"En 1953 yo tenía dos años. Los gobiernos británico y australiano eligieron nuestra tierra para los tests nucleares porque para ellos no tenía ningún valor. Pero para nosotros, las comunidades aborígenes, nuestra tierra es la base de nuestra cultura. Es el supermercado de nuestra comida, la farmacia de nuestra medicina, nuestra escuela y nuestra iglesia". Sue Coleman-Haseldine, miembro del pueblo Kokatha, inició así el relato de las desastrosas consecuencias sobre la vida y el territorio que han supuesto hasta hoy los ensayos nucleares realizados por el Reino Unido en Australia. Lo hizo en el marco de la Tercera Conferencia sobre el Impacto Humanitario de las Armas Nucleares, celebrada en Viena en 2014, tres años antes de que las Naciones Unidas aprobaran el histórico Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN).

Han pasado casi setenta años y más de dos mil pruebas nucleares en el mundo desde entonces. Las armas nucleares son hoy ilegales, como también lo es su desarrollo, ensayo, fabricación, adquisición, almacenamiento, transferencia, posesión o amenaza de uso. Que ninguno de los nueve estados nucleares (Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, China, Israel, Pakistán, India, Corea del Norte y Rusia) se haya adherido al Tratado, como tampoco lo han hecho los miembros de la OTAN, desoyendo a la mayoría de sus poblaciones, incluida la española, no le resta importancia al hecho, ni a uno de los hitos de su consecución: la materialización del desafío al discurso patriarcal dominante que normaliza el concepto de seguridad militarizada.

Las armas nucleares no hacen del mundo un lugar más seguro. No nos protegen del cambio climático, ni de las pandemias, ni del terrorismo. Al contrario. Su existencia supone el desvío de gran cantidad de recursos que podrían destinarse a construir un mundo más seguro en términos humanos y ecológicos, de avanzar hacia una paz medioambiental. Las armas nucleares son instrumentos de proyección de poder, poseerlas confiere estatus de superpotencia en el tablero mundial, donde las relaciones tienen lugar bajo las lógicas de la masculinidad patriarcal. Esas lógicas según las cuales la búsqueda de la paz es una utopía de idealistas o la seguridad sin armas, un absurdo.

Lo que se asienta tras el valor simbólico de las armas nucleares es todo un entramado político, económico y militar que se beneficia de su existencia a través de procesos de militarización que se adaptan a las circunstancias cambiantes con el fin último de mantener el statu quo y sus privilegios. Estas dinámicas están a su vez conectadas con la actual crisis climática, como acertadamente vienen denunciando desde el Centre Delàs o el Transnational Institute (TNI), quienes advierten de los riesgos de militarizar el clima.

El TPAN ha sido considerado la primera ley feminista sobre armas nucleares. Desde el preámbulo reconoce su impacto desproporcionado sobre mujeres, niñas y pueblos indígenas, urge a una participación más equitativa de las mujeres en los procesos de desarme, la asistencia a las víctimas y la reparación de los daños medioambientales que provocan.

El cambio en la narrativa oficial es imprescindible para deslegitimar el argumento "realista" -y funcional al patriarcado capitalista o en palabras de Cinthya Enloe, el "patriarcado sostenible"- de que su existencia tiene efectos disuasorios, el sinsentido de que quienes las poseen nos protegen de su uso y supone un logro importante tras décadas de movilizaciones antinucleares en general, y del feminismo pacifista, en particular.

Desde las mujeres del Campamento Pacifista de Greenham Common, calificado de "excentricidad" por Margaret Thatcher, a las miles de manifestantes que el 17 de junio de 2017 participaron en Nueva York y otras ciudades del mundo en la Marcha de Mujeres para Prohibir la Bomba, promovida por WILPF, el movimiento feminista por la paz ha confrontado desde la academia, los foros multilaterales y las calles el discurso oficial poniendo en primer plano la experiencia vivida, el impacto real de las armas nucleares sobre las personas y el medio ambiente frente a la abstracción de la estrategia militar.

Abolir las armas nucleares significa acabar con esa lógica de la desigualdad, de que hay vidas, países, territorios que, como el del pueblo Kokatha australiano, o Hiroshima, o Nagasaki, o las islas Marshall, o Palomares... valen menos que otros. Por eso el TPAN es feminista y por eso carece de sentido que ningún gobierno que, como el español, se autodefina como tal, no forme parte de él y del mundo que propone.

Esta publicación forma parte de la campaña "10 Razones para firmar el TPAN", que une a entidades de la sociedad civil a nivel estatal con el objetivo de que España se adhiera al Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN), que entró en vigor el 22 de enero de 2021.