Otras miradas

El cinismo del PSOE o por qué la respuesta a Trump no puede ser el continuismo neoliberal con tratados como CETA y TTIP

Por Tom Kucharz
Miembro de Ecologistas en Acción.

El próximo 15 de febrero, hay una votación clave en el Parlamento Europeo sobre elpeligroso acuerdo de comercio e inversión entre la Unión Europea y Canadá (CETA por sus siglas en inglés). Para una parte de la socialdemocracia europea y la derecha neoliberal, PSOE, PP y C’s en el caso español, la cosa está clara: la respuesta a las medidas de Trump es la ratificación del CETA. Pero son precisamente las reglas neoliberales del CETA las que constituyen el problema y que han originado fenómenos fascistas como Trump y Le Pen.

Gobernar para las élites

El continuismo neoliberal significa gobernar para las élites, secuestrando a la democracia y concentrando la riqueza. Todo ello aumenta el paro, las desigualdades, las tensiones sociales y el miedo. Un caldo de cultivo perfecto para oportunistas, racistas y misóginas como Trump.

Recordemos: lo que el poder económico y político llama intencionalmente "libre comercio" es en realidad el proteccionismo de los ricos tales como Amancio Ortega y otras fortunas que poseen la misma riqueza que la mitad más pobre de la humanidad.

Los mismos partidos que defienden hoy la firma del CETA han gobernado para las élites durante décadas. El resultado: las grandes empresas y los más ricos logran eludir y evadir el pago de impuestos en Panamá, Luxemburgo y Canadá, y utilizan su poder para influir en políticas públicas (como con las puertas giratorias y el aumento del precio de la luz), alimentando así la grave crisis de desigualdad y violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

Los salarios de las mayorías sociales bajan mientras las remuneraciones de los altos directivos de bancos y empresas transnacionales se disparan, se recorta en servicios públicos como la sanidad o la educación mientras grandes corporaciones y grandes fortunas reciben subvenciones o rescates bancarios pagados con dinero público.

Políticas neoliberales anteriores al CETA o TTIP (tratado que la UE negocia con Estados Unidos) han provocado que las desigualdades crezcan en la mayoría de los países, los procesos de democracia formal están secuestrados por parte de las élites y los gobiernos sirven abrumadoramente a las élites económicas en detrimento de la ciudadanía.

Además, se han esquivado o eliminado normas y derechos ambientales y sociales por mandato de los intereses de las élites. Se han aprobado leyes laborales para despedir barato, subcontratar o reemplazar puestos de trabajo por empleo temporal, precario y mal pagado. Y a muchos países empobrecidos del Sur Global se les saquea sus recursos y se les niega la posibilidad de desarrollar su propia economía local condenando a miles demillones de personas a la pobreza y muerte.

Es un error continuar las políticas ultraliberales de comercio e inversión con tratados como el CETA, TTIP, el tratado TiSA para liberalizar los servicios u otros con Japón, Singapur, México o Filipinas. Porque la globalización capitalista plasmada en estos instrumentos ha generado una brecha entre ganadores y perdedores de la que se aprovecha la extrema derecha en tantos lugares.

Las mentiras de la socialdemocracia

Antes de la votación del CETA en el Parlamento Europeo, sus defensores están promocionando el tratado UE-Canadá como;el acuerdo comercial más progresista jamás negociado;. Afirman que el CETA representa una política comercial "justa y respetuosa con el medio ambiente" y que regulará la globalización en el interés de los trabajadores y de los ciudadanos. Un sí al CETA enviaría presuntamente un mensaje contra el presidente estadounidense Donald Trump.

Es justamente al revés, el CETA gestiona a la globalización en el interés de las grandes empresas transnacionales, sin proporcionar protección alguna a los trabajadores o el medio ambiente. Además, atenta gravemente contra la democracia y el Estado de derecho.

Ejemplo 1: Privilegios especiales para inversores extranjeros

El CETA otorga a los inversionistas canadienses el derecho exclusivo de evadir los tribunales nacionales, demandando a los Gobiernos ante tribunales internacionales de arbitraje, una justicia paralela y privatizada. El CETA amplía los privilegios ilegítimos de los inversionistas, tal como están recogidos en los acuerdos de comercio e inversión existentes. Las multinacionales podrán reclamar una compensación si una determinada medida, por ejemplo para proteger la salud o luchar contra el cambio climático, "amenaza sus inversiones".

Mediante el CETA los inversores podrían echar atrás medidas como prohibir los desahucios, acabar con la pobreza energética, denegar sustancias tóxicas o aumentar el salario mínimo.

A diferencia del derecho español, con el CETA se podría incluso ordenar a los gobiernos que indemnicen a los inversionistas por la pérdida de ganancias hipotéticas futuras. En estos últimos años algunos gobiernos han tenido que pagar miles de millones de euros a grandes corporaciones como Siemens, ExxonMobil y Deutsche Bank por medidas políticas soberanas.

Y debido a la fuerte integración de la economía canadiense y estadounidense y las propiedades cruzadas, miles de empresas multinacionales de Estados Unidos con filiales en Canadá podrán usar este sistema para arremeter contra leyes y medidas en España.Incluso contra normas de ayuntamientos donde gobierna el PSOE.

Corporaciones gigantes se están frotando las manos sobre lo que es efectivamente un "TTIP a través de la puerta trasera". Es más, el CETA podría incluso beneficiar a algunos de los negocios de Trump y su familia.

Bajo el CETA, los árbitros en estos tribunales de resolución de conflictos entre inversor y Estado cobrarían tasas diarias de $ 3,000. Un incentivo para decidir los laudos a favor de los inversionistas.

Mediante este tratado con Canadá sería aún más fácil para los inversores impugnar las regulaciones bancarias. La protección explícita con el CETA de las "expectativas legítimas" de los inversores les otorga un poderoso arma para luchar contra las políticas democráticas que tengan el fin de impedir el fraude fiscal o hipotecas abusivas con clausulas suelo fraudulentos, crear una banca pública o evitar futuras crisis financieras.Este tipo de clausulas no estaban en los acuerdos hasta ahora.

Ejemplo 2: Los servicios públicos amenazados

Por primera vez en un tratado de la UE, el capítulo de servicios del CETA tiene el enfoque de "lista negativa" para los compromisos de servicios. Un "logro" de los grupos de presión empresariales del sector de telecomunicación, energía, construcción, sanidad o seguros.

Todos los servicios estarán sujetos a la liberalización, a menos que se haga una excepción explícita. Esto significa que todos los servicios, a menos que explícitamente excluidos, serán desprotegidos. Pero el Gobierno español a penas ha puesto excepciones y los que hay están llenas de lagunas jurídicas. La exención de "servicios públicos" en el CETA contiene tantos vacíos legales que no permite una protección adecuada a los servicios públicos.

Resulta especialmente preocupante que bajo el CETA las regulaciones sobre la asistencia sanitaria en España, a través del Sistema Nacional de Salud (SNS), podrían verse amenazadas. La consecuencia práctica es que los inversores podrían desafiar las regulaciones de los sistemas de seguridad social, incluso las aseguradoras de salud pública. España se ha comprometido a liberalizar con el CETA los servicios de cuidados a largo plazo, como la atención residencial para la tercera edad

Lo más preocupante es que no exista una excepción para proteger los servicios públicos de los tribunales de arbitraje entre inversionistas y Estados. Las regulaciones en sectores como la sanidad, transporte público, electricidad o el agua podrían ser atacadas por demandas de multinacionales causando compensaciones caras o la retirada de medidas.

En este punto cabe recordar que España fue el país más demandado ante tribunales de arbitraje por sus cambios en la regulación energética.

En octubre de 2014, la compañía de agua AS Tallinna Vesi junto con su accionista United Utilities B.V. (Reino Unido) presentaron una demanda contra Estonia alegando la violación del "trato justo y equitativo" porque el nuevo gobierno municipal de la capital Tallinn denegó la solicitud de la empresa para aumentar las tarifas de agua. Ahora están buscando "indemnización por daños potenciales" de más de 90 millones de euros para el total de las pérdidas durante la vigencia del contrato hasta 2020. El holding holandés de la multinacional inglesa permitió a los solicitantes utilizar el mecanismo de arbitraje internacional incluido en el tratado bilateral de protección de la inversión entre los Países Bajos y Estonia.El CETA fomenta tales ataques de los inversores contra decisiones de interés público.

Ejemplo 3: Impedir mejoras sociales y ambientales

Hemos analizado los documentos de posición del gobierno y de la industria así como estudios científicos y hemos encontrado que la cooperación normativa en el CETA anula las instituciones democráticas ya que permitiría que representantes de la industria afecten, por ejemplo a las normas en materia de salud, seguridad alimentaria o protección ambiental. Las podrían retrasar o incluso prevenir.

El texto del tratado establece claramente que las empresas deben ser consultadas en los procesos legislativos lo antes posible para poder dar su opinión ahora.

Eso significa que algunos procesos -por ejemplo para prohibir sustancias químicas que producen cáncer- serán extremadamente lentos. Un ejemplo es la legislación sobre contaminadores hormonales. Hay evidencia científica clara de que ciertas sustancias son altamente tóxicas. El CETA actúa contra la voluntad de gobiernos municipales o regionales a adoptar restricciones para el uso de productos químicos tóxicos.

La gente está muriendo debido a regulaciones deficientes o debilitadas. En el Estado español, por ejemplo, se contabilizan 30.000 muertes prematuras al año por la contaminación según la Agencia Europea del Medio Ambiente.

CETA impide alternativas a Trump

Estos ejemplos ilustran el carácter antidemocrático del CETA y otros acuerdos comerciales como el TTIP, que Bruselas está negociando con Estados Unidos desde 2013 (ahora congelado, pero está previsto reanudar las negociaciones tal vez con otro nombre pasadas las elecciones en Alemania en otoño) o el acuerdo UE-Japón. Fijan las relaciones económicas y de propiedad existentes, consagrándolas en el derecho internacional, lo que restringe severamente el espacio para modificar las políticas que hasta ahora han gobernado a favor de las élites.

Tratados como CETA ponen los intereses de lucro de una minoría por encima del bien común y el interés público. Es una forma de nuevo constitucionalismo: una constitución neoliberal global que se dicta a través del derecho comercial internacional. Es una especie de "lucha de clases desde arriba" que hace imposible la transición hacia una sociedad con justa social y ambientalmente sostenible.

Y es curioso. Justamente cuando PP, PSOE y Ciudadanos censura a Podemos, Izquierda Unida, En Marea, En Comú Podem, Bildu, Compromis, las CUP o a las candidaturas municipalistas por revindicar el derecho a decidir un "proceso constituyente", imponen cambios legislativos anti-democráticos e injustos mediante tratados como el CETA.

En el CETA están totalmente ausente, por ejemplo, derechos laborales obligatorios o un mecanismo de sanciones para implementar las normas ambientales. De hecho, no hay obligaciones para las corporaciones en el CETA.

Tampoco hay obligaciones para impuestos mínimos de sociedades ni de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

En un momento de catástrofe climática, una brecha cada vez mayor entre ricos y pobres y el surgimiento de la extrema derecha en muchos lugares, es francamente cínico llamar al CETA ;un acuerdo que trae comercio más justo para todos como lo ha hecho el PSOE, en representación de sus eurodiputados Ramón Jáuregui Atondo y Inmaculada Rodríguez-Piñero.

Los que votarán el miércoles a favor del CETA dirán que los que nos oponemos al CETA somos "iguales" que la extrema derecha. Porque decimos que estos tratados generan desempleo y son muy negativos para la mayoría de la población.

Sin embargo, la agenda de Trump en Estados Unidos encaja perfectamente con la ley del más fuerte del CETA. Trump ha iniciado una nueva era de desregulación, demoliendo avances débiles en la regulación financiera (Dodd-Frank Act) y la protección climática.

Para complacer a las grandes empresas, también ha prometido eliminar un 75 por ciento de las regulaciones existentes. Incluso ha insinuado que cerrará completamente la agencia estatal de regulación ambiental (EPA).

Trump no defiende a la clase trabajadora. Lo que pretende es renegociar los acuerdos comerciales para que las empresas estadounidenses tengan aún menos regulación que cumplir y aún más beneficios privados.

El CETA incluye muchas disposiciones que generarán exactamente los mismos problemas que alimentan la política inhumana de Trump, Le Pen y otras fuerzas de extrema derecha: la desigualdad social, la exclusión política y una crisis de democracia provocada por la doctrina neoliberal.

Lo que necesitamos es un cambio de paradigma hacia una política comercial y de inversión inclusiva que se base en el cumplimiento de los derechos humanos, las necesidades de las personas y una transición socio-ecológica justa para responder a la crisis civilizatoria del planeta. Ratificar el CETA nos alejará aún más de dicha senda.