CC de Podemos Madrid y diputada de la Asamblea de Madrid

Isabel Serra
Portavoz del CC de Podemos Madrid y diputada de la Asamblea de Madrid

Hoy, el día que se celebra el día internacional de la infancia, hay varios adolescentes que están durmiendo entre cartones en el barrio de Hortaleza a pesar de estar tutelados por la Comunidad de Madrid y por tanto bajo su protección, supuestamente. Un hecho gravísimo que se da a la vez y el mismo día en el que se repetirá cientos de miles de veces las palabras "el interés superior del menor".

Pero lo que pasa en Hortaleza no es nuevo. El desamparo y la vulneración de los derechos de la infancia es algo demasiado común en nuestra sociedad y más en los últimos años. Lo demuestra el dato de Eurostat que se publican hoy, que dice que en nuestro país la pobreza infantil no deja de crecer y se sitúa ya en un 34,4%. ¿Cómo es posible que esta no sea la prioridad de cualquier gobierno o cualquier institución? ¿Cómo es que no hay movimientos sociales por la defensa de los derechos de la infancia?

No es únicamente porque datos como el de la pobreza infantil muestren un problema más estructural que afecta al conjunto de la población y que sólo es posible cambiarlo acabando con las políticas de austeridad y llevando a cabo un cambio de modelo social y económico. No es eso. Vivimos en una sociedad tremendamente discriminatoria hacia la infancia, y la vulneración de sus derechos no se reduce a un factor económico o a una consecuencia de la desigualdad social. Es una cuestión cultural que se concreta en un colectivo específico. Los niños y las niñas, o adolescentes, son siempre los y las más olvidadas, las invisibilizadas, las que no tiene voz. Desde luego más si son pobres, si son mujeres, si son inmigrantes, pero también por ser pequeños en edad.  Y esta invisibilización también la han sufrido siempre por los partidos y las organizaciones "de izquierda" y por los movimientos sociales. Total, no pueden votar, ni tampoco hay una educación que les haga vincularse al espacio público y participar de él, organizarse. La sociedad no está, o no quiere estar, preparada para ello.

Cuando se aprueba la Ley orgánica 5/2000 reguladora de la responsabilidad penal de los menores hay todo un discurso preparado por el Partido Popular que criminalizaba a los chicos y chicas adolescentes. En esos años comenzó a hablarse de la violencia intrafamiliar de los hijos e hijas hacia sus padres, para que calase cada día más en la sociedad que si hay chavales conflictivos es responsabilidad suya, propia, y muy a costa de sus familias.

Si hay chavales que están todavía más olvidados y olvidadas, esas son las que están dentro de centros. Desde ese año han sucedido varios casos de muertes –algunas por suicidios y otras no- dentro de los centros. Algunos son de reforma, es decir, para menores infractores, y otros de protección, dentro de los cuales están los centros terapéuticos para "menores con trastorno de conducta" donde todos los "habitantes" reciben medicación como "solución" a sus problemas sociales. Recursos muy cuestionados por organizaciones sociales como Amnistía Internacional u organismos como el Defensor del Pueblo que concluyeron después de una intensa investigación que se vulneraban sistemáticamente los derechos de estos chicos y chicas. Recursos privatizados y gestionados por empresas, en su mayoría, que provienen en algunos casos de fundaciones o sectas reconvertidas para poder concursar por las ofertas de los servicios públicos del gobierno del PP, y que ingresan nada menos que entre 2000 y 4000 euros al mes por plaza a día de hoy. Sólo en la Comunidad de Madrid estamos hablando de 85 centros y de en torno a 3000 chicos viviendo en ellos.

Pues bien, a pesar de los avances que impulsaron estas denuncias, que han tenido su efecto incluso en la reforma de la Ley de Protección de Infancia y adolescencia del año 2015, hoy un 42% de los y las menores tuteladas están institucionalizados en grandes centros, algo que contradice todas las recomendaciones de organismos internacionales. Y mientras tanto las instituciones siguen criminalizando a estos chavales, culpabilizándoles y responsabilizándoles de su situación.   Dicen a día de hoy desde el gobierno de Cifuentes que si estos chicos de Hortaleza están en la calle es porque quieren. Que son conflictivos, que inhalan disolventes, que tienen problemas mentales o que vienen de delinquir en sus países. Todas estas calificaciones las he oído en las últimas semanas. Y no es casualidad que en medio de la crisis de refugiados sea además el discurso que diferencia entre dos tipos de menores, los nacidos en España o quienes vienen del extranjero sin padre o madre que les acompañe, que está sirviendo al gobierno para esquivar un problema que es mucho más complicado. Por desgracia también es usual escuchar en ámbitos más cercanos "algo habrán hecho para estar en esos centros" sin recaer en algo tan básico como que sólo están ahí porque estaban, a juicio de una autoridad judicial o la comisión de tutela de la Comunidad de Madrid, en situación de desamparo.

Cuando he conocido a estos chicos y chicas, algunos de ellos precisamente los que hoy duermen en el parque, no me ha dejado de sorprender su fortaleza con la que se enfrentan sus propias vidas. Algunas de ellas han sufrido abusos sexuales por parte de sus padres, otras han tenido que sufrir su abandono o su suicidio, otros han visto como el estado retiraba la tutela a sus padres porque son pobres a pesar de que la ley sea clara en que no se puede retirar custodia o tutela por una cuestión económica. Otros, como estos chicos extranjeros, llevan años de viaje y han cruzado la frontera debajo de un camión, no tienen familia pero traen una espada de Damocles que les han puesto sus familias marroquíes para que tengan un futuro mejor de lo que les esperaba allí y lleven dinero a casa.

Son casos muy diferentes y desde luego realmente complejos, pero si hay un común denominador es que son de los que nunca se habla y que al salir de ahí tampoco lo tienen fácil (sólo el 27% sale con la E.S.O. ). Y a pesar de todos los intentos por menospreciarlos y considerarles más objetos que sujetos de derechos demuestran lucidez a la hora de enfrentarse a la brutalidad del mundo que les ha tocado vivir.

Estos días que por fin se habla de ellos necesitamos dar respuesta desde las propuestas políticas. Tengo claro que es imposible el desarrollo y el crecimiento de estas personas en macrocentros, sin vínculo familiar ni persona de referencia, sin expectativas porque al salir no tendrán permiso de trabajo o ni siquiera permiso de residencia, en donde a pesar de estar supuestamente protegido/a,  lo que puedes hacer y lo que no lo ordena un vigilante de seguridad, a veces a base de palizas. Yo le pregunto a cualquier político, empresario, o trabajador o persona que defienda este sistema de protección para la infancia más vulnerable si él o ella misma sería capaz de crecer en este ambiente y ser feliz o incluso preferiría estar en la calle durmiendo entre cartones.