Un juez, Eloy Velasco, ha reprochado a Irene Montero que dé lecciones sobre consentimiento. En concreto ha dicho que cómo va a dar lecciones "a un jurista, que llevamos desde el derecho romano sabiendo lo que es el consentimiento y mil cosas más que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona". Y además cuestiona, en una conferencia para juristas, la legitimidad del Gobierno porque los partidos que lo forman han "perdido las elecciones".

Preocupa que un juez muestre de todo menos neutralidad. Pero más inquietante es que muestre desconocimiento. Porque un buen juez, limitado a sus funciones, debe saber que Montero no inventó nada, que obedecía a lo que España tenía firmado y que estamos en una democracia representativa. Otra posibilidad es que no lo desconozca y lo sepa pero no quiera aplicarlo, lo que sería ya una escandalosa temeridad.

Pero vayamos por partes. Porque el juez, para responder sobre el consentimiento, se agarra al derecho romano. Y realmente parece que se quedó ahí, en el año 200 o 300 después de Cristo y no está actualizado a 2024. Porque la mujer en Roma era un cero a la izquierda, las que ni siquiera tenían nombre propio, las que estaban siempre bajo tutela del padre o del marido. Por no hablar de la potestad sobre los hijos o hijas donde las madres que habían parido no tenían voz. Respecto a la mujer, esperamos una justicia más acorde con los nuevos tiempos, la Cedaw y los derechos humanos.

Un juez debe saber que España ratificó el Convenio de Estambul en el año 2014 y en el artículo 36 hablaba del consentimiento en el centro de la legislación en los delitos sexuales. Una ley basada en el consentimiento no es un invento de España, estaba también en Reino Unido Irlanda, Alemania, Suecia, Grecia, Bélgica y otros países, porque era un deber de cumplimiento internacional.

Pero no solo eso. Es que además la formación de los jueces con perspectiva de género ya estaba recogida en leyes anteriores, como la ley de violencia de género del año 2004. Y, por supuesto, también dentro del Pacto de Estado con consenso de todos los partidos, menos el negacionista Vox. 

Sería interesante saber qué opina este magistrado sobre el último toque del informe Grevio del Consejo de Europa, que señala a la justicia española por la tortura institucional que padecen las madres en casos de violencia vicaria. O qué opina de cuando España fue condenada por el caso de Ángela González Carreño, con una hija asesinada por su padre tras denunciar más de cincuenta veces. O del caso de Itzíar Prats que pidió ayuda a la justicia y aún así su padre mató a sus hijas. O de los toques que Naciones Unidas ya nos ha señalado sobre determinados casos donde la justicia abandona y condena a las madres y no a los padres agresores de sus hijos. 

Mención aparte es el clasismo. Parece que si eres cajera no puedes ni opinar sobre la justicia de tu país. Parece que eres una apestada si no llegas a su rango de juez. Lo mismo acaba de descubrir que el poder legislativo está compuesto por políticos y políticas, con pasado honrado y con los pies en el suelo, muchos herederos de una educación pública que ha dado formación y méritos. Pero yo me pregunto, dado que se ve que solo se puede ser juez para opinar... ¿qué responderá a compañeras juezas y compañeros jueces que sí asumen y defienden el consentimiento? Porque el problema no va del consentimiento, va de respetar el Estado de Derecho y cumplirlo.

Con declaraciones así, complicado tiene la justicia defender ante ciudadanía que el problema de la ley era técnico y no interpretativo de algunos magistrados.

Se acusa al poder ejecutivo de no respetar el poder judicial, pero sorprende cómo el propio poder judicial en declaraciones así termina por no respetar al poder ejecutivo y legislativo. De sobra es conocido que estamos en un sistema parlamentario representativo y que la mayoría cuenta. En el Gobierno central y en el de la cantidad de decenas de gobiernos autonómicos o en ayuntamientos donde ha ocurrido igual ¿o ahí no molesta los pactos porque son otros partidos?

Aquí quedan estas declaraciones pero parece que no pasa nada. Ahora, no hay comunicado de asociaciones de juristas, ni autocrítica ni desautorización pública. Lo que sí ha quedado claro es cuánta formación hace falta de memoria histórica, de feminismo y de constitucionalidad. Para no caer en mensajes machistas, clasistas y antidemocráticos. Se espera más altura, nivel e imparcialidad de una justicia que va dando clases a los demás, cuando es la primera que debería revisarse a sí misma.