Otras miradas

Marruecos y la colonización de Palestina

Santiago González Vallejo

Comité de Solidaridad con la Causa Árabe

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, es recibido por el Rey de Marruecos, Mohamed VI, en un viaje oficial.- Moncloa
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, es recibido por el Rey de Marruecos, Mohamed VI, en un viaje oficial.- Moncloa

Marruecos está embarcado en unos ambiciosos proyectos de extender líneas ferroviarias tanto de alta velocidad como convencionales que amplíen la oferta de movilidad ferroviaria a la mayoría de sus habitantes.

También en que su acción política esté regida por la apropiación del Sahara Occidental, sin pasar por el referéndum de autodeterminación saharaui con el que se comprometió ante las Naciones Unidas.

En lo que respecta a esto último, su prioridad de apropiación del Sáhara y la normalización de su conquista le hizo cambiar su política tradicional con relación a Palestina. Marruecos pasó de apoyar el Plan de Paz Saudí, 'paz por territorios', a formar parte de los Acuerdos de Abraham, diseñados por el entonces presidente estadounidense Trump y su sionista cuñado, Jared Kushner, que implicaban el reconocimiento de Israel sin más y sin limitar siquiera la extensión de asentamientos en territorios ocupados por Israel.

De hecho, el reconocimiento de este Israel supone un cheque en blanco a la política expansionista y colonizadora israelí frente a los palestinos. Israel no tiene definidas sus fronteras y ni siquiera reconoce las de la Partición de las Naciones Unidas de 1947, ni las del armisticio anterior a 1967. Pero hay que admitir que Marruecos, aliado de Estados Unidos en diferentes frentes y con relaciones subterráneas previas con Israel, hizo un dos por uno y consiguió normalizar las relaciones con el ocupante Estado de Israel a cambio de que éste y Estados Unidos reconocieran la soberanía del reino de Marruecos sobre el territorio del Sáhara Occidental, en contra del respeto al derecho internacional y de las decisiones de las Naciones Unidas.


Mohamed VI, rey de Marruecos, emir de los creyentes, presidente del Comité Al Quds/ Jerusalén, gobernante absoluto de áreas relevantes del país, como exterior y defensa, y empresario y comisionista al que no se le escapa una en sus negocios dentro del reino, ya con el establecimiento de relaciones con Israel, compra armas y tiene instructores de Israel, la tecnología de espionaje Pegasus, para espiar dentro y fuera de su reino  (incluyendo el Reino de España o las instituciones europeas), mientras da caridad a los palestinos para intentar ocultar sus contradicciones al tiempo que mete en prisión a los disidentes saharauis.

Dada su identificación con la conquista y colonización del Sáhara frente al derecho internacional, se utilizan los presupuestos del reino marroquí y sus inversiones necesitadas de proveedores externos para bascular la elección entre unas empresas de unos países u otros, para influir en los gobiernos donde residen las sedes de esas multinacionales. De pronto, esos gobiernos se hacen dúctiles a las prioridades políticas (y coloniales) estratégicas o económicas del rey y empresario Mohamed VI, desde IKEA a los acuerdos comerciales de la UE. Pero intentando la invisibilidad de la causa y efecto.

En esta vorágine de estar en todo, hay un pequeño desliz de Mohamed VI y su corte majzen que muestra la rotura de las costuras. Esto alimentará el abandono de su imagen formalmente propalestina, deteriorada tras el atraque de un buque militar israelí en Tánger hace unas semanas. Veremos si intentan censurar la información y encarcelar a la prensa respondona.


Así, en el caso del concurso de ingeniería ferroviaria, suponiendo que las ofertas técnicas eran similares, la Oficina Nacional de Ferrocarriles (ONCF) tenía que formalmente decantarse por una u otra oferta empresarial, Egis Rail (Francia) o INECO (España), pero especulamos que, como en otras ocasiones, ha habido una decisión regia. Días antes de hacerse público el ganador (y había habido retraso en la resolución de ese concurso), el presidente de la República francesa Emmanuel Macron, liberal, había mandado una carta al rey de Marruecos, decantando a Francia como partidaria de la 'autonomía' que el Reino de Marruecos dice ofrecer al territorio conquistado e invadido del Sáhara: "es la única base para lograr una solución".

Un paso más allá del ofrecido unilateralmente por el presidente del gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez que, sin contar con las Cortes o el conjunto del gobierno, había mandado una carta secreta a Mohamed VI diciendo que la 'autonomía' ofrecida por su Majestad marroquí era "la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo".

Tenemos, pues, la prioridad que rige la política marroquí: el vasallaje de gobernantes socialistas y liberales de países europeos que siguen haciendo gala de planteamientos coloniales, decidiendo por poblaciones autóctonas cual debe ser su destino; y unos contratos de ingeniería y después de material ferroviario, construcción, etc. a distribuirse por relevantes multinacionales.


El fleco que empaña esos enjuagues, dado que la opinión y voluntad de los saharauis para los gobernantes de los países mencionados carece de importancia, es el asunto ferroviario y la empresa elegida, en esta ocasión, Egis.

Egis Rail está incluida en la Base de Datos de las Naciones Unidas, desde 2020 y ratificada en el año 2023 como una de las empresas participante a título lucrativo en la ocupación y colonización de Palestina. Fue seleccionada por las autoridades de ocupación israelí como consultora para el tren ligero de Jerusalén en 1999. En 2007, ganó un contrato de 11,9 millones de euros para el Plan Maestro de Transporte de Jerusalén (JTMT) para ayudar en la construcción y expansión del proyecto del tren ligero en Jerusalén, actividad que continúa ejerciendo, conectando los barrios de los asentamientos israelíes entre sí en Territorio Ocupado Palestino y con zonas consideradas israelíes.

Hay diferentes resoluciones de las Naciones Unidas, opiniones de la Corte Internacional de Justicia y las Convenciones de Ginebra que consideran un crimen facilitar la transferencia de población de la potencia ocupante a territorio ocupado y expulsar a la autóctona, palestina. El presidente del Comité Al Quds no estuvo atento, otro día más, de las lecciones de derecho internacional.


INECO, empresa de ingeniería pública española, también participó en esas labores de ingeniería. En agosto de 2016, ganó un concurso para la planificación e ingeniería de los imprescindibles túneles de la Línea Azul del Metro Ligero de Jerusalén. El trazado previsto de la Línea Azul pasa del asentamiento de Gilo, en el suroeste de Jerusalén Este, a través del centro de la ciudad, hasta el asentamiento de Ramot, en el norte de Jerusalén Este, todos territorios ocupados palestinos. Según contestaciones a preguntas parlamentarias, que no hemos podido contrastar, lo hizo sólo en zonas consideradas como israelíes.

De paso diremos que, en esas líneas de tren ligero, en la gestión y ampliación de las líneas Roja y Verde, participa la empresa española CAF. COMSA licitó y ganó en la Línea Azul. Que tengamos noticias, los gobiernos europeos no han sancionado a ninguna empresa que se lucra con la ocupación y colonización israelí, como sí ha hecho con las rusas por su apoyo a la invasión de Ucrania. Al contrario, las promueven, como hace el ministro Carlos Cuerpo con CAF o Macron con Egis y Alstom, empresas francesas en la Base de Datos de las Naciones Unidas.

Todos, Macron, Sánchez y Mohamed VI están en contra verbalmente de la ocupación y colonización de Palestina, pero no de la del Sáhara, a pesar de lo establecido por el derecho internacional. Las empresas que ayudan en la colonización y se lucran con ella campan por sus respetos ante el cinismo y complicidad de sus avalistas.

La sociedad civil, los defensores de derechos humanos y los internacionalistas, además de pedir boicots, sanciones y desinversiones a las empresas delincuentes, debemos exigir coherencia a todas las instituciones locales, regionales y nacionales que tienen capacidad de dictar criterios sostenibles en las compras públicas. Debemos señalar la responsabilidad de nuestros gobiernos y, si es necesario, cambiar democráticamente sus políticas y su proximidad a determinadas multinacionales delincuentes.

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