A veces en política los titulares se lo "comen" todo. Lo "importante" lo marcan los medios en el mejor de los casos o los gritos histriónicos en el Hemiciclo en el peor. No todas las personas conocen que el trabajo parlamentario no consiste en la hora larga del Pleno de control del miércoles. Los focos se fijan en el Presidente y en el Jefe de la oposición durante ese rato y... ya.

Algo muy gratificante para una parlamentaria como yo es constatar que en las más de veinte Comisiones que hay en el Parlamento se trabaja, y mucho. Se tratan temas que a veces no interesan a los medios, pero sí a la ciudadanía. Asuntos que nos afectan en nuestra vida diaria y que se debaten desde los diferentes prismas políticos e influyen en la vida de las personas. Y hoy quiero traer aquí uno de esos ejemplos. Nunca gozará de  grandes titulares, pero sé que para una parte de esta sociedad española, solidaria y generosa, será importante.

Es una cuestión sobre conflictos internacionales, sobre las personas cooperantes que trabajan allí y que han perdido la vida por su tarea humanitaria. Son , en su mayoría, conflictos olvidados e interminables donde no están claros ni los bandos, ni las zonas de combate; ni siquiera los límites geográficos del conflicto. Que plantean retos para garantizar la seguridad y la capacidad de actuación, pero que a pesar de conocer los riesgos, cada año nuevas trabajadoras y trabajadores humanitarios españoles se incorporan al terreno para acompañar a poblaciones vulnerables en su intento de salir del horror. Y desgraciadamente, en ocasiones, sucede que alguna de estas cooperantes pierde la vida, como ocurrió el pasado 25 de junio con el asesinato de la cooperante de Médicos Sin Fronteras, María Hernández, en Etiopía.

Esta semana, mi grupo parlamentario ha resuelto una laguna legal tan importante para muchas familias. Hemos presentado, defendido y conseguido que se aprobara una Proposición No de Ley para corregir una injusticia con estas catorce personas cooperantes españolas asesinadas en conflictos bélicos internacionales desde 1990. Hasta la actualidad, el personal humanitario no tenía derecho a indemnizaciones como participantes en operaciones de paz y seguridad y dependía de la interpretación de la legisladora. Así que, hemos aprobado que se les asimile al personal militar o de FSE que ya tenían ese derecho. Y con efecto retroactivo de diez años. El compromiso es que este cambio quede  reflejado en la nueva Ley de Cooperación Española y en la actualización Estatuto del y la Cooperante.

Para esto sirve también el trabajo parlamentario. Para que el Estado proporcione el derecho de protección a su ciudadanía y en este caso a personas que nos hacen sentir orgullo con su entrega y generosidad. Son uno de nuestros grandes patrimonios. Nos hacen marca como país y el Estado tiene el deber de cuidado sobre ellas y ellos. Así que, aunque no acaparen titulares, hay trabajos parlamentarios que consiguen seguir construyendo un Estado comprometido con valores éticos. En este caso los mismos valores que tenían las víctimas. Mi apuesta decidida por la dignidad de este trabajo. La justicia social siempre estará por encima de los gritos. Nos lo debemos y sobre todo se lo debemos.