Santiago Martín Barajas
Miembro de Ecologistas en Acción

En febrero de 2016 fue asesinada Berta Cáceres, activista ecologista y defensora de los derechos humanos de reconocido prestigio internacional. El motivo de su asesinato fue su participación en campañas de denuncia sobre los impactos que estaba teniendo sobre el medio ambiente y en territorio indígena la construcción de la central hidroeléctrica de Agua Zarca, en el río Gualcarque (Honduras). No se trata de un caso aislado: desde entonces se han producido otros asesinatos por motivos similares en diferentes países, tal y como muestran diversas organizaciones internacionales.

Un informe de Global Witness registraba que en 2014 fueron asesinados 116 activistas ecologistas en 17 países. Esta misma organización contabilizó en la publicación ‘En terreno peligroso’ el asesinato de 185 personas en 16 países durante el año 2015. De un año a otro ha habido un incremento de los asesinatos del 59%. De los países donde se denunciaron el mayor número de casos han tenido lugar en Brasil (50 asesinatos), Filipinas (33) y Colombia (26). El contexto de violencia que se da en diferentes territorios se acentúa en las zonas donde se instalan proyectos mineros-extractivos y de grandes infraestructuras, entre las que se incluyen las presas hidroeléctricas (15 asesinatos).

A raíz del asesinato de Berta Cáceres indagamos en las informaciones que habían aparecido semanas antes en Honduras y nos dimos cuenta con estupor de cómo desde sectores favorables al proyecto hidroeléctrico le habían colocado literalmente encima una diana. De hecho, ni siquiera retiraban de sus páginas web aquellas informaciones en las que se señalaba a Berta Cáceres como la principal responsable de la oposición al proyecto.

Por tanto, ¿qué podemos hacer? ¿De qué sirve acusar de asesinos a los que no tienen el más mínimo pudor en promoverlo?

En general, se trata de proyectos en los que participan asociados empresas del país, junto con otras procedentes de Estados Unidos o la Unión Europea. Por ello, pensamos que donde más podemos y debemos incidir es sobre las empresas de la Unión Europea (UE) que participan en estos proyectos, al entender que en el ámbito de la UE existe un consenso social generalizado de rechazo al uso de la violencia contra las personas defensoras del medio ambiente. La retirada de estas empresas de los proyectos cuando se ejerza violencia contra sus opositores pondría en peligro la propia viabilidad de los propios proyectos, por lo que los que promueven las agresiones contra activistas defensores del medio ambiente podrían verse disuadidos de ello.

Desde esta manera, en el último Pleno del Consejo Nacional del Agua de España, celebrado el pasado 16 marzo, se aprobó por unanimidad, a propuesta de Ecologistas en Acción, una resolución de condena de los asesinatos de activistas defensores del medio ambiente en general, y de los recursos hídricos y los ecosistemas fluviales en particular.

Consideramos que esta decisión del Consejo Nacional del Agua es una muestra clara del alto consenso político y social que hay en nuestro país de rechazo y condena de los asesinatos de personas defensoras de la naturaleza. En primer lugar, por la naturaleza del mismo, pues se trata de un organismo consultivo reglado, adscrito al Ministerio de Medio Ambiente, entre cuyas funciones está la de informar al Gobierno sobre todas aquellas cuestiones relacionadas con el agua.

En segundo lugar, porque reúne entre sus miembros una muy alta representación política y social de nuestro país, pues en el mismo está representado el Gobierno Español (lo preside la ministra de Medio Ambiente), con representantes de varios ministerios, los 17 gobiernos autonómicos, la Federación Nacional de Municipios, los diferentes usuarios del agua (regantes, abastecimiento, hidroeléctricos, etc.),  las principales compañías eléctricas españolas, los sindicatos, las universidades y finalmente las organizaciones ecologistas.

A continuación, hemos solicitado a los presidentes de las principales compañías eléctricas españolas, así como al presidente de la CEOE, que, por coherencia con lo que votaron en el Consejo Nacional del Agua, se comprometan públicamente a su inmediata salida de aquellos proyectos hidroeléctricos en lo que se genere algún tipo de violencia contra las personas opositoras a los mismos.

Consideramos que esta medida podría disuadir del empleo de la violencia en esos países contra los defensores del medio ambiente y los ríos, especialmente si conseguimos extender esta exigencia a todas las empresas trasnacionales de la UE. Así contribuiríamos a que los que promueven los asesinatos de ecologistas deje de serles rentable el uso de la violencia, y evitar que sigan matando a nuestros compañeros y compañeras del otro lado del Atlántico.