Opinion · Otras miradas

Los estudiantes universitarios: derechos y ¿deberes?

Rafael Cortés Elvira

Ex vicerrector de la Universidad Politécnica de Madrid y ex rector de la Universidad Camilo José Cela

Rafael Cortés Elvira
Ex vicerrector de la Universidad Politécnica de Madrid y ex rector de la Universidad Camilo José Cela

En la sociedad actual y muy especialmente en los momentos de crisis y desesperanza que vivimos, no es fácil reflexionar acerca de los problemas que afectan a nuestra vida diaria y que, en muchos casos, condicionan nuestro futuro.

En estas breves reflexiones, lo único que pretendo es lanzar ideas  para el debate. Un debate que considero fundamental para que la sociedad española alcance un grado de consenso que le permita avanzar, en los próximos años, por un camino compartido y con un destino  aceptado por la inmensa mayoría de ciudadanos.

En mi generación (55-64 años) solo el 19% de los jóvenes obtuvimos una licenciatura o equivalente, hoy ese porcentaje ha crecido hasta el 39%.  Es cierto que el capital humano universitario en España no ha dejado de crecer, el número de estudiantes que ha finalizado la Universidad, o su equivalente, entre 25 y 34 años es del 39% de la población,  3 puntos porcentuales por encima de la media de la UE. En consecuencia algo hemos hecho bien. Otra cosa es si ese capital humano responde a las necesidades del país y si tiene la formación adecuada para mejorar nuestra sociedad.

Como estudiante de aquella época, la del final de la posguerra, y por la procedencia humilde de mi familia puedo contar mi experiencia: pude estudiar gracias a las becas que iba consiguiendo año a año a base de matriculas de honor, y por trabajar todos los veranos cobrando recibos de seguros de ocho de la mañana a tres de la tarde, casa por casa, barrio por barrio. Es verdad que era otra generación y otras las condiciones de vida, pero puedo asegurar que aquel esfuerzo no supuso ninguna frustración. Todo lo contrario, creo sinceramente que me hizo más fuerte, me hizo mejor.

Tampoco lo fue el hecho de pasar las múltiples pruebas que tenía configuradas el sistema: el Ingreso (a los 10 años), la revalida de 4º (14 años), la revalida de 6º (16 años), el preuniversitario, el examen de acceso a la universidad (17 años) y el curso selectivo (que entonces consistía en aprobar todo primero de carrera para poder pasar a segundo curso). Seguramente aquello era excesivo, pero la alternativa que hoy vivimos es demasiado poco exigente. Como buen refranero que soy, destaco que cuanto más se te exige más das, y que el ser humano aplica, en general, la ley del mínimo esfuerzo. ¿No sería más razonable quedarse en una zona media del péndulo? Este país debería abrir el debate de cual es esa zona media, que desde mi punto de vista consiste en establecer pruebas en dos momentos críticos de la etapa de formación, cuando los estudios dejan de ser obligatorios (4º ESO) y en el acceso a la Universidad (Selectividad).

Dado que la enseñanza es un derecho fundamental recogido en la Constitución Española, el siguiente punto de debate debería ser si nuestro sistema garantiza la igualdad de oportunidades para todos los jóvenes. Como primer estadio de análisis, me voy a referir, tanto a la financiación de la educación universitaria, como a la configuración de las becas…

Deberíamos ponernos de acuerdo en desterrar el concepto de “Tasa Universitaria” y sustituirlo por el de “Precio Público”. La Ley tributaria deja muy claro que hablamos de tasa cuando los servicios que se prestan no sean de solicitud voluntaria o cuando no se presten por el sector privado. Para los servicios que prestan las Administraciones en concurrencia con la iniciativa privada, como es el caso de la educación, debemos hablar de “Precio Público”, que en teoría es el precio del servicio que financia la administración con el dinero de todos los ciudadanos, es decir, con los impuestos. El precio que pagan los alumnos para matricularse en la Universidad pública, no es tanto un tributo como un precio subvencionado, es una beca de entre el 80 y el 85 % del coste del servicio que se le presta. Lo que viene a significar que el Estado asume un coste unas cinco veces mayor que el que asume cada estudiante por el pago de su matricula, algo de lo que no se habla.

¿No seria razonable, después de 35 años de democracia conocer lo que nos cuesta a todos los contribuyentes cada alumno que estudia en la Universidad? ¿No es tiempo de fijar las condiciones contractuales entre financiador (la sociedad) y financiado (los estudiantes)?

Nos quejamos de que nuestras universidades no están en los primeros puestos de los ranking universitarios internacionales, pero eso es manera sesgada de abordar el problema. ¿Seria posible que el Real Madrid o el Barcelona estuvieran en los primeros puestos de Europa con presupuestos diez veces menores? Para establecer la eficiencia de nuestras universidades habría que contrastar el ranking de mejores universidades con el ratio de financiación por alumno de cada una de ellas. A lo mejor esa simple comparación nos permitía mejorar nuestra autoestima.

Por las previsiones económicas de los próximos años, es muy probable que en el futuro no podamos sostener el estado paternalista y subvencionador del que hemos disfrutado hasta hoy, sencillamente porque somos más pobres de lo que creíamos y porque los recursos son más escasos. A mi juicio, no se trata de intentar mantener todo, sino fijar las líneas rojas que no deben sobrepasarse, y cuya defensa debe constituir una prioridad de nuestra sociedad. Entre esas líneas rojas yo sitúo el mantenimiento de las políticas que permiten conservar la igualdad de oportunidades, siendo la posibilidad de estudiar en la Universidad una  de ellas, y desde luego de las más importantes.

Por otra parte, aunque la financiación de las Universidades es una condición necesaria, no es ni mucho menos suficiente para mejorar la calidad del capital humano que España necesita.  Calidad, cuya mejora está directamente relacionada con la forma de plantear y de gestionar las formas de financiar la educación. Además de la referida financiación pública, la Autonomía Universitaria, reconocida en la legislación española también como derecho fundamental, concede a las Universidades un amplio margen de libertad para la configuración de su organización interna y para el desenvolvimiento de su actividad, que debería servir también para que las Universidades obtuvieran más recursos, sin menoscabo de la calidad docente, muy al contrario.

La otra manera de incrementar los recursos, sin disminuir la línea roja del mantenimiento de la igualdad de oportunidades, es obtener más financiación de aquellos que estudian en la Universidad y que en definitiva son los más beneficiados. Parece una realidad que en la composición social de los estudiantes universitarios españoles, aquellos con mayor poder adquisitivo representan el mayor porcentaje de alumnos, de manera que podría no ser insensato decir que, a diferencia de los que ocurre en otros sectores, en la Universidad se produce un trasvase de recursos de las capas menos privilegiadas hacia las de mayor poder adquisitivo.

¿Cómo compaginar esto con la igualdad de oportunidades? A mi modo de ver fijando claramente como punto de partida el coste real que tiene la educación, y establecer a partir de ahí, en primer lugar el precio público correspondiente, para cada Universidad y cada carrera. Este precio público podría establecerse entre el 50% para las familias de mayor poder adquisitivo y el 15-20% actual para las de menor poder adquisitivo. A estas primeras (1ª BECAS)  hay que añadir otras sujetas también a condiciones y en función del poder adquisitivo de cada familia. Estas son  necesarias para aquellos que sin ellas  tendrían muy difícil, por no decir imposible, poder estudiar en la Universidad.

Estas 1ª becas serian las que hoy reciben todos los estudiantes por el simple hecho de matricularse en la Universidad . En este caso, el contrato con la sociedad, es decir, las condiciones a las que está sujeta, deberían establecerse en años de disfrute, configurados a partir de los años de carrera, la dificultad de la misma y la situación laboral de cada estudiante. Así por ejemplo, los alumnos dedicado full-time a sus estudios deberían terminar su carrera de grado en un máximo de cinco años (los títulos de grado son de cuatro años de duración), una ingeniería o medicina dos años más de la duración de la carrera, los alumnos que trabajen (y sea demostrable) o tengan especiales dificultados familiares, medio año más por cada año que trabajen durante la duración normal de la carrera, así para un alumno que trabaje y estudie un titulo normal de grado al mismo tiempo, el tiempo de duración de su beca sería de siete años…

Superado este tiempo, cualquier alumno que no hubiera terminado su carrera y quisiera completarla, estaría obligado a pagar el coste real de sus estudios. Como debería estarlo igualmente cualquier alumno que sin justificación alguna no superase al menos el 50 % de las materias matriculadas cada año.

La segunda y tercera beca, de las que se discute en la actualidad, deberían estar ligadas a determinadas condiciones. No es lo mismo una beca que sirve para pagar el precio de los estudios (2ª BECAS), que una beca que supone un esfuerzo adicional de la sociedad para pagar libros, manutención o incluso un cierto salario (3ª BECAS). A mi juicio las 2ª BECAS deberían responder simplemente al aprobado y al menos al 80-90% de las asignaturas matriculadas, mientras que las 3ª BECAS deberían exigir un rendimiento académico más elevado, que en cualquier caso debería ser fijado desde el consenso, no impuesto.

Obsérvese la contradicción actual, en la que se exige un rendimiento académico determinado para el 20% del coste de los estudios y no se exige prácticamente nada para 80% restante. Se podría hablar de los costes de las segundas y terceras matriculas para cada asignatura pero a mi juicio es simplemente un parche sobre la realidad que nos ocupa.

De esta manera de los tres tipos de becas aquí enumerados y en función del nivel de renta, los alumnos podrían tener la 1ª, la 2ª y la 3ª simultáneamente. Se podría perder la 3ª manteniendo la segunda, o la segunda manteniendo la 1ª o incluso perder la 1ª. Este planteamiento podría estar en posición de defender la igualdad de oportunidades que estamos obligados a proteger.

Yo hablaría incluso de un cuarto tipo de becas, no ligado a la igualdad de oportunidades sino a la excelencia. Serian aquellas que se deberían dar a los mejores alumnos para que pudieran estudiar en las mejores universidades del mundo. Estas becas serian de interés para España por el incremento de formación del capital humano que necesitamos, y no deberían estar ligadas al nivel de renta sino a la excelencia académica de los alumnos.

Esta es mi visión acerca del mantenimiento de la igualdad de oportunidades. Hay que tener en cuenta que hoy tener un título universitario ha dejado de ser un hecho diferencial como lo era hace algunos años. Injustamente, el factor diferencial es hoy estudiar total o parcialmente en el extranjero, ser bilingüe, hablar más de dos idiomas,  hacer prácticas o estancias en verano en lugares prestigiosos…Digo injusto porque son hechos directamente ligados a la capacidad adquisitiva., pero que son los que las empresas y Universidades de élite valoran. En fin la vida mirándola desde este punto de vista es injusta pero cuanto antes lo aceptemos mejor. Esto lo escribe quien de verdad lo ha sufrido y a quien le preocupa que aquellos que están dispuestos a realizar un esfuerzo para ser mejores, encuentren la solidaridad de sus conciudadanos y la oportunidad para demostrar lo que valen.