Otras miradas

Los fondos para la nueva economía de los cuidados deben llegar a las cuidadoras

María Palomares Areas

Directora Ejecutiva de Calala Fondo de Mujeres, fundación que financia organizaciones feministas de base en Centroamérica y el Estado español

Los fondos para la nueva economía de los cuidados deben llegar a las cuidadoras
Trabajadoras del hogar durante una protesta reciente.- Imagen de archivo de EFE

Desde que se anunciaron los fondos europeos para la recuperación, en Calala Fondo de Mujeres comenzamos a leer y analizar la poca información que se iba publicando al respecto. Cuando solo teníamos un breve documento de intenciones nos emocionamos al saber que uno de los ejes que orientaba el plan era la igualdad de género, y que incluía, una política palanca sobre "Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo".

Cuando por fin se hicieron públicos los detalles del plan descubrimos que, de 30 componentes, solo uno está destinado a desarrollar e implementar la igualdad de género y la nueva economía de cuidados. El componente 22, Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión, que tiene una dotación de 3.500 millones de euros, el 3,6% de todo el presupuesto.

Este componente es un cajón de sastre donde se han incluido problemáticas y temas tan diferentes como la ayuda a la dependencia, el cambio de modelo en la atención a la tercera edad, los centros de acogida para infancia, la lucha contra la violencia machista, las mejoras en accesibilidad para personas con discapacidad, las ayudas a las familias en toda su diversidad, la acogida de personas refugiadas y solicitantes de asilo o el Ingreso Mínimo Vital. Un solo componente, con un solo presupuesto, para dar impulso a estos servicios sociales que tanto lo necesitan.

Todos estos temas están relacionados de una u otra manera con la vida diaria de las mujeres, y muy especialmente con las mujeres migrantes, que son las que se ocupan principalmente de las tareas de cuidado externalizadas, subcontratadas o privatizadas. Sin embargo, las mujeres, las trabajadoras de servicios sociales, empleadas de hogar y cuidadoras no son protagonistas.

Decepciona ver cómo este componente no introduce un análisis de género e interseccional, ahí donde era más necesario. En ningún momento se especifica que los servicios sociales están altamente feminizados, no se nombra que los trabajos de cuidados externalizados lo realizan principalmente mujeres migrantes, y se obvia completamente que es un sector con una alta precariedad, informalidad y escasos derechos laborales. No es la prioridad de este componente mejorar las condiciones de las trabajadoras.

En realidad, el destino principal del presupuesto, unos 1.700 millones de euros, es la reforma, rehabilitación o construcción de edificios que sirvan de equipamiento para los diferentes servicios. De esta forma, la mitad de los fondos se van al sector de la construcción. Siendo este un sector altamente masculinizado y que ya va a recibir fondos europeos en otros componentes que están específicamente dedicados a la rehabilitación de edificios públicos.

Realmente esperábamos más de un programa diseñado por un gobierno que se dice feminista y de un plan de recuperación de una pandemia, dónde la sociedad ha comprobado lo central y esencial que son los trabajos de cuidados. Nuestra imaginación volaba pensando todo lo que se podría hacer con inversión y fondos para modernizar, innovar y cambiar el modelo económico del Estado español, invirtiendo en nuevos sectores económicos, que pongan la vida en el centro y no destruyan el planeta. Eso para nosotras es la nueva economía de los cuidados.

La economía feminista ya tiene propuestas concretas de reforma de los servicios públicos y de colaboraciones público-comunitarias para la gestión de los cuidados. Propuestas que podrían haberse impulsado desde este plan. Dándole la vuelta al modelo económico e invirtiendo en aquellos sectores esenciales y fundamentales para la sostenibilidad de la vida. Pero no perdemos la esperanza, el componente guarda 100 millones de euros para financiar proyectos pilotos para poner en práctica una gestión comunitaria de los cuidados. Esperamos que en ese proceso de selección, esta vez sí, los movimientos feministas y las trabajadoras de los cuidados sean escuchadas.

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