Virginia Pérez Alonso
Adjunta a la directora de ‘Público’

Leo sobre la situación de Juana Rivas y sus hijos, y no puedo evitar sentirme desamparada, aunque sea potencialmente, ante esta Justicia que antepone plazos y cuestiones formales a la seguridad de unos menores que, según las denuncias de su madre, han presenciado repetidamente cómo su padre la vejaba y golpeaba. No parece drama suficiente que unos niños tengan que estar sometidos a semejante situación de violencia; los jueces pretenden que, además, convivan con quien la provoca. Sobre Juana Rivas pesa una orden de busca y captura por retención ilícita de menores. Ahora proteger a tus hijos se llama retenerlos "ilícitamente". En fin.

Hace un tiempo viví de cerca un proceso judicial diferente al de Juana pero en el que el bien del menor brilló igualmente por su ausencia. Como dicho proceso sigue abierto, omitiré algunos detalles para que no sea identificado. En este caso, el menor -adolescente- es hijo de unos progenitores divorciados y vive con uno de ellos (llamémoslo A), a quien en su día se le otorgó la custodia; al otro progenitor (B) lo ve en fines de semana alternos.

Pues bien, el padre B decide interponer una denuncia contra A y pedir una orden de protección del menor (C) y su custodia después de que éste le relate una serie de hechos dignos de una novela de Stephen King: el progenitor A 'retiró' hace meses las puertas del dormitorio y del baño de C, que tenía que hacer sus necesidades a la vista de quien estuviera en la casa; lo encerraba en la casa con llave y lo dejaba horas solo, sin teléfono y llevándose consigo el mando de la televisión y la comida de la nevera; le rompió el teléfono móvil a martillazos (literal) y cuando el chaval se puso 'agresivo' por este hecho lo llevó a urgencias psiquiátricas; grababa cualquier encontronazo que tuvieran entre A y C así como todas las conversaciones telefónicas que C tenía con B... Y muchos más puntos suspensivos.

Todo eso consta en la denuncia que B interpuso y que un juez de guardia decidió archivar por considerar que se trataba de un intento de conseguir la custodia por la vía rápida. Dicho juez expresó también que si el menor hubiera llegado sangrando o con heridas visibles habría tomado cartas en el asunto, porque eso sí sería maltrato y no lo que refería la denuncia.

Dicho menor hubo de regresar -aterrorizado- a la casa de A, que a los pocos días recibió la notificación de la denuncia y decidió hostigar (un poco más) al menor, haciéndole responsable de cualquier mal que acaeciera a sus familiares más cercanos y acusándole de haber roto una familia.

Mientras, el abogado de B decide iniciar otra vía judicial para intentar que se dicten unas medidas provisionales y que C pueda salir de casa de A, dado que se considera que hay un riesgo para el menor. Dicha vía fructifica y se fija una fecha para una vista en la que, supuestamente, se hará un estudio psicosocial a C para evaluarlo.

Casualmente, en cuanto se fija fecha para dicha vista, A le restituye las puertas a C, le devuelve el teléfono móvil y le da libertad casi absoluta, hasta el punto de que en ocasiones éste se encuentra ilocalizable o llega a su casa a unas horas que no se corresponden en ningún caso con su edad.

Pues bien, la 'vista' duró menos de cinco minutos. El juez llamó a C a la sala, donde por tratarse de un menor no podían entrar los abogados. Así, en la sala estaban C, el juez y el fiscal. Según C, le hicieron cuatro preguntas:

1. ¿Qué quieres ser de mayor?
2. ¿A quién quieres más: a A o a B?
3. ¿Con quién crees que vas a acabar viviendo?
4. ¿Cómo van las cosas con A?

[Disclaimer: yo, lega en Derecho pero con años de sentido común a mis espaldas y con una cierta experiencia con niños, a esto lo llamaría preguntas 'WTF'. Pero valoren ustedes mismos].

Siempre según C, las respuestas fueron tan cortas como las preguntas. A continuación C salió de la sala y el juez notificó al abogado de B que el menor estaba bien con A y que no quería vivir con B. C asegura que en ningún momento dijo tal cosa y que no comprende cómo llegaron a dicha conclusión tras ese 'diálogo'.

El final de la historia es más previsible que los de Stephen King: C continúa en casa de A viviendo situaciones cuando menos anómalas y manifestando de continuo que quiere salir de allí. No entiende nada: creía que si contaba lo que le estaba ocurriendo alguien le ayudaría; no imaginó que por dos veces le denegarían esa ayuda y lo devolverían a su particular infierno. Mientras, el proceso judicial sigue la vía ordinaria que, en el mejor de los casos, puede demorarse un año y medio.

¿De verdad alguien que no sea un Quijote vela por el interés de los menores en los juzgados de este país? Empiezo a dudarlo más de lo que me gustaría.