Óscar Guardingo y Maria Freixanet
Senadores de En Comú Podem

El agotamiento se hace cada vez más palpable entre la ciudadanía catalana. El Procés se alarga y carece de la fuerza constituyente necesaria para conseguir una ruptura frente a la capacidad coactiva del Derecho y del Estado.

La situación de bloqueo permanente, sumada al bucle temporal en el que repetimos cada ciertos meses los mismos hitos y los mismos "días D", ocultando a través de patadas adelante en el tiempo las carencias y las incapacidades de avanzar en lo político, profundizan la sensación de frustración y hastío. Por último, los intereses partidistas de la antigua CDC y la nueva ERC están minando desde su raíz las potencialidades que pudo tener el Procés en la defensa del derecho a decidir y de la soberanía en un momento de ofensiva global contra los derechos democráticos y sociales de las mayorías en los pueblos del Sur de Europa.

Por su parte, el gobierno del PP no ha respondido al Procés ni de manera política ni con altura institucional. Tampoco ha mostrado complejos, responsabilidad o atisbo de culpa por su obvia y protagonista contribución al actual (mal) estado de las cosas. Recogido entre paredes legales, y situándose en esa conocida sentencia de Unamuno a la sinrazón que fue el "venceréis, pero no convenceréis".

Lo cierto es que este Procés no constituyente - a la práctica y lamentablemente - viene sirviendo únicamente como el mecanismo con el que Convergència ha conseguido continuar en el poder, pese a que distintos procesos judiciales y confesiones, del Pretoria al Palau, del juzgado de El Vendrell a los escondites de Andorra, han mostrado que durante los largos años de gobierno de Convergència funcionó en Catalunya una trama corrupta de la que ni Jordi Pujol ni Artur Mas fueron ajenos.

El Procés ha sido el mecanismo con el que una Convergència refundada ha conseguido mantener la presidencia de la Generalitat, pese a que las encuestas mostraban y muestran enormes pérdidas de apoyo ciudadano: el Procés consigue disciplinar primero a ERC cuando las encuestas alertaban de que podían ganar las elecciones, y luego a la CUP para conseguir superar la investidura, la moción de confianza y la aprobación de unos presupuestos que consolidan los recortes, la fiscalidad más injusta de España y la subvención a la escuela privadísima.

18 meses después de la Hoja de Ruta de 18 meses, el Govern y la mayoría parlamentaria de JxSí [y la CUP, con su indispensable apoyo] no solo no emite ninguna autocrítica, sino que nos presenta una nueva fecha (siempre definitiva y siempre de caducidad).

En lugar de explicar, no solo a sus votantes sino a todas las catalanas y catalanes, los motivos del fracaso de su programa para el 27-S, un programa con un solo objetivo muy concreto - Independencia en 18 meses - para el que el President Puigdemont consiguió la investidura, el Govern marca una nueva fecha, patada adelante, y un cambio de lenguaje para tratar de disciplinar a los Comuns e intentar mantener a toda costa, un tiempo más, el poder que ya debería haber perdido la postConvergència.

Lo cierto es que Puigdemont ha sido incapaz de explicar qué va a diferenciar este 1O del 9N. El plan C después del plan B "referéndum o referéndum" después del plan A "Hoja de Ruta de 18 meses", es una movilización en forma de otro falso referéndum.

Si algo ha demostrado sobradamente el independentismo los últimos diez años es una gran capacidad de movilización. Millones de personas se han manifestado cada 11 de septiembre y más de dos millones participaron\participamos del no-referéndum del 9N. Nadie duda que el independentismo pudiera repetir el 1 de octubre una gran movilización. Otra más.

Pero de lo que se trata es de salir del bloqueo; causado por un Procés con gran capacidad de movilización pero sin fuerza constituyente; y por un Gobierno del PP agónico pero resistente, acorralado por la corrupción, sin un proyecto de España atractivo cuyo único recurso es la capacidad de coacción y coerción del Derecho y del Estado.

Si no reaccionamos, probablemente lo que vivamos sea una degradación hacia la nada; y tras el Procés, el modelo territorial español continuará haciendo aguas y la desafección que provoca en Catalunya no desaparecerá.

Hay que parar y pensarlo de nuevo. De la Transición a esta parte, el modelo territorial español no sólo no ha avanzado hacia la plurinacionalidad de España, sino que después de la Constitución de 1978 ha sufrido regresiones. La Carta Magna, en su firma, ya dejó en el tintero cuestiones que la oposición democrática llevaba en su programa, como el derecho a la autodeterminación y la igualdad de las lenguas. El modelo autonómico del "café para todos" ya imperante en 1982 fue una regresión respecto a la Disposición Adicional 2ª de la Constitución, que reconocía un carácter diferenciado entre regiones y naciones (nacionalidades, en el lenguaje del Pacto Constitucional).

La última regresión fue la impugnación al Estatut de 2006 que Catalunya votaba y refrendaba, pero que el PP acusaría ante el Constitucional. Lo político se inhibía para dejar paso a lo jurídico, y ese es el momento, como explica Pérez Royo, de la ruptura del pacto territorial. Catalunya no tenía el Estatut que su Parlament y su ciudadanía habían votado. Tras un primer recorte acordado en Moncloa entre Zapatero y el entonces líder de la oposición catalana Artur Mas, el PP y el Tribunal Constitucional hacían saltar por los aires ese último intento del catalanismo por un federalismo constituyente. Ahí estalla la indignación, que el Govern luego traduce en Procesismo.

Es hora de salir de la rotonda. Parar: pensar de nuevo. Pues mientras dura esta pugna cada vez más institucional, más enquistada, quien pierde es la gente y su vida cotidiana. Hay que echar al PP, hay que echar a Convergència, y permitir que la gente y sus pueblos tejan nuevas alianzas. Tenemos que inaugurar un tiempo de soluciones.

Si no hacemos eso, si no lo logramos, tras el agotamiento y captura del llamado Procés Soberanista, cuando lo hieran el choque de fuerzas o el hartazgo popular, no habrá cambiado nada. El modelo territorial español continuará haciendo aguas y millones de catalanes y catalanas continuarán completamente desvinculadas del Estado. Los sentimientos nacionalistas de uno y otro lado no van a desaparecer con el fin del Procés. Lo que va a aparecer, si no hacemos nada, es una enorme y peligrosa sensación de desencanto y frustración.

De la gente al poder y de la periferia al centro. España hoy solo es viable desde la plurinacionalidad y no reconocerlo conduce al agravio y al conflicto. España es plurinacional, y eso no es construir un relato, sino constatar una realidad producto de la historia: España está constituida por naciones que conviven. Si bien no todos los pueblos tienen el mismo grado de aspiración de autogobierno y decisión, y por ello la única articulación posible es asimétrica, con distintos grados de descentralización.
 
Esta plurinacionalidad será constituyente o no será. Catalunya no espera un reconocimiento como nación cultural, sino como nación política soberana. La sacralización del artículo 1.2 en su actual interpretación requiere una actualización para conceptualizar la soberanía de una manera más laica y acorde al siglo veintiuno.

Al mismo tiempo, hablar de una soberanía no compartida hoy, como si no existiera la Unión Europea, es irreal, decimonónico, como el Estado-nación. Las soberanías son hoy compartidas, la cuestión seguramente sea tratar que se compartan entre espacios democráticos. Un reto no solo para España y Catalunya, sino que se traslada a una Europa atravesada también por un profundo debate sobre la soberanía en este siglo de interdependencias. Una Unión Europea opaca, presa de decisiones de organismos no democráticos, y servidora a los intereses de los países acreedores, cuestiona la soberanía compartida. Este proyecto político común necesita democratizarse, federalizarse tanto política como fiscalmente, y ponerse al servicio de su ciudadanía.

También España, esa que nace de los sueños de cambio. Quizás podamos pensar en un federalismo constituyente que revierta las regresiones cometidas por el PP y su proyecto de país neofranquista. Quizás podamos sumar fuerzas, desde la fraternidad, para lograr un proceso constituyente federalizante, respetuoso con la voluntad de sus pueblos, que se haga fuerte en la plurinacionalidad de España. Un proyecto que conecte con la corriente histórica republicana española, que es también la del republicanismo catalán y su proyecto modernizador para España, sus pueblos y sus gentes.

No hay tiempo que perder. Pongámonos a recoser.