Este artículo forma parte de la colaboración entre el Institut Sobiranies y 'Público'.

El ciclo de movilización del 15-M y el proceso independentista nos ha enseñado que no basta con acceder al poder político institucional, que no es suficiente para condicionar la agenda política, y tampoco para alcanzar relevantes cuotas de hegemonía en la opinión pública y publicada. Pero si se quiere avanzar aún más en la agenda social y nacional, tenemos un problema y no es el -sólo- el 3%. Tenemos un problema y se llama Estado, uno de los instrumentos de más éxito de la historia de la humanidad -por algo será que todo el mundo quiere uno- y que tanto puede servir para revertir desigualdades y privilegios, como por mantenerlas y aumentarlos.

La represión multilateral hacia los independentistas y activistas que han transgredido el statu quo, la defensa explícita de la monarquía y las sentencias arbitrarias en avances sociales han visualizado la pervivencia de unas estructuras conservadoras y ultra nacionalistas que se escapan de cualquier control político, ejerciendo de facto como garante del inmovilismo. Son bien conocidas las presiones de los militares en el proceso constituyente, pero mucho menos las del poder judicial, el auténtico ángulo ciego de la transición. Y no se trata sólo de los jueces, también los altos funcionarios custodian el estado, que actúan con la máxima de que la política hace las leyes, pero nosotros hacemos el reglamento para su aplicación. Para los actuales gestores de la democracia española debería ser un problema, pero no lo es: ya les parece bien. Seguramente por aquí llora la criatura. El régimen del 78 como tope para cualquier avance sustantivo, social pero especialmente territorial.

En este escenario de cierre del Estado profundo, la paradoja independentista sería que para salir del Estado primero habrá que cambiar las estructuras de poder fáctico, especialmente el Poder Judicial. Reformar un Estado para hacerlo más permeable, más democrático, para entonces poder salir. Probablemente no sea suficiente con un supuesto acuerdo político, habrá que superar una segunda capa de acero que a día de hoy se muestra inexpugnable. En el independentismo catalán, la idea de reformar el Estado es uno dxzsde los grandes anatemas de la base social, y más con los argumentos que día a día muestra el nacionalismo español, tanto el de derechas como el de izquierdas. Se hace muy difícil vislumbrar esta vía, más aún con la respuesta al proceso independentista de los últimos años.

Pero este es un debate que no puede eludir. La intervención de las minorías y movimientos nacionales para con el estado matriz ha sido inevitable, aunque sea en pasiva. Por mucho que tengas un estado matriz hostil, que te reprime y que te quiere asimilado, debes intervenir, según la propia fuerza y ​​contexto: si eres pequeño, te limitas a dar constancia de que existes; si eres mayor, empiezas a defender los intereses económicos y sociales de la ciudadanía que territorialmente representas: conseguir recursos y competencias, y de paso, fortalecerte internamente. Pero el independentismo es ya un movimiento grande, consolidado, que cumple las dos fases descritas: es ampliamente conocido, está fortalecido internamente, y hace tiempo que conoce los mecanismos del Estado, sobre todo sus límites. Cierto que no hay precedentes de una tercera fase, la de intervenir de forma activa para transformar el estado matriz aunque sea con la intención, siempre instrumental, de poder marchar. Intervenir para reformar, una posibilidad que si bien se pueda interpretar como una debilidad, es precisamente al contrario: si te atreves es que eres fuerte. Otra cosa es que lo seas, te veas capaz, tu base lo entienda, o lo veas una pérdida de tiempo.

Pero se están moviendo cosas en el ámbito de las otras naciones y pueblos del Estado. Ante el escenario electoral de 2023, en Mallorca, Menorca, Ibiza i Formentera, Galicia, País Vasco, Valencia y más tímidamente Andalucía, no ven mal alguna alianza y/o tipología de colaboración en clave de bloque plurinacional que pueda condicionar el gobierno del PSOE y forzarle a establecer una agenda favorable a los intereses del territorio que representan. Se huele alianza que recoja el espíritu del Pacto de San Sebastián, que decía Gema Ubasart en este mismo espacio la semana pasada. Todo ello con el paraguas conceptual del soberanismo que no es sino la transmutación del republicanismo confederal de finales del XIX y principios del XX, ahora en vías de rehabilitación tras el largo ostracismo post transición. El confederalismo de libre adhesión como la nueva utopía disponible para la tercera España. Vuelve Pi y Margall.

La reforma del Estado no será una estrategia formal ni formalizada por parte del movimiento independentista, que bastante tiene en paliar las consecuencias represivas de los hechos de octubre de 2017 y empezar a pensar el cómo lo quiere volver a hacer. Con la constatación de la vía congelada de la unilateralidad y la desidia internacional a intervenir, el horror vacui estratégico que se deriva no es fácil de gestionar. Al menos la pandemia ha ayudado a arrinconar la estrategia agotada del cuanto peor mejor, de la acción que provoca una represión que genera reacción. Mientras se va haciendo el necesario trabajo interno en la construcción de nuevos escenarios autodeterministas favorables a medio plazo, la máxima fusteriana de si no haces política te la hacen, debería aplicarse también a la política estatal. Y el independentismo catalán haría bien en no quedarse quieto, aunque no sea su estrategia principal, ni mucho menos la única. Reformas del poder judicial, leyes de claridad, leyes sociales, la Amnistía o un referéndum en condiciones no tendría que ser incompatible con una estrategia propia.

Pero si bien el independentismo deberá gestionar esta presunta paradoja, el espacio conformado de la izquierda plurinacional deberá gestionar, también, no una paradoja sino una tentación. La de aprovechar el momentum confederal para hacer realidad su proyecto de un Estado donde nadie tenga que marcharse a partir de una apuesta puramente táctica, pensando sólo en las elecciones generales de 2023. La alianza Plurinacional soberanista sólo podrá ser efectiva si la reforma del Estado es de verdad y de fondo, sin trampas retóricas del tipo -ahora es la hora de detener el fascismo, no podemos dejar que gobierne la derecha, con la crisis ahora no toca el tema nacional, etc. Los independentistas no dejarán de serlo, ni caerán en la ingenuidad de apostar lo todo a la transformación reformista del Estado o su estabilización. No se puede confundir desorientación con debilidad.

Política es pedagogía, pero también aprendizaje. Y lo que hemos aprendido es que a estas alturas, independentistas, soberanistas y plurinacionales, todo el mundo sabe de qué pie calza. El independentismo no debería despreciar la oportunidad de tejer alianzas con las fuerzas soberanistas y la izquierda plurinacional, aunque sea para desarrollar un concepto tanto republicano como la fraternidad entre pueblos. Y sí, por una agenda compartida. La izquierda plurinacional debería entender que cualquier avance social y resolución territorial debe hacerse desde la periferia hacia el centro, y no al revés. Si se quiere avanzar en el espíritu del Pacto de San Sebastián, con los términos y agenda que cada actor pueda asumir, será necesario que todos juntos actúen más en clave de colaboración que de competencia. Con honestidad y transparencia. Con profundidad estratégica y sentido histórico, respetando y respetándose. No se trata de convencer a nadie, sino de compartir el camino que se pueda a partir de la hipótesis inconsciente que ha guiado a los movimientos sociales los últimos 20 años: a más democracia, más posibilidades de transformación social. Una hipótesis que podría ser válida para avanzar en la resolución del conflicto territorial.